¿Qué une a la izquierda peruana?

En reiteradas oportunidades hemos escrito sobre el doble discurso que caracteriza a la izquierda peruana. Este doble discurso es comúnmente denominado “doble rasero”, pues levantan su voz sobre un tema en tanto sirva para deslegitimar a sus enemigos políticos; pero callan o justifican si los mismos actos, o incluso peores, son de autoría de agentes de la izquierda. Recordemos cómo hablan de la supuesta dictadura de los años noventa, pero no denostan de la verdadera dictadura que flagela a Venezuela y a Cuba.

En nuestro país este discurso se viene haciendo también muy rutinario. Así tenemos el caso de la votación de la Bancada del Frente Amplio en contra de la aprobación del Proyecto de Ley N° 626, que contempla el impedimento de que los condenados por los delitos de terrorismo, apología al terrorismo, narcotráfico, corrupción y violación sexual puedan postular a cargos de elección popular.

A su vez, vemos como los miembros de la izquierda nos sorprenden con otra situación que evidencia su esencia antisistema y su pretensión de destruir el desarrollo económico del país. Nos referimos a la nueva alianza de Verónika Mendoza (cuestionada por sus vínculos con Nadine Heredia y las famosas agendas) con Gregorio Santos, quien es investigado por graves hechos de corrupción. Santos es un radical opositor de la economía de libre mercado y autor directo —junto con otros, hoy actores políticos—, de la situación de pobreza que viene sufriendo Cajamarca de forma acelerada.

Es importante resaltar que el comunismo latinoamericano ha virado su esencia violentista hacia discursos que, mediante el disfraz político, articulan movimientos que supuestamente defienden el medio ambiente, los derechos humanos o los derechos de las minorías. Decimos disfraz porque no han abandonado sus ideales políticos y sociales que, vía el poder, han pretendido poner en práctica siguiendo a sus ídolos de barro —como Chávez y Maduro en Venezuela, Raúl Castro en Cuba, Evo Morales en Bolivia o Dilma Rousseff en Brasil— que invocan a la justicia social, pero que se vinculan gravemente con la corrupción y el desastre económico de sus países.

La defensa del medio ambiente o de los derechos de las comunidades es uno de los nuevos puntos del discurso que viene planteando la izquierda, que no es otra cosa que una estrategia de infiltración social y manipulación de la gente sumida en la pobreza y abandonada por el Estado. Este discurso no ofrece ningún cambio para combatir o erradicar la pobreza. El ejemplo claro es la región Cajamarca, donde movimientos radicales de izquierda se opusieron al desarrollo minero, ahuyentado la inversión y dejando sumida a la población en una nueva inmersión hacia la pobreza.

El discurso de la izquierda tiene muy poco de sustantivo. Se trata de una recargada retórica sobre el medio ambiente y la inversión extranjera, que contiene palabras de fácil construcción y frases efectistas como ¨responsabilidad socioambiental¨ o “soberanía alimentaria¨, a las que agregan otras frases como “nuevo orden económico mundial” o “la espuria Constitución de 1993” que trasmiten hasta con teatralidad. En el fondo lo que buscan es el cambio de sistema político y “el modelo económico”, pero habría que tener en cuenta que su verdadera intención es hacerse del poder, con lo cual retornaremos y nos sumergiremos en el círculo de la pobreza.

En este punto, a diferencia de la izquierda que solo construye discursos y frases, nosotros debemos poner la evidencia: conforme al Panorama de la economía peruana del INEI, en el periodo 1970-1990, en el que los gobiernos apelaron mayoritariamente al discurso de la igualdad comunista, el Perú logró un crecimiento del PBI per cápita de 0.9% (1970-1980) y -3.2% (1980-1990); y del PBI en 3.7% (1970-1980) y -1.0% (1980-1990). En cambio, entre los años 1990-2016, el PBI per cápita creció en 2.1% (1990-2000), 4.3% (2000-2010) y 3.6% (2010-2016); y el PBI creció en 3.9% (1990-2000), 5.6% (2000-2010) y 4.8% (2010-2016). ¿Qué generó este cambio significativo? Estamos convencidos que fue el cambio hacia el modelo económico de libre mercado consagrado en la Constitución de 1993.

La defensa del ambiente, de las minorías étnicas y el discurso de los protectores de derechos humanos son las novedades con las que pretenden convencer a los peruanos que no sienten la presencia del Estado o a nuestros jóvenes, a quienes no se ha trasmitido la barbarie de los actos de sendero luminoso y del MRTA. Este nuevo discurso está facilitando su contacto con las comunidades, a las que en algún momento de nuestra historia reciente quisieron someter con el imperio de las armas y la muerte. Recordemos la barbarie que cometió Sendero Luminoso con los asháninkas y con otras muchas comunidades.

Este nuevo discurso debe llamarnos a la reflexión. Veamos lo que viene ocurriendo en el sur peruano, en especial en el corredor minero, donde las huestes de Gregorio Santos, hoy nuevo aliado de Verónika Mendoza, está agitando a los pobladores con el único propósito de frustrar el desarrollo de proyectos mineros para mantener en la pobreza a estas poblaciones, como lo han hecho con una parte de Cajamarca.

La evidencia es contundente. El reto está en la gestión de los recursos económicos y su distribución equitativa. Corresponde —y es un reto— a la clase política dar la batalla ideológica, pero el Gobierno central debe aprobar y hacer eficientes las políticas públicas relacionadas a una efectiva y eficiente prestación de servicios públicos, además de la protección del medio ambiente. Sin duda necesitamos, como lo ha señalado el papa Francisco, una nueva Política Nacional de Medio Ambiente y de protección de las comunidades nativas de nuestra Amazonia, con el fin superior de incorporarlas e insertarlas en el desarrollo económico, única alternativa viable para desterrar la pobreza.