La demanda por el Estatuto de Lima

El tema es institucionalmente apremiante, pero aparece como una solución oculta a los ojos de la población de Lima. Y deberá ser abordado obligatoriamente por el nuevo alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Nos referimos a la obligatoriedad que la Ley Orgánica de Municipalidades (Art. 157) manda al Concejo Metropolitano, pero que hasta ahora no se ha cumplido: aprobar el Estatuto de Lima. Más aún, es probable que en los próximos días el Poder Judicial, acogiendo una Acción de Amparo de los ciudadanos Carlos Franco Pacheco y Luis Valer Coronado, obligue a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a iniciar la elaboración del referido instrumento de gestión de la ciudad.

En realidad se trata de una omisión funcional, tipificada por la ley, que tiene ya larga data. Y es que, para desgracia de la capital, desde que en el año 2002 se dieran las leyes de descentralización y la entonces nueva Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 27972), la norma obligaba a que una de las primeras tareas del Concejo Metropolitano era elaborar y aprobar el Estatuto de la ciudad, pero la llegada de la gestión de Luis Castañeda Lossio bloqueó esta posibilidad. En lugar de recoger las experiencias exitosas de otras ciudades —como Madrid, Quito, Buenos Aires y Bogotá, capitales que tienen estatutos o constituciones para el gobierno de sus metrópolis—, Castañeda optó por una gestión bajo un sistema institucional obsoleto.

A los tres periodos de mandato de Castañeda y al de Susana Villarán no les interesó abordar el tema. No lo hicieron porque querían tener toda la capacidad discrecional de gestión. Si el nuevo alcalde de Lima, Jorge Muñoz, no se percata de que una de las razones de los límites de la gobernabilidad de la ciudad es que funciona con una institucionalidad totalmente obsoleta y centralista, podrá hacer muy poco. Y es que el problema de Lima no es solo de un buen liderazgo, sino también de una institucionalidad metropolitana que funciona como si la capital tuviera dos millones de habitantes y con una lógica monocéntrica. En realidad la ciudad ha cambiado tanto que requiere nuevas formas de gobierno, de representación, de gerencia y de articulación con “las Limas”, ahí donde se ha trasladado el centro de gravedad del crecimiento urbano, social y cultural. Hablando en sentido figurado, es como pretender conducir un ómnibus de 80 pasajeros, con la fuerza de un motor de Tico.

Cierto es que la gestión de Susana Villarán —quien sí se atrevió a aprobar un nuevo Plan de Desarrollo Metropolitano y el diseño de las áreas metropolitanas interdistritales de gestión y planificación a que obliga el inciso c) del Art. 67 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales— se percató de que la ejecución de esos cambios no era posible sin la aprobación del Estatuto Metropolitano. Esto incluso obligaba a proponer iniciativas al Congreso para que se revise el régimen especial metropolitano, que establece la actual Constitución, régimen que en la práctica ha fracasado. Pero Villarán no tuvo la voluntad ni la visión para plantear abiertamente el tema al Congreso y a la ciudad de Lima.

No es exagerado decir que Lima se encuentra en una situación de vacío legal para la gestión de una ciudad que bordea los diez millones de habitantes. Un gran vacío que se agudiza no solo porque no se han transferido a la MML las 185 funciones que obliga la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sino también porque casi todas las gerencias de la Municipalidad Metropolitana funcionan o reducen su performance al distrito del Cercado y el Centro Histórico, donde tampoco muestra eficiencia. Ahí donde los ciudadanos también reclaman la creación de la Municipalidad Distrital del Cercado de Lima.

Tanto ha crecido la ciudad y tan vasta se ha hecho su complejidad, que requiere un nuevo contrato social de gobernabilidad. Es la misma situación por la que han pasado otras ciudades del mundo, a tal punto que sus parlamentos nacionales se vieron obligados a aprobar “leyes de la capitalidad de la república”, “estatutos” o “constituciones para la ciudad-capital”. Tarde o temprano el Congreso nacional tendrá que abordar el tema, por iniciativa del nuevo Concejo Metropolitano, por iniciativa de los propios legisladores o por una gran corriente ciudadana que obligue a esta reforma institucional, tal como lo han demostrado los ciudadanos Franco y Valer al presentar una demanda de Acción de Amparo.

El nuevo alcalde de Lima, desde el comienzo de su gestión debe dar muestras de eficiencia, eficacia y capacidad de liderazgo para afrontar los diversos problemas de la ciudad. Pero ese liderazgo debe expresarse también en la generación de un momento reformista de la gestión y representación de la ciudad, ordenando no solo que se inicie la elaboración del Estatuto de Lima, sino también creando una comisión de especialistas que propongan una reforma integral del gobierno de Lima, a ser propuesta al Congreso de la República. La MML tiene capacidad de iniciativa legislativa y bien podría convocar a los 36 parlamentarios de Lima para el respaldo de esta iniciativa. Otra de las iniciativas que debería tomar Jorge Muñoz es aprobar, por fin, la ordenanza que crea y regula las Áreas Metropolitanas de Gestión y Planificación, aspecto al que también obliga el Art. 67 de La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

De este modo, tanto la aprobación del Estatuto de Lima, las áreas metropolitanas de gestión y planificación y las propias iniciativas legislativas para replantear el gobierno, la administración y representación de la ciudad, sentaran las bases para una nueva gobernanza de la capital, más democrática, moderna, integradora y con una visión gerencial acorde con las tecnologías de información y comunicación. Si el nuevo alcalde de Lima lidera este proceso, pasará a la historia como uno de los mejores burgomaestres de la capital.