El orden fortalece a la justicia

La izquierda que no cree en Dios y tampoco en la patria, bajo su ideología de la cosificación de la persona humana y la supuesta ecumenicidad de su propuesta desea aprovechar la próxima visita del Papa León XIV para lograr sus objetivos políticos. Saben que ante el rechazo ciudadano a su candidato Roberto Sánchez, ahora tienen como principal operador al cardenal Carlos Castillo, quien dejó de transmitir la universalidad de la palabra de Cristo para convertir el púlpito en tribuna de sus intereses ideológicos.

El cardenal, obnubilado por su particular ideología, suele contradecirse, manifiesta que la “situación es catastrófica, no tanto por los indicadores económicos”. Cabe preguntarse, ¿quién sufre esta catástrofe? Porque si los indicadores económicos están bien y el empleo sigue incrementándose, eso quiere decir que más familias tienen la oportunidad de alejarse de la pobreza y mejorar su calidad de vida. Y a continuación afirma que: “diversos grupos de intereses buscan que prime su ambición de enriquecimiento ilícito”. Sería mejor precisar a quiénes alude. Que Dios nos conceda esa gracia porque el enriquecimiento ilícito lo están ejerciendo los socios políticos de actividades criminales como la minería ilegal, el narcotráfico, la trata de personas –incluyendo menores de edad–, y la deforestación producida por la tala ilegal en la Amazonía. 

La activista política Jhovana Yauri afirma –en un reciente artículo publicado en el portal La Otra Mirada– que el país está debilitando su justicia, cuando sucede todo lo contrario. Señala que los fallecidos por las acciones del restablecimiento del orden público son responsabilidad del Estado, cuando los grandes responsables son los organizadores de estas asonadas que buscaban la perpetuación en el poder de Pedro Castillo.

Tanto Yauri como el cardenal parecen pretender reforzar una narrativa que contraviene la verdad histórica, porque lo sucedido fue Pedro Castillo organizó un golpe de estado y movilizó a un grupo de sus partidarios para tomar el control total del aparato estatal mediante acciones de violencia en contra de la propiedad pública y privada. La Dra. Patricia Benavides, que por entonces ejercía el cargo de Fiscal de la Nación, investigó y demostró los actos de corrupción que implicaban al mismísimo Pedro Castillo. Recordemos que, el día del golpe (el 7 de diciembre del 2022), un testigo iba a exhibir las pruebas en contra del mandatario en el Poder Legislativo. ¿Hay veracidad en el análisis de la Yauri y en la homilía del cardenal? 

El Dr. Tomás Aladino Gálvez, actual fiscal de la nación, ha manifestado que en el país no existen leyes procrimen, no obstante, hay interés en su derogatoria por parte de activistas, exfiscales, organizaciones de derechos humanos. ¿Se referiría a aquellas que guardaron silencio ante las atrocidades cometidas por los grupos subversivos en los años ochenta y noventa; pero que, sin embargo, se convirtieron en los principales defensores de los militantes del terror?

Es obvio que el estado de derecho está orientado a la protección de la libertad, la seguridad y la dignidad de los ciudadanos; pero también es cierto que frente al libertinaje (la desnaturalización de la libertad), los delincuentes que atentan contra la seguridad ciudadana, el Estado tiene que actuar y las fuerzas del orden contar con los instrumentos legales que los protejan.

Sí, en una acción de restablecimiento del orden se corre el riesgo de que sucedan excesos. Pero los responsables son los instigadores de la violencia y no los policías o las fuerzas armadas que tienen la misión de recuperar el orden y proteger a los ciudadanos, principalmente a los de bien.