Respondamos a la corrupción con la práctica de valores

La indignación y hastío de enterarnos día a día de la red delincuencial prohijada en el Poder Judicial nos llevan a avizorar, sin demasiado esfuerzo, similar situación en los poderes restantes. Es de esperar que con el correr de los días emerjan sabandijas de distinto pelaje, cada vez con menos posibilidades de librarse del escándalo, ante la dificultad de ocultar pruebas. Sin embargo, no será extraño que, en su afán de presentarse como inocentes o inmaculados, aboguen por pruebas materiales fehacientes, pretendiendo convencerse a sí mismos de su castidad.

Ocurre que en estas circunstancias no resultan necesarias más evidencias, pues la situación ha llegado a un punto en que el problema en sí es lo ético. Las pruebas materiales no son necesarias, pero suficientes para desvirtuar actitudes a todas luces negativas. En el caso de funcionarios públicos recordemos, junto a Cayo Julio César, que “la mujer del César no solo debe serlo sino parecerlo”.

Las actitudes particulares manan de un código de conducta personal, ligado a los valores que poseemos. De allí que los actos que realizamos individualmente repercuten o se manifiestan socialmente, beneficiando o afectando a otros. Sucede, entonces, que el escándalo en la actual coyuntura, de cambios en gobiernos regionales y locales, pone en la discusión política el tema del bien común y su relación con la ética.

Recordemos que el “bien común” se refiere en general al bienestar de todos los miembros de una comunidad y también al interés público, en contraposición al bien privado e interés particular. Se trata de objetivos y valores en común, para cuya realización nos unimos asumiendo responsabilidades, con conductas de interacción e interrelación que benefician a todos. El escándalo del Poder Judicial viene mostrando lo contrario: grupos de individuos amparados en el poder que poseen y que dejan de lado el interés general, logrando provecho al trasgredir normas para privilegiar a otros o a sí mismos.

Estamos acostumbrados a aceptar y hasta promover, por ejemplo el mal uso de los recursos del Estado, desentendiéndonos del bien o interés colectivo y cediendo espacio al provecho individual, personal, particular. Dicho de otro modo, promovemos —tal vez sin proponérnoslo— la corrupción. Bien, ha llegado el momento de sumar esfuerzos en defensa del bienestar colectivo, del bien común, para recuperar y practicar valores como el respeto, la responsabilidad, la honestidad y la humildad, entre otros, exigiendo con autoridad la modificación de antivalores existentes en diversas instancias del Estado. Entendemos que todo cambio empieza por uno mismo, ¡A la corrupción respondamos con la práctica de valores!