La vulnerabilidad del sistema energético

Hace ya más de 15 días –el 1 de marzo–, el Perú entero tomó conocimiento de que se había producido una fuga de gas en el gaseoducto de Camisea, en una zona de difícil acceso. Así lo informó la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), indicando que la fuga se habría dado en el distrito de Megantoni, en la provincia de La Convención (Cusco) y ello obligó, de inmediato, a que se suspendiera el transporte de combustible hacia Lima, ciudad que tiene lugar el más alto índice de consumo.

Ante ello, y con comunicados poco claros, o entendibles, se informó que estábamos viviendo una “crisis energética”. Y desde el despacho de la presidencia del Consejo de Ministros se anunciaron medidas que, desde muchos puntos de vista, parecían erráticas, con poca capacidad de convencer y con nula proactividad ante una crisis. Ello desató de inmediato, la especulación en los precios del gas, la gasolina, con las consecuencias de incrementar la desinformación y la alerta ciudadana.

Como acción “inmediata” se dispuso el retorno al teletrabajo y a la suspensión de clases presenciales en colegios y universidades. Un craso error que ha afectado severamente la aprobación del actual gabinete al percibirse poca capacidad de atender una situación de crisis y de suponer –con ingenuidad e ignorancia– que el retorno a la virtualidad, sería una medida adecuada y suficiente. Se pretendió afectar el inicio de las labores educativas sin prever aspectos indispensables como que no todos los hogares cuentan con adecuado sistema de acceso a redes, que no se puede afectar como primera medida a los escolares y hoy sabemos que esa medida, no solo no fue aplicada ni escuchada, sino que en nada fue significativa para los supuestos fines que se quiso obtener. El rechazo ciudadano a esa medida fue radical y para un sector de la población, esa medida se entendió como “algo se está haciendo por si me juzgan en un futuro”, es decir, como una reacción poco eficiente que no significó atender el problema de raíz.

Otras medidas anunciadas, populistas y de difícil cumplimiento, se referían al hecho de haber aprobado subsidios para las familias más vulnerables y para los taxistas, cuyas unidades requieren, principalmente del gas. Las preguntas que caen por sí solas son: ¿existe un padrón de cuáles son esas familias afectadas por la falta de gas y de combustible? ¿Cómo se aplicaría o aplicó el subsidio? ¿Existe un registro de taxistas que pudieran recibir ese apoyo? 

No solo no tenemos capacidad de respuesta inmediata ante una crisis de abastecimiento, sino que se dieron medidas erráticas. Resulta indispensable tener una conducta de previsión y no solo de reacción, es por ello que expertos han señalado la urgencia de tener en zonas de la costa, esferas de almacenamiento que pudieran servir como respuesta inmediata. Adicionalmente, debemos comprender que la seguidilla de cambios de autoridades en todos los niveles, ha llevado a que haya incapacidad para la toma eficiente y técnica de decisiones prontas y a veces valientes y audaces. Y, aunque pudiera no ser el tema inmediato, no podemos dejar de considerar el origen mismo del problema pues el gasoducto no cuenta con un sistema de contingencia para el transporte de gas, como se acordó como obligación contractual en un primer momento y que, quizá por una componenda que ahora nos pasa severa factura, se suscribió una de las tantas adendas y se omitió esa vía alternativa.

Entonces, nos enfrentamos a una situación grave, por cierto, pero que involucra no solo al sector de energía y minas, sino a la capacidad del Estado peruano de salir airoso ante los justos reclamos que tendría que presentar en una situación así ante las empresas involucradas, sabiendo como sabemos, que muchas veces, los contratistas, ejecutores, supervisores y responsables, escamotean la aplicación de la justicia, no dan la cara y desde hace años, su accionar perjudica a todo un país. No podemos ser un Estado tan vulnerable jurídicamente y no podemos tener fuentes únicas de energía que, a todas luces, ponen al país en situaciones de riesgo.

Inicialmente se indicó que la situación de crisis estaría vigente hasta el 14 de marzo; no obstante, hoy sabemos a través de los medios de prensa que la reparación del ducto afectado se encuentra en un 70% – 75%, es decir, que estamos aún lejos de que se solucione plenamente las condiciones para el suministro necesario del gas natural que, tal como lo ha dicho la empresa operadora del gas de Camisea, genera cuando menos el 40% de la electricidad en el Perú. No es que al Perú le falte fuentes de gas, le falta operatividad eficiente, sentido de gobierno al momento de tomar decisiones de envergadura y presencia inmediata de la autoridad, para dar respuestas prontas y acciones eficientes ante una crisis, por lo que es válido el preguntarse ¿qué sucedería en caso de un nuevo evento de este tipo?

La realidad nos obliga a entender lo grave que es la vulnerabilidad del sistema actual de abastecimiento de gas y combustible y la urgencia de actuar en infraestructura, en imponer los intereses del Estado a la presión de los intereses externos y a entender que esta situación podría repetirse, por causas naturales o por causas motivadas por acciones enemigas. Hoy vemos que ante ello, no ha habido respuestas ni acciones paliativas de emergencia; es decir, no tenemos un protocolo ante este tipo de contingencias y a ello, además de ser una realidad, hay que agregar la incapacidad del gobierno de turno para comunicar con credibilidad, con criterios técnicos y eficiencia y de actuar con celeridad.

Por lo anterior podemos señalar que el Perú vive una situación casi endémica de crisis en muchos aspectos; más allá de la crisis energética que venimos soportando, hay crisis política que se agrava ante la incompetencia e incapacidad de quienes deben tomar las acciones inmediatas de gobierno; tenemos crisis en el sistema político que se refleja el poco respeto de la población ante instancias de gobierno e instituciones fundamentales cuya ineficiencia las pone en el ojo crítico de la ciudadanía; tenemos crisis en relación a la creciente inseguridad ante la que la acción del actual gobierno parece nula; tenemos crisis en la vida política cuando nos enfrentamos a un inminente y muy complejo proceso electoral en el que se permite la participación de personajes cuestionados por su nefasto historial que podría parecer más bien un prontuario; tenemos crisis en la atención a zonas vulnerables y afectadas como Arequipa y Piura. Es decir, que el estado de crisis es visto como lo connatural y es muy peligroso acostumbrarse a ello.

Sin embargo, y sin que sea una única respuesta o acción ante nuestra realidad, tenemos delante un proceso electoral que si bien es complejo, permitirá a la ciudadanía pensar su voto y emitirlo con responsabilidad para que no puedan ser beneficiados con el apoyo de los ciudadanos, quienes se presentan como lobos con disfraz de corderos; quienes demuestran sus bajos intereses personales por encima de los intereses del país; quienes han hecho del delito y la impunidad una manera de ser; quienes ofrecen lo que saben que no se puede cumplir y los que desean que sus intereses personales primen.

El 12 de abril el Perú recibirá el voto nuevo de casi 2.5 millones de ciudadanos que van a las urnas por primera vez y a ellos, como a todos, nos toca emitir un voto que valga, que construya, que signifique futuro. Nunca votar por el menos malo; hacerlo por el mejor.