Guerra civil sin disparos

Nada es más dañino para un país que una guerra civil, nada debilita  más una democracia que una guerra civil entre los poderes del Estado.

El respeto recíproco del ámbito funcional exclusivo de cada Poder es pilar central del Estado de derecho. La democracia peruana, por definición constitucional así lo consagra. Cuando, como viene sucediendo en el Perú, integrantes de un poder del Estado invaden el campo de las decisiones propias del ejercicio de las funciones constitucionales otro Poder del Estado, impidiendo su normal desempeño, causan un severo daño a la institucionalidad democrática, tanto que cabe preguntarse si incursionan además en terreno penal o es una nueva forma de golpismo.

Tanto el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo tienen facultades constitucionales para la designación, remoción o reemplazo de  determinadas autoridades no elegidas por voto popular y determinados funcionarios. El puesto de destino de todo policía en actividad así como la creación o desaparición de  toda unidad policial están sujetos a las decisiones del comando policial y, en democracia, al control de la autoridad política. Miente deliberadamente el cubanófilo ex ministro cuando afirma lo contrario, justamente la ausencia de control por el poder político ha sido la causa de los mayores abusos en el pasado.

Cuando la remoción es facultad del Congreso de la República, un  juez puede sentir simpatía o antipatía ideológica  por un funcionario o discrepar en su fuero interno sobre su performance. Pero no debe nunca cruzar la frontera de sus facultades arrogándose la inexistente facultad de bloquear la decisión soberana del Congreso, así el aplauso interesado de sus barristas repita un millón de veces lo contrario. En democracia, prima la ley, no el griterío de la cazuela.

El Tribunal Constitucional reconocerá que la razón jurídica está del lado del Congreso, revirtiendo la reposición decretada en el Ministerio Público, pero en aras de la gobernabilidad democrática es imprescindible evitar la repetición de esa usurpación funcional a la que son tan afectos los aliados de ese sector político sin votos, pero con respaldo pecuniario foráneo, que lleva ya buen tiempo aupado en la gestión pública.