Regalías, intromisión estatal y respeto contractual

El debate sobre las regalías para artistas por la retransmisión, reposición o reutilización de sus obras –especialmente audiovisuales, como películas o videos– es recurrente y complejo. Sin embargo, este dilema no debería resolverse mediante intervención legislativa estatal, sino que debe cimentarse en la fortaleza y la claridad de los contratos entre las partes. Sin respeto inquebrantable a los acuerdos voluntarios no es posible una sociedad civilizada, próspera y sostenible.

Cuando un artista participa en una obra, las condiciones de uso futuro deben quedar explícitas en el contrato inicial. Si las regalías por retransmisión, reposición o reutilización se establecen en el acuerdo, deben cumplirse. Sin embargo, imponer unilateralmente nuevas obligaciones mediante legislación posterior es una distorsión del principio de libertad contractual. Esta intervención estatal erosiona la confianza entre las partes y genera incertidumbre jurídica, desalentando la inversión, la generación de empleo y la creatividad. Vale para toda actividad económica.

Una sociedad que no respeta los contratos es una sociedad que erosiona su propio tejido social, económico y cultural. La confianza es un intangible fundamental en cualquier interacción humana. Se diluye si una de las partes puede lograr que el Estado reescriba los términos de un acuerdo en su beneficio unilateral. Se tiende a depender de la nefasta coerción estatal en lugar de la sana negociación y el legítimo acuerdo entre las partes.

A menudo se argumenta una “asimetría” de poder entre artistas y grandes productoras, lo que justificaría una regulación. Sin embargo, la solución no radica en la imposición estatal, sino en el fortalecimiento de asociaciones y sindicatos. Estas entidades tienen un papel crucial en la protección de sus miembros, siempre y cuando su enfoque sea la defensa de sus asociados y no la de causas ajenas, generalmente políticas, que los desvían de su labor fundamental. En el Perú sabemos mucho de ello, sindicatos y asociaciones de trabajadores que se desentienden de sus afiliados, debido a dirigentes corruptos que las usan como plataformas político-partidarias.

En referencia a las regalías y, en general, para los términos en que artistas y productoras definen su relación contractual, estas organizaciones deben ofrecer asesoría legal, desarrollar marcos de referencia para contratos justos y reducir las asimetrías de información en las negociaciones. Además, la participación en estas asociaciones o sindicatos debe ser completamente voluntaria, pues imponer la afiliación sería otra forma de intervención que atentaría contra el derecho a la libre asociación. 

En última instancia, los contratos son acuerdos entre adultos responsables de sus decisiones. La justificación de "me engañaron", "se aprovecharon de mí" o "no tenía otra opción" no procede. Si bien puede reflejar una realidad subjetiva u objetiva, no puede ser base para una funesta intervención estatal en acuerdos ya cerrados. La situación de desempleo o la necesidad económica pueden influir en las decisiones, pero la premisa fundamental es que las partes ingresan en estos acuerdos de manera voluntaria y con capacidad para tomar sus propias determinaciones. Es fundamental que cada individuo asuma la responsabilidad de revisar y comprender los términos de cualquier contrato antes de firmarlo.

En definitiva, el pago de regalías por retransmisión, reutilización o reposición de obras artísticas, debe resolverse en el ámbito de la autonomía contractual, sin interferencias externas que socaven la confianza y seguridad jurídica. Toda modificación contractual debe ser un acuerdo de partes, no una acción unilateral arbitraria, menos por perniciosa intervención administrativa o legislativa estatal. Una sociedad libre y próspera se fundamenta en el respeto a los acuerdos voluntarios, preservando el tejido social y evitando depender de regulaciones arbitrarias que alimentan la corrupción política estatal.