Dos brújulas europeas para la paz: eficacia sin impunidad y principios con poder

“Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia.” Bajo este pensamiento de Sócrates, la guerra surge como fruto de la desinformación y el desconocimiento mutuo, mientras que la paz se presenta como la aspiración más noble de una sociedad consciente y conocedora de sí misma. En tiempos convulsos, la búsqueda de la paz se convierte en una necesidad irrenunciable, pues es el terreno fértil donde florecen el diálogo y la justicia.

En la Asamblea General de la ONU emergieron dos diagnósticos que, lejos de excluirse, se potencian. La primera ministra de Italia urgió a actualizar la Carta y el andamiaje jurídico internacional para que las normas vuelvan a tener dientes frente a guerras híbridas, desplazamientos masivos y redes criminales. El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, recordó que la realpolitik manda, pero sin valores que la sostengan no habrá paz legítima ni duradera. Entre ambos trazan una hoja de ruta: reformar para actuar, y actuar con límites.

Italia parte de una constatación operativa: el multilateralismo llega tarde a donde la violencia llega primero. Su apuesta no es romper con la Carta, sino revitalizarla: procedimientos de respuesta rápida ante atrocidades, mayor transparencia en decisiones sensibles y actualización de marcos sobre migración, asilo y trata. No es semántica; es capacidad. Si la agresión no tiene consecuencias, la norma pierde su función preventiva. En esta mirada, la paz se construye con legalidad ejecutable, cooperación judicial efectiva y acuerdos económicos que generen valor local, transferencia tecnológica y alivio de deuda, evitando la dependencia extractivista que fragiliza sociedades.

Finlandia, sin negar lo anterior, pone el acento en la coherencia moral del sistema. El poder existe y opera; por eso mismo necesita fronteras. Los principios —soberanía, integridad territorial, protección de civiles, acceso humanitario— no son adornos, son frenos a la arbitrariedad. Stubb pide mecanismos de rendición de cuentas que abarquen sanciones coordinadas, jurisdicciones con capacidad real y pesquisas independientes. Y, crucialmente, exige prevención: inversión en mediación temprana, alertas de riesgo y financiamiento estable para evitar que los conflictos escalen hasta lo irreparable.

Las dos brújulas convergen en puntos clave: rechazo a la agresión y a la violencia contra civiles; necesidad de instituciones que funcionen; y prioridad a la diplomacia preventiva. También revelan sus riesgos: un reformismo sin ancla ética puede derivar en eficacia sin legitimidad; un principismo sin herramientas puede quedar en pura declamación. La paz sostenible exige ambas cosas a la vez: capacidad y legitimidad.

¿Qué implica esto para América Latina? Una doble tarea. Primero, custodiar principios en todos los foros: no agresión, integridad territorial, derechos humanos. Segundo, impulsar reformas pragmáticas que vuelvan operativa esa custodia: armonización de políticas migratorias, cooperación transfronteriza contra la trata, ventanas humanitarias automáticas y capacidades regionales de mediación con mandato claro. En economía, priorizar asociaciones que construyan capacidades locales sobre el viejo libreto extractivo. En clima, empujar una transición justa: gradual, financiada y anclada en empleos reales.

El mensaje final es simple y urgente: sin reforma, la ley se vacía; sin valores, la fuerza se desborda. Europa nos recuerda que la paz es un verbo: se hace con reglas que se cumplen y con decisiones que resisten la tentación del atajo. Reformar con realismo, actuar con límites y volver a poner la paz en el centro es, hoy, la única política exterior que todavía merece llamarse civilizada.