El experimento ideológico de gobierno de Gabriel Boric (2022-2026)

 

En tiempos de transición cultural, cuando el lenguaje político pierde contacto con la realidad y el derecho se desvincula del bien, evaluar un gobierno no puede limitarse al conteo de cifras ni a la administración de errores. Lo que está en juego es más hondo: se trata de discernir qué concepción del ser humano ha guiado las decisiones, qué noción de verdad ha informado las políticas y qué modelo de sociedad ha sido promovido —aunque no siempre declarado— desde las estructuras del poder.

El gobierno del presidente Gabriel Boric representa algo más que una alternancia de coalición o una crisis de gestión. Es, en muchos aspectos, la cristalización de una visión totalizante: la del constructivismo antropológico, que niega la naturaleza humana como dato y la sustituye por identidades móviles, derechos subjetivos y afectos legitimados por el Estado. Este enfoque no es accidental ni meramente técnico. Es una apuesta filosófica, con consecuencias sociales medibles y huellas culturales profundas.

Por eso, el balance que aquí se propone parte de una mirada que reconoce en la persona humana su dignidad irreductible, su vocación al bien común y la necesidad de un orden político que respete la verdad del hombre. Esa verdad no se construye: se recibe, se conoce, se custodia, se cultiva y se promueve.

Desde esta perspectiva, las políticas sobre la vida, la salud, la familia, la educación, el trabajo o la cultura no pueden evaluarse solo por su eficacia instrumental, utilitaria o económica. Deben juzgarse por su capacidad de afirmar o negar al hombre, de fortalecer sus vínculos fundamentales, de respetar su libertad trascendente y de promover su responsabilidad personal. Porque, como advirtieron los grandes pensadores políticos del siglo XX, cuando el poder olvida al hombre, la política se vuelve técnica de administración o escenario de manipulación. Y entonces el mal deja de ser visible: se vuelve sistémico, estructural, anodino.

 

Vida: entre la ideología y la indiferencia

Como es sabido, la valoración del bien de la vida humana es el fundamento de toda sociedad verdaderamente humana y civilizada. A la luz de esta afirmación, resulta ineludible iniciar esta evaluación del gobierno del presidente Gabriel Boric con el tema más esencial: la vida.

Lejos de promover una cultura de la vida, el actual gobierno ha favorecido, por omisión y por acción, una cultura de la muerte, disfrazada de derechos reproductivos, eufemismos feministas y sofística interseccional. La defensa del aborto libre ha sido no solo una promesa, sino una agenda persistente. Desde el inicio de su mandato, el Ministerio de la Mujer ha sostenido una campaña ideológica constante, presionando por legitimar jurídicamente el aborto, pese a que la legislación chilena, tras el fallo del Tribunal Constitucional de 2017, ya permite su práctica en tres causales extremas.

Desde marzo de 2022, el Ministerio de la Mujer ha impulsado campañas, protocolos y declaraciones que exigen legalizar el aborto sin causales. La estrategia no ha sido solo comunicacional: en octubre de 2023, el gobierno celebró en La Moneda la votación favorable al proyecto de aborto libre en la Comisión de Mujer de la Cámara, con un entusiasmo que no mostró ante ninguna reforma sanitaria o educativa.

Chile, con la actual legislación de aborto en tres causales, registró 5.324 abortos en el sistema público entre 2018 y 2025, según el Ministerio de Salud. En 2024, además, se avanzó en protocolos de distribución de anticoncepción de emergencia sin controles ni advertencias a menores. Mientras esto ocurre, el Estado ha abandonado el acompañamiento a mujeres embarazadas en situación de sufrimiento y no existe una sola política pública destinada a fomentar la adopción.

En lugar de atender la raíz del problema —una cultura que abandona a la mujer en su fragilidad y sufrimiento—, se ha optado por legitimar la eliminación de vidas humanas inocentes como un acto de liberación. Mientras se multiplican los discursos inclusivos, las cifras de abortos realizados en el sistema público crecen silenciosamente, y ninguna política seria ha sido implementada para apoyar la maternidad vulnerable, fomentar la adopción o educar en el valor de la vida desde su concepción.

A la vez, los homicidios han aumentado con cifras alarmantes. Según datos oficiales, el país alcanzó su cifra más alta de homicidios en décadas, con una tasa de 6,7 por cada 100 mil habitantes en 2023, más del doble de lo registrado en 2018. En 2024 se registraron 1.207 asesinatos, con una tasa de 6,0 por cada 100.000 habitantes; y en 2025 la tasa fue de 5,4. Son cifras propias de países en conflicto armado. La impunidad es alta, el control de armas es frágil y la respuesta estatal ha sido tibia.

Un caso simbólico: en julio de 2024, un joven fue asesinado en pleno centro de Santiago al resistirse a un asalto. Su madre, en entrevista televisiva, dijo entre lágrimas: “Salió a trabajar y volvió en un ataúd. ¿Quién responde por eso?”. La mayoría de estos crímenes tiene un patrón común: bandas de narcotráfico, inmigración desregulada y armas ilegales. El Estado ha fracasado en su misión básica: proteger la vida de sus ciudadanos. Sin esa exigencia elemental de justicia, la ley se convierte en un cascarón vacío y el delito termina por adquirir apariencia de derecho.

El gobierno de Gabriel Boric ha instaurado, con decisión y sin disimulo, una cultura de la muerte. Bajo la sofística de los “derechos sexuales y reproductivos”, se ha promovido activamente el aborto libre, en desmedro de toda política de protección de la maternidad vulnerable o de apoyo a la vida naciente.

 

Salud: listas eternas, abandono estructural y derechos negados

La salud es un bien intrínseco de la persona; el silencio de los órganos, como alguna vez se la representó.

En salud, la promesa fue transformar, pero el resultado ha sido retroceder. A junio de 2025, más de 2,7 millones de personas esperaban una atención en el sistema público, y más de 362 mil requerían una cirugía. La mediana de espera quirúrgica superó los 251 días. A esta lentitud se suma una tragedia persistente: entre enero y septiembre de 2025, más de 26 mil pacientes murieron esperando atención. El Fondo Nacional de Salud, que atiende al 78% de la población, sigue saturado. El aumento del copago, la escasez de especialistas y el deterioro de la atención primaria hacen que miles de personas opten por pagar consultas privadas, endeudándose o recurriendo a rifas comunitarias.

El caso de los medicamentos vencidos o mal distribuidos, denunciado por Contraloría en diciembre de 2023, reveló la negligencia crónica del Estado. Millones en fármacos esenciales se perdieron por errores logísticos y falta de supervisión.

La salud mental, uno de los grandes ejes discursivos del gobierno, ha sido tratada con superficialidad. No existe una red seria de atención territorial, ni programas formativos en colegios, ni un aumento significativo de profesionales. Solo declaraciones, días conmemorativos y conferencias.

Los testimonios abundan. En abril de 2024, el canal 24 Horas mostró a una mujer de 60 años que falleció en plena vía pública mientras esperaba un traslado para realizarse exámenes. Su hija, indignada, declaró: “Esperamos dos años por una hora médica y murió sin ser atendida. Para ellos era un número más”. Y, en medio de este desastre, se siguen financiando consultorías con sesgo ideológico, jornadas sobre salud trans y campañas simbólicas, como si la precariedad sanitaria se resolviera con lenguaje inclusivo. El desarrollo humano requiere instituciones que promuevan el bien común y respeten la subsidiariedad. Aquí no se ha promovido ni lo uno ni lo otro.

 

Familia: la institución olvidada

La familia ha sido ignorada, debilitada y, en muchos casos, directamente atacada por las políticas del actual gobierno. No ha existido una sola gran iniciativa legislativa que la refuerce como núcleo básico de la sociedad. Al contrario: se han promovido proyectos que la fragmentan, la relativizan o la subordinan a intereses ideológicos.

El gobierno de Gabriel Boric no ha desplegado ninguna política robusta de fortalecimiento familiar. La familia ha sido sustituida en el discurso oficial por “cuidadores”, “diversidades” o “parentalidades múltiples”. El ideal de una familia fundada en el matrimonio y abierta a la vida ha sido expulsado de la política pública, como si se tratara de un privilegio burgués, como pensaba Engels.

Las cifras reflejan el desgarro. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, el 34,5% de los hogares en Chile son unipersonales o monoparentales. Más del 58% de los nacimientos en 2022 fueron de madres no casadas. El matrimonio ha caído en picada: si en 2005 hubo más de 84.000 matrimonios, en 2023 la cifra bajó a poco más de 64.000. En contraste, los divorcios se han mantenido altos: más de 38.000 anuales, con una duración promedio del vínculo de solo 14 años.

Las tasas de natalidad están en su punto más bajo en la historia del país. La fecundidad ha caído por debajo del nivel de reemplazo, con 1,03 hijos por mujer en 2024, y no existen políticas públicas serias para revertir esta tendencia. Mientras tanto, se implementan programas de anticoncepción de emergencia desde la adolescencia, se difunden materiales escolares que banalizan la familia tradicional y se excluye sistemáticamente a los padres del proceso educativo.

El abandono del rol paterno, el individualismo emocional y la precariedad económica contribuyen a esta crisis, pero el Estado no ha hecho nada serio por revertirla. No hay campañas que promuevan la estabilidad conyugal ni apoyos directos a la crianza. La política de salas cuna se limita al discurso. Las licencias parentales no se han ampliado. La ideologizada educación afectiva y sexual se ha entregado a fundaciones con agenda de género.

El Estado no ha protegido el derecho de los padres a educar a sus hijos. Se ha intervenido la relación filial a través de leyes como la de identidad de género, que permite a menores cambiar nombre y sexo sin consentimiento parental. En los manuales escolares se promueve la genitalización de niños y jóvenes, y en los jardines infantiles se introducen materiales sobre diversidad familiar sin mediación.

La autoridad parental ha sido socavada en nombre de la autodeterminación infantil, promovida por el mismo Estado que luego no sabe cómo contener la violencia escolar ni la deserción juvenil. La Encuesta Bicentenario UC 2023 muestra que un 72% de los chilenos cree que “la familia es lo más importante en su vida”. Pero el Estado no lo cree así. Prefiere invisibilizarla o redefinirla.

El futuro de la humanidad se fragua en la familia. Cuando ella se debilita, no hay sociedad que se sostenga. Este gobierno, en cambio, ha preferido sustituirla por una red de derechos abstractos, desconectados del bien común. La familia aparece como un obstáculo que debe ser deconstruido y reemplazado por el Estado cuidador.

 

Vivienda: fundaciones, favores y frustraciones

Lo que fue presentado como una de las grandes promesas del gobierno —la construcción de 260 mil viviendas sociales— ha terminado por convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción institucional desde el retorno a la democracia. El llamado “Caso Convenios” reveló un modus operandi sistemático en que fundaciones recién creadas, sin experiencia técnica ni solvencia administrativa, recibieron transferencias millonarias desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo para ejecutar proyectos habitacionales que nunca se concretaron o que quedaron a medio andar.

Según cifras del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, hasta marzo de 2024 se habían entregado 254.102 viviendas, equivalentes al 97,7% de la meta. Pero lo que marcó la gestión fue el Caso Convenios. A mediados de 2023, la fundación Democracia Viva, estrechamente vinculada al partido Revolución Democrática, recibió 426 millones de pesos desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta sin respaldo técnico ni concurso público. La investigación reveló vínculos directos entre el seremi y los miembros de la fundación, y abrió la puerta a una red de traspasos similares en todo el país.

Hasta abril de 2024, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público investigaban más de 60 convenios irregulares en distintas regiones, por un monto superior a los 14.000 millones de pesos. Mientras las fundaciones fantasma crecían, miles de familias seguían viviendo hacinadas, en campamentos sin agua ni luz, o esperando subsidios que no se concretaban. La inversión privada también ha sido afectada. La permisología, los cambios normativos y la incertidumbre jurídica paralizaron proyectos habitacionales clave. Según cifras de la Cámara Chilena de la Construcción, la inversión en vivienda apenas creció un 0,1% en 2025, y el número de viviendas autorizadas disminuyó un 11,1% respecto de 2024. La consecuencia ha sido el alza del costo del suelo, la disminución de proyectos en carpeta y una mayor informalidad en la tenencia de terrenos.

El acceso al crédito hipotecario también se ha restringido, frustrando a miles de familias, especialmente jóvenes, que se han visto impedidas del sueño de la casa propia. El Banco Central informó que las tasas de interés para vivienda superaron el 5% en 2023, las más altas en dos décadas. Esto ha marginado especialmente a los sectores medios y a los adultos mayores. A ello se suman contribuciones desmedidas, con alzas de hasta un 200% en algunos casos tras la actualización del catastro fiscal, lo que afecta especialmente a adultos mayores con pensiones bajas, convertidos hoy en rehenes del catastro fiscal.

La vivienda digna no es solo un muro y un techo. Es el lugar donde se forja la intimidad y la estabilidad. El desinterés por garantizarla, unido al uso ideológico de los recursos públicos, constituye un acto de profunda injusticia. El derecho a la vivienda es inseparable del deber de transparencia y justicia en la gestión pública. Este gobierno ha fallado en ambas dimensiones.

 

Seguridad, paz y libertad: el precio del descontrol

Chile ha dejado de ser un país seguro. Los datos son categóricos. Según el Observatorio de Homicidios de la Policía de Investigaciones, el número de asesinatos creció un 66% entre 2018 y 2023, pasando de 789 a 1.322 casos. El 70% de ellos corresponde a homicidios con armas de fuego, y en regiones como Tarapacá y Arica la tasa ya supera los 15 por cada 100.000 habitantes, más que en Ciudad de México.

El gobierno ha actuado con tibieza, ambigüedad y tardanza. El primer año estuvo marcado por un negacionismo ideológico: se hablaba de “crisis de convivencia” en lugar de delincuencia y se evitaba usar la fuerza legítima del Estado por temor a “criminalizar la pobreza” o por reducir el problema a “causas estructurales de desigualdad”. Al mismo tiempo, se criticaba a Carabineros por supuesto “uso excesivo de la fuerza”. Así, los policías veían restringido su actuar, cuestionados desde el Ejecutivo y sin respaldo jurídico ni político suficiente. Solo tras el asesinato de la sargento Rita Olivares, en marzo de 2023, el Ejecutivo reconoció públicamente la gravedad del fenómeno.

La criminalidad organizada ha penetrado barrios completos. El narcotráfico ha colonizado escuelas, poblaciones y servicios municipales. Los barrios críticos aumentaron un 28% desde 2021. Las cárceles están sobrepobladas y desbordadas por bandas que operan desde dentro. El control de armas ilegales ha fracasado.

El crimen organizado se ha expandido con total impunidad. Bandas extranjeras como el Tren de Aragua operan en el norte del país, controlan territorios, extorsionan comerciantes y utilizan métodos como el secuestro y el sicariato. El Ministerio Público reportó 341 secuestros en el primer semestre de 2025, un delito que hace cinco años era casi inexistente en Chile.

La seguridad es un deber moral del Estado. Su renuncia equivale a entregar a los inocentes a la ley del más fuerte. Y hoy, el más fuerte es el crimen organizado. No puede haber desarrollo sin seguridad, ni seguridad sin justicia. La paz no es solo ausencia de violencia. Es también fruto de la verdad, la justicia y la libertad. En ese sentido, el gobierno ha promovido una paz aparente, mientras socava las condiciones para una libertad auténtica.

Durante el proceso constitucional, el oficialismo propuso una carta maximalista, identitaria y disgregadora, rechazada por el 62% de los chilenos en el plebiscito de septiembre de 2022. El texto pretendía redefinir la nación como “plurinacional”, debilitar el principio de igualdad ante la ley, institucionalizar el aborto libre, expropiar la educación parental y crear sistemas judiciales paralelos. Fue, en palabras simples, un manifiesto ideológico.

A pesar del rechazo, muchas de sus disposiciones han sido promovidas por vía administrativa: manuales ministeriales, reglamentos escolares, pautas de género, políticas lingüísticas y reeducación en organismos públicos. Se ha utilizado el Estado como instrumento de reingeniería social, con un nivel de imposición simbólica que recuerda a los regímenes más dogmáticos del siglo XX.

La libertad de expresión también ha sido condicionada. La Ley de Incitación al Odio, que el gobierno apoya, permitiría perseguir penalmente opiniones morales o religiosas que disientan del canon progresista. Organizaciones feministas e identitarias han buscado silenciar discursos que defienden la vida y la familia, muchas veces con aval institucional.

Las universidades han sido colonizadas por la corrección política. Profesores sancionados por expresarse, alumnos que no pueden debatir, seminarios censurados. La cancelación se ha convertido en el nuevo instrumento del control cultural.

La verdadera libertad es incompatible con el miedo. La libertad se fundamenta en la verdad y se destruye cuando se separa de ella. En Chile hoy hay miedo de pensar distinto, y eso es síntoma de una democracia enferma.

 

Trabajo: informalidad, ideología y desprecio por la iniciativa

El trabajo es una actividad inteligente y libre que comporta esfuerzo, y contribuye al desarrollo y perfeccionamiento de la persona y de la sociedad.

Chile vive una paradoja laboral. Mientras el gobierno se jacta de haber recuperado empleos tras la pandemia, el desempleo ronda el 8,0%, con tasas más altas entre mujeres y jóvenes, y la informalidad alcanza el 26,8%. Eso significa que casi 2,6 millones de personas trabajan sin contrato, sin cotizaciones ni previsión.

El desprecio gubernamental por la pequeña y mediana empresa, que representa el 65% del empleo nacional, se ha manifestado en múltiples frentes: alzas tributarias regresivas, burocracia asfixiante, inestabilidad normativa y ausencia de una política seria de incentivo al emprendimiento. En nombre de una equidad redistributiva, se ha castigado al que crea empleo y se ha promovido una cultura de subsidios sin horizonte productivo. Según la Asociación de Emprendedores de Chile, más del 23% de los pequeños negocios quebraron o redujeron su planta laboral entre 2022 y 2023.

Las empresas estatales, como la Empresa Nacional del Petróleo y la Corporación Nacional del Cobre, han visto reducida su eficiencia bajo el peso de operadores políticos, contrataciones ideologizadas y pérdida de foco estratégico. La reciente caída en la producción de cobre, atribuida al retraso en proyectos de expansión y a la politización de sus directorios, representa no solo un revés económico, sino una irresponsabilidad histórica. Codelco, bajo esta administración, ha perdido más de 1.500 millones de dólares por retrasos y sobrecostos. Enap presenta pérdidas continuas. El Estado no ha sido buen empleador ni buen gestor. Solo ha sido buen clientelista.

Peor aún, las reformas laborales propuestas —como la jornada de 40 horas sin flexibilidad suficiente ni incentivos a la productividad— reflejan un voluntarismo desconectado de las necesidades reales de empresas y trabajadores. Se legisla desde una oficina, con lenguaje inclusivo y eslóganes feministas, pero sin comprender el drama cotidiano del trabajador informal, del comerciante acosado por los permisos, del emprendedor que debe pagar IVA antes de haber vendido. El discurso gubernamental de la “dignidad laboral” no ha tocado esa realidad.

Se ha olvidado que el trabajo no es solo un medio de subsistencia, sino una vocación. El trabajo humano tiene un valor ético directamente unido al hecho de que quien lo realiza es una persona. Reducirlo a un objeto de ingeniería social, por afanes ideológicos, es una forma más de violencia institucional. Cuando la ideología reemplaza a la justicia, el trabajo se degrada y el trabajador también.

 

Educación: retroceso, violencia y decadencia institucional

Educar es ayudar a crecer y acompañar a la persona para que salga de sí misma y se relacione amorosamente con las diversas dimensiones de la realidad: la naturaleza y los artefactos técnicos, las demás personas y Dios. Si la educación es el alma de una nación, entonces la nuestra padece una anemia progresiva. En estos cuatro años, el retroceso ha sido evidente, medible y trágico.

Los resultados del Simce 2023 confirmaron una baja sostenida en comprensión lectora y habilidades matemáticas, con especial afectación en los sectores más vulnerables. El ausentismo escolar crónico afecta a más del 40% de los estudiantes. Las tomas, los paros, la violencia escolar y la nula autoridad de los directivos han consolidado una anarquía institucional que ni el Ministerio de Educación ha querido ni ha sabido enfrentar.

La entrega de útiles escolares en 2024, atrasada en varias regiones, simboliza el desorden y la falta de previsión. Pero lo más grave ha sido el deterioro moral y cívico de los colegios públicos, algunos de los cuales han sido convertidos en trincheras ideológicas o laboratorios de experimentación identitaria. La ideología de género, impuesta sin mediación ni evaluación, avanza con respaldo ministerial incluso en niños de edad preescolar. La violencia al interior de los establecimientos ha obligado a implementar planes de seguridad en liceos emblemáticos. Las agresiones a profesores han aumentado, así como los casos de acoso escolar. Mientras tanto, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas ha protagonizado escándalos por fallas en la distribución de alimentos, falta de insumos, irregularidades en licitaciones y descoordinación con las comunidades educativas.

La violencia escolar ha escalado dramáticamente: agresiones físicas a profesores, uso de armas blancas en liceos y tomas prolongadas sin consecuencias. El ministerio, en lugar de respaldar a los equipos directivos, ha relativizado las sanciones, temiendo la presión de centros de alumnos radicalizados.

En las universidades públicas, la situación no es mejor: parálisis académica, cancelación de clases por motivos políticos e imposición de una hegemonía ideológica que impide el pensamiento crítico. Se ha expulsado la diversidad real en nombre de una diversidad meramente declarativa.

El sistema de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas ha colapsado en varias regiones por retrasos en la entrega de alimentos, malas licitaciones y distribución deficiente. La entrega de útiles escolares, prometida para marzo de 2024, llegó incompleta o tardía a miles de estudiantes.

Pero quizá lo más grave sea la colonización curricular. La ideología de género se introduce desde preescolar, con materiales ajenos a la formación integral. La visión de la persona ha sido sustituida por una concepción fluida, desarraigada y reducida al deseo.

En lugar de fortalecer el principio de subsidiariedad —por el cual el Estado ayuda, pero no asfixia a las familias ni a los proyectos educativos libres—, se ha optado por una mentalidad estatista y planificadora, en nombre de una equidad abstracta que genera mayor desigualdad real. La libertad de educación es un derecho primario de la familia, y su negación tiene consecuencias devastadoras.

La educación, sin verdad ni moral objetiva, deja de ser formación para transformarse en adiestramiento.

 

Inmigración: hospitalidad sin ley, caos sin compasión

La inmigración no es en sí misma un problema. De hecho, ha sido una riqueza histórica para Chile. El problema surge cuando se gestiona sin criterios de justicia, sin orden legal ni orientación ética. Desde 2022, la frontera norte ha sido escenario de un ingreso masivo y descontrolado de personas, muchas de ellas sin documentación, sin medios de subsistencia y, en algunos casos, vinculadas a redes delictivas.

El gobierno ha reaccionado con lentitud y ambivalencia. Mientras se facilitaban visas y se negaba la expulsión de quienes ingresaban ilegalmente, las comunidades locales veían colapsar sus servicios de salud, aumentar los arriendos, degradarse el espacio público y multiplicarse los delitos. La compasión mal entendida se transformó en irresponsabilidad política.

Como enseña el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, la inmigración debe ser regulada “en conformidad con las exigencias del bien común” (n. 298). No se trata de cerrar las puertas, sino de abrirlas con justicia, verdad y prudencia. Lo contrario solo multiplica el sufrimiento, tanto de los migrantes como de las comunidades receptoras.

 

Política: ingeniería deconstructiva, corrupción moral y dogmas ideológicos

La política del gobierno de Gabriel Boric ha sido una operación constante de demolición: de símbolos nacionales, de instituciones republicanas y de la historia compartida. Su proyecto de nueva Constitución, rechazado por el 62% de los chilenos, es el ejemplo más claro: un texto maximalista, identitario, feminista, indigenista, ecologista, desarticulado y hostil al sentido común. No buscaba unir, sino sustituir. No reformar, sino reeducar.

Esa misma lógica se ha expresado en la acción cotidiana del Ejecutivo. La agenda de género ha absorbido buena parte del discurso gubernamental, pero bajo una forma ideológica radical, desligada de las verdaderas necesidades de las mujeres. Se ha promovido una ley de autonomías corporales —léase, aborto sin restricciones—, se ha financiado con recursos públicos la imposición del lenguaje inclusivo y se ha reducido a la mujer a una consigna que excluye la maternidad y la familia como bienes propios.

El indigenismo, por su parte, ha sido tratado con una mezcla de romanticismo y cobardía. En la Araucanía, el gobierno ha oscilado entre el negacionismo de la violencia y una fallida estrategia de diálogo con grupos radicalizados, sin mostrar un compromiso serio con el Estado de Derecho. La paz sigue siendo una promesa abstracta, mientras se multiplican los atentados, los desalojos y la sensación de abandono.

La política medioambiental ha sido otro campo de ensayo ideológico. Se han detenido proyectos clave, se ha demonizado la inversión extractiva y se ha dado tribuna a activistas que promueven el decrecimiento como horizonte ético. Sin embargo, se importan autos eléctricos producidos con litio chileno extraído en condiciones que aquí se condenarían. Es una doble moral con disfraz verde.

En este contexto, la corrupción moral ha sido más peligrosa que la corrupción financiera, porque ha consistido en instalar una visión del mundo que relativiza el bien, desprecia la naturaleza humana y convierte en sospechoso todo lo heredado. Lo que en otros gobiernos fue desidia o ineficiencia, en este ha sido convicción ideológica: construir un “nuevo Chile” sobre las ruinas de su identidad histórica.

 

Religión: la libertad acorralada y la fe instrumentalizada

En un país que durante décadas convivió pacíficamente con la libertad religiosa, el actual gobierno ha introducido un clima de sospecha y marginación hacia las expresiones públicas de fe. No se trata de una persecución abierta, sino de una progresiva exclusión simbólica, institucional y cultural.

Las comunidades religiosas —especialmente la Iglesia católica y las iglesias evangélicas— han visto reducida su presencia en actos públicos, han sido excluidas de consultas políticas relevantes e incluso cuestionadas por sostener una visión antropológica distinta de la ideología dominante. Las objeciones de conciencia por razones de fe han sido ridiculizadas, y se ha considerado discriminación lo que en realidad es fidelidad doctrinal. La religión solo tiene lugar si se adapta a los códigos de la ideología dominante: lenguaje inclusivo, diversidad afectiva, validación del aborto o de la autodeterminación sexual.

La exclusión ha sido sutil, pero constante: en ceremonias oficiales, en políticas públicas, en la distribución de fondos y en el lenguaje del poder. La fe ha sido confinada al ámbito privado. La razón política se ha cerrado a la trascendencia.

La libertad religiosa ha sido redefinida no como el derecho a vivir y expresar la fe, sino como la obligación de callarla si no se somete al nuevo dogma del Estado laicista ideologizado. El Estado ya no es neutral, sino hostil frente a toda visión trascendente del hombre.

Como advirtió la Dignitatis Humanae, “la libertad religiosa no es una concesión del Estado, sino un derecho natural que se deriva de la dignidad misma de la persona humana” (n. 2). Su negación solapada constituye una herida al alma nacional, especialmente cuando los propios gobernantes relativizan la verdad moral mientras reivindican festividades cristianas por conveniencia comunicacional.

 

Balance del gobierno: el olvido del hombre

El balance del gobierno del presidente Gabriel Boric no puede limitarse a cifras ni a promesas incumplidas. Lo que está en juego es algo más profundo: la concepción del ser humano y de la sociedad. En cada una de las áreas analizadas —vida, salud, educación, vivienda, trabajo, política, religión, seguridad, familia e inmigración— se repite un mismo patrón: la subordinación de la realidad a una ideología.

La visión antropológica que ha guiado este gobierno es individualista, sentimentalista, escéptica, relativista, constructivista y fragmentaria. No reconoce la naturaleza humana, niega los vínculos objetivos y reemplaza el bien común por una suma de identidades, deseos y demandas sectoriales. El resultado es una sociedad más dividida, más insegura y más cínica.

Frente a esta lógica, urge recordar la visión realista y cristiana del hombre, en la que se encuentran nuestros orígenes como república: una criatura con dignidad inviolable, que florece en comunidad y tiene vocación a la verdad, al bien y a la trascendencia.

Una sociedad sana no se configura sobre la manipulación cultural, sino sobre la educación de las virtudes, el respeto por la vida, la promoción de la familia, del trabajo digno, del progreso económico, de la cultura, de la amistad cívica y política, de la libertad religiosa y de la protección de los más débiles.

De otro modo, “una democracia sin valores se convierte fácilmente en un totalitarismo visible o encubierto”. Chile vive hoy ese totalitarismo encubierto: la dictadura del deseo, adornada de derechos.

El 11 de marzo acaba este gobierno y se abre la posibilidad de recuperar el alma de Chile.