Minería criminal

El número de víctimas como consecuencia de la acción de la minería ilegal supera el centenar en los últimos años; ya sea por enfrentamientos entre bandas delictivas que se disputan un recurso que le pertenece a todos los peruanos o porque operan dentro de un yacimiento concesionado otorgado a un legítimo titular minero.

En las zonas donde la minería ilegal opera con total impunidad, también están ocurriendo otros actos delictivos, como el amedrentamiento de la población local e inclusive actos terroristas mediante el empleo de explosivos en contra de quienes manifiestan oposición a su presencia. En adición, a la irregularidad que la minería ilegal representa, junto a ésta surgen otras actividades también delictivas, como la trata de personas, el secuestro y la extorsión.

Algunas autoridades prefieren no enfrentarlas o coexistir con ellas, pero el riesgo se acrecienta por el volumen de dinero que disponen. Algunos analistas señalan que la comercialización de oro ilegal ya habría sobrepasado a la producción legal de este metal.

Frente a estos actos delictivos, tenemos una minería formal que cumple con la normatividad establecida por el estado, muchas veces tediosa y dilatoria, que se considera necesaria para el buen funcionamiento de un estado debidamente estructurado que rige al administrado y que lo incentiva a mejorar en términos ambientales y productivos; no obstante, la realidad se presenta diferente.

Mientras el administrado cumple con lo engorroso de la normativa, por la puerta falsa ingresan los mineros ilegales –diferente de los artesanales y pequeños mineros– y, obviamente, no cumplen ningún reglamento, en el mejor de los casos, exhiben un documento denominado Reinfo, que es casi una autorización para hacer tabla rasa de las regulaciones ambientales y de las instituciones encargadas de la fiscalización.

En el Perú, un proyecto minero formal puede tardar 40 años en iniciar sus operaciones, en tanto que un minero ilegal simplemente extrae el recurso. Está sucediendo algo que no se condice con el espíritu de la normatividad vigente, la preservación del ambiente, del recurso agua, etc. terminan siendo puestos en riesgo por quienes no tienen ningún interés en protegerlos o aprovechar sus recursos de manera adecuada. Por otro lado, el estado no está demostrando tener ni la capacidad, ni la voluntad política para hacer frente al desafío de esta forma de criminalidad organizada.

Si la realidad presenta dos opciones, una que desea cumplir con la normatividad y otra que simplemente desea excluirse de ella, la reflexión es por qué no hacer que quienes desean cumplir la ley tengan las mayores facilidades para iniciar sus actividades mineras. El compromiso pueden refrendarlo mediante un documento que autorice el inicio de actividades mineras y un posterior proceso de regularización ex post.

De admitirse un procedimiento ejecutivo para los mineros formales, evitaremos el riesgo de que otras actividades delictivas se desarrollen en complicidad con la minería ilegal. Además, está demostrado que el aporte de la minería legal resulta muy rentable para el Perú. El Ministerio de Energía y Minas ha informado recientemente que, en los primeros cinco meses del presente año se recaudó S/ 19,172 millones, superando lo recaudado en el 2024 (S/ 18,384 millones) y en el 2023 (S/ 16,112 millones). Se puede imaginar cuántas obras de prevención podrían ejecutarse ante el fenómeno de El Niño, cuántas escuelas, hospitales, carreteras y puestos de trabajo se pueden generar por su ejecución.

En el Perú la minería formal sigue siendo la ruta más corta para alcanzar el desarrollo.