Alberto Fujimori

El 24 diciembre del 2017 el entonces presidente de la República pedro P. Kuczynski dio un indulto al expresidente Alberto Fujimori, lo cual obviamente generó un mar de pasiones por parte de los odiadores de Fujimori. Estoy firmemente convencido de que el indulto es una gracia presidencial con respaldo en la Carta Magna que nada ni nadie puede enmendar, pero como estamos en un país donde no impera la ley sino los odios y la venganza política, la Corte Suprema anuló dicho indulto.

Un tema aparte es que el indulto representó una componenda política entre Kuczynski y Fujimori hijo. En ese detalle no me centraré porque analizo el indulto presidencial como una gracia excepcional del presidente de la República, que puede legalmente beneficiar a un Fujimori, a un Bautista o a un Pérez. Porque lo que deben entender los ciudadanos es que el imperio de la ley prevalece sobre nombres y apellidos. Aunque suene poético, la vida da vueltas y quienes criticaron el indulto de Fujimori, un día podrían recibir un indulto y darse cuenta –en carne propia– que los indultos son legales y necesarios.

En esta línea cronológica, sabemos que el Tribunal Constitucional –por mayoría– decidió anular las resoluciones judiciales que revocaron el indulto de Fujimori. Por consiguiente, debe volver a la libertad; por más que los odiadores de Fujimori no lo entiendan, porque constitucionalmente el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la ley, y máxima instancia de cualquier apelación o acción de amparo o habeas corpus presentado por cualquier ciudadano. Reitero que no defiendo a Fujimori como persona, sino que la ley se debe cumplir y respetar. ¡Basta de tanto maniqueísmo!

Insisto, somos una república donde no se cumplen las leyes. De no ser así, ya hace días Fujimori estuviera en libertad con su familia. Pero una vil jugada de la izquierda “caviar” ha movido a la CIDH a emitir un comunicado (no resolución porque no se ha realizado alguna audiencia) exhortando a que no se dé libertad a Fujimori. En primer lugar, ese comunicado es emitido por un burócrata, no por los magistrados del CIDH. En segundo lugar, el Estado Peruano debe cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional y no “guiarse” de un comunicado. Insisto aquí debe prevalecer la ley, no caprichos ni venganzas políticas; porque hoy puede ser Fujimori, mañana un odiador de Fujimori lo podría pasar en carne propia. ¡La vida da vueltas!

No soy ni seré fujimorista (mi padre fue uno de esos pocos peruanos que marchaban contra Fujimori cuando él tenía todo el poder), pero creo que Alberto Fujimori merece morir en libertad y al lado de sus hijos. Además, recuerden lo que decía el preclaro político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre (1895-1979): “Mortal, no hagas de tu odio inmortal”.