La República sigue respirando

No obstante el proyecto cesarista que impulsan el presidente Martín Vizcarra y el núcleo de asesores marxistas que lo rodea (que han comenzado a negar a los cuatro vientos su presencia en Palacio) y no obstante también las extrañas encuestas de Ipsos que registraban multitudes exigiendo el encierro de Keiko Fujimori, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, que preside el juez César Sahuanay, decidió aferrarse a la Constitución y las leyes.

En una decisión que seguramente marcará un antes y después en el terrible proceso de judicialización de la política peruana, se decidió preservar el principio constitucional de la presunción de inocencia y establecer que la detención preliminar o provisional representan las excepciones y nunca las reglas del proceso penal, tal como lo sostuvimos en este portal frente a los casos de Nadine Heredia y de los empresarios ligados a un supuesto “club de la construcción”.

La Sala Nacional de Apelaciones, simplemente, incineró las carreras judiciales del juez Richard Concepción Carhuancho y del fiscal Domingo Pérez porque, en la práctica, los ubicó en el lugar de los magistrados carceleros, dispuestos a todo por ganarse portadas, reportajes y la atención mediática. La Sala señaló que la resolución de Concepción Carhuancho, titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, “no estaba motivada”. Además ordenó que otro juzgado analice el pedido de detención preliminar, y advirtió que de repetirse hechos parecidos debería intervenir la Oficina de Control Interno de la Judicatura. Incluso se habló de un copia y pega en el folio 12 para “motivar” la detención, que “reproduce incluso errores tipográficos”. ¡Una verdadera barbarie judicial!

Durante el Gobierno de Vizcarra, César Villanueva, y el núcleo marxista de Palacio, la democracia peruana —que avanza hacia su quinta elección nacional— ha comenzado a convertirse en “una republiqueta”. El jefe de Estado no solo ha contaminado la urgente reforma judicial, planteando una reforma política a tontas y locas que hoy es un verdadero mamarracho (no apoya la bicameralidad, pero sí la no reelección), sino que también ha exigido a voz en cuello que renunciara Pedro Chávarry, fiscal de la Nación, porque un sector del país desarrollaba una demolición en base a mentiras y leyendas sin precedentes, con objeto de detener las investigaciones del caso Lava Jato.

De pronto, cabalgando sobre las oportunas encuestas de Ipsos, el jefe de Estado creyó que podía gobernar sin las instituciones o relativizando la Constitución Política del Perú. La manera como impuso los temas y los plazos de las reformas constitucionales aprobadas, por ejemplo, convirtieron a la Carta Política en letra muerta. En este contexto, se comenzó a hablar de un cierre del Congreso, que se volvió noticia mundial; pero las cosas llegaron al paroxismo con la detención de toda la dirigencia de Fuerza Popular. En esta situación, ¿pueden existir inversiones, crecimiento y reducción de pobreza?

Si no estuviésemos en la democracia peruana de dos décadas, cualquiera hubiese dicho que el descabezamiento de la dirigencia fuerzapopularista se parecía en demasía a las purgas y limpiezas que desarrollaron el nazismo y el estalinismo en el siglo pasado. ¿Exageración? De ninguna manera. Si un juez es capaz de copiar y pegar un documento para fundamentar una resolución que priva de su libertad a una lideresa política y a toda la dirigencia de una mayoría legislativa, ¡Dios mío!, ¿en dónde estamos? El objetivo del descabezamiento político de Fuerza Popular fue desorganizar y destruir a la mayoría parlamentaria. Una típica guerra política utilizando influencia judicial. Y nada garantiza que los extremismos no continúen.

Sin embargo, dos décadas de democracia no suceden por gusto. A pesar del descrédito de la clase política, no obstante la corrupción de Lava Jato —que cancera a toda la élite política realmente existente- y pese a la mala imagen institucional, de una u otra manera, en la República que todos construimos han ido surgiendo espacios institucionales que nos permiten imaginar el gran sueño republicano: construir un sistema político en que el equilibrio de poderes y la primacía de la ley y las instituciones termine controlando el poder. Y eso es lo que parece haber sucedido con la decisión de ayer de la mencionada Sala Penal.