Un agravio a la presidenta

La mandataria Dina Boluarte repetía muy oronda, en el país y el exterior, que era "la primera presidenta mujer en 205 años de historia del Perú". Una verdad a medias, jactanciosa, que soslayó  decir que no había alcanzado la primera magistratura por mérito propio, a través del voto popular, sino por el accidente político de ejercer la Vicepresidencia de la República cuando vacaron al golpista Pedro Castillo, a quien sirvió como ministra durante un año y seis meses

Pero resulta que la abogada apurimeña –que registra actualmente un 88% de rechazo  según encuesta de Ipsos y que se encuentra envuelta en un escabroso caso relacionado con relojes y pulseras de alta gama– ahora es investigada por el Ministerio Público. Y podría afirmar, con absoluta certeza, que en 205 años de historia republicana ningún mandatario ha sido tan escarnecido públicamente, como es su caso, por un inferior jerárquico, el coronel Harvey Colchado. 

Este policía, de controvertida actuación, con un pasado vinculado al vizcarrismo y, acusado de grabaciones ilegales al domicilio del presidente Alan García, no solo ordenó que su personal rompa con una comba de metal la puerta de entrada al domicilio de la jefe del Estado, donde solo se encontraba su menor hijo (bien pudo utilizar un cerrajero para entrar a la casa), sino que también, al parecer, ha celebrado esa mediática irrupción en una torta de cumpleaños.

Sorprende, sin embargo, que el autor de esa afrenta pública sea un coronel en actividad de la PNP, a quien la mandataria ratificó como jefe de la Diviac y que ignora que la señora presidenta es jefe suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, según precisa el artículo 167 de la Constitución; y, por tanto, sus subalternos le deben obediencia y respeto.

Y también sorprende el silencio del ministro del Interior, general PNP (r) Walter Ortiz Costa, del Comandante General de la PNP, Victor Zanabria Angulo y del premier Gustavo Adrianzén, así como de los integrantes del gabinete ministerial. Ninguno de ellos ha levantado su voz en defensa de la mandataria. En cambio, sí lo hicieron congresistas de diversas bancadas, entre otros Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso), Norma Yarrow (Avanza País) y Kira Alcarraz (Somos Perú), quienes demandaron al gobierno el cambio del mediático coronel.

El principio de autoridad es una de las vigas centrales del estado constitucional de derecho, así como la autonomía de los poderes públicos y la prevalencia de las jerarquías. Si se horadan esos principios se impondrán el caos y la anarquía, que es a lo que aspiran los sectores extremistas que, sin ninguna duda, aprovecharán este incidente para intentar vacar la Presidencia de la República y que se convoquen nuevas elecciones.