Cambio en el gabinete y en el régimen laboral CAS

Sin haber llegado a presentarse ante el Congreso, para solicitar el voto de confianza o de investidura, el Gabinete Miralles perdió el apoyo del encargado de la presidencia y, como han señalado los analistas, ello se ha debido a que la jefa del gabinete, se negó a aceptar el otorgar montos adicionales a la Región Lambayeque que, curiosamente es en donde Balcázar realizó la mayor parte de su vida profesional, altamente cuestionada; no obstante esos cuestionamientos no han impedido el que ostente ahora el ejercicio de la máxima autoridad.  Quizá se pretendió limpiar la cara del actual mandatario pues no bien Miralles se opuso a ese desembolso, se le “jaló la alfombra” y a su salida, se procedió a la entrega de dinero adicional a dicha región.  Es justo indicar que la firmeza de la Sra. Miralles, aún cuando no dio el resultado que ella esperaba, habla bien de su voluntad de que se haga un manejo adecuado de los dineros del fisco; esa actitud, le costó el que la llevaran, sin marcha atrás, a la renuncia.

Esta voluntad de dotar a una región, con altísimos niveles de incompetencia en la administración, de los recursos puede tener consecuencias severas porque, además, obliga a pensar con toda seriedad en la necesidad de evaluar la regionalización que, desde su creación, no ha dado resultados; no ha mejorado el nivel de vida, ni la infraestructura ni la existencia de servicios para los habitantes de cada región; es en realidad, un foco de improvisación, latrocinio, corrupción y, de altísima ineficiencia pues no obstante el dinero que se asigna a cada una o que reciben por concepto de canon, las regiones se han empobrecido y cada vez se evidencia incapacidad de gestión.  No creo que un severo centralismo sea la solución, pero habrá que pensar en reformas profundas que permitan que la inversión y el manejo de los fondos públicos sean un ejercicio eficiente, transparente y honesto y alejado del populismo incapaz, asociado por lo general a personajes de dudoso historial.

El nuevo gabinete, tendrá que negociar con el Congreso para se le otorgue el voto de investidura, dando muestras de gestión eficiente y pronta ya que, desde no pocas bancadas, se adelantó que no se votaría a favor, pues el manejo realizado en temas de gravedad como la crisis energética, el poco respeto a la educación y los escolares, así como el caos y las carencias en el sector salud, señalando éstos como asuntos más relevantes en donde se comprobó no sólo incapacidad de gestión, lentitud en la respuesta y la desvergonzada preferencia por respuestas comprometidas con tristes pero poderosos intereses personales, económicos y partidarios.  

Un asunto que ha generado polémica y preocupación, es que, en el Congreso, por una mayoría nada despreciable, se aprobó una ley populista y de alto costo, relativa al reconocimiento de los supuestos derechos que tendrían los empleados públicos contratados bajo el régimen CAS, es decir, el régimen de Contratación Administrativa de Servicios, aplicable solo al sector público y que fue establecido mediante Decreto Legislativo N°. 1057 en el 2008.  En su momento se pretendió ordenar la manera cómo se ingresaba al sector público y, al final, se convirtió en un sistema de estabilidad que no permite la meritocracia, ni la evaluación y que ha sido una de las formas de mayor engrosamiento de la burocracia estatal, porque resulta casi imposible dejar de contar con algún trabajador bajo el régimen CAS.

Y no obstante la certeza de que la meritocracia es indispensable y que el Estado no puede ser un empleador laxo y complaciente, el 12 de marzo el Congreso de la República, ratificó esa normal, actuando con una voluntad de dispendio y del todo populista y que genera desorden y apoya el aumento de la burocracia y promueve la falta de justa evaluación de quienes laboran en entidades públicas.  Esa norma recientemente aprobada significa un dispendio altísimo de dinero pues se autoriza para esos trabajadores no solo gratificaciones extras y CTS o compensación por tiempo de servicios, sino que se desestima la evaluación por méritos y rendimiento, se pone de lado la necesidad de achicar, radicalmente el sector público, se afianza el sentido de gasto del erario nacional, entendiéndose que esa norma significará un gasto adicional de más de 3 mil millones de soles al año.  Vale recordar que el espíritu original del régimen CAS no fue pensado como una manera de permanencia perpetua en el sector público.

Se llegó a saber que la señora Miralles no estaba de acuerdo con esa norma, por las consecuencias económicas que implicaba y que su gestión, observaría la norma, con criterios técnicos, sustentados sin duda en su experiencia en el manejo económico en el Ministerio de Economía, por ello una vez reemplazada, los legisladores se apuraron en obtener una mayoría para aprobar esa norma que, como era de esperarse, recibió el apoyo de los grupos políticos que buscan, en todo, desestabilizar al Estado.  No faltó quien dijo que se trataba de una norma de “justicia social”.  Qué concepto tan equivocado de justicia pues no se trata de disminuir derechos ni posibilidades de tener un buen empleo; se trata de buscar, primeramente que en el sector público estén incorporados los mejores; que la evaluación constante sea una obligación y no algo que se evita y que, en tanto el Estado es el empleador, debe tener maneras de dejar de contar con quienes se han atornillado en puestos innecesarios que hinchan y engrosan la burocracia pues es obligación de los legisladores y las autoridades buscar la eficiencia en el desempeño laboral.

La norma dada, cuyo dictamen había sido aprobado hace ya unos meses, no sólo es severamente populista, sino del todo inoportuna pues genera un gasto no presupuestado lo que afecta el desempeño del ejercicio presupuestal para este año. Y, sobre todo, afianza la idea de que al Estado puede incorporarse personas sin que su aporte sea necesario, en vez de comprender que es, precisamente, en la gestión pública en donde se requiere no cantidad, sino calidad de trabajadores y que el empleador, no puede tener las manos atadas respecto a la evaluación y el cese de la relación laboral.

Queda claro que el Ejecutivo estará de plácemes con esta norma y la utilizará como un éxito de su efímero y desastroso paso por nuestra historia.  No obstante, no hay ley escrita en piedra y vendrá el momento en el que legisladores y gobernantes probos y con criterio de eficiencia, logren dar marcha atrás en estas propuestas y normas que destruyen el sentido de eficiencia y auténtica equidad pues el gasto adicional que se ha generado, en nada significa justicia para los sectores más desfavorecidos a los que bien podrían llegar mejores servicios si el dinero no se dilapidara en beneficio de quienes no necesariamente lo merecen.