Cajamarca no debe seguir dejando su cobre bajo tierra

Un reciente estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE) sobre el costo de los retrasos mineros vuelve a poner sobre la mesa una realidad que Cajamarca conoce desde hace años: postergar una inversión no significa simplemente esperar algunos años para que una empresa construya una mina. Significa renunciar, durante todo ese tiempo, a empleos, actividad económica, ingresos fiscales y oportunidades de desarrollo. Entre los proyectos analizados por el IPE figura precisamente Michiquillay, uno de los grandes yacimientos de cobre de Cajamarca.

La dimensión del problema es considerable. El IPE estima que entre 2008 y 2024 los retrasos de Tía María, Los Chancas y Michiquillay representaron S/ 13,095 millones de inversión no ejecutada y S/ 123,012 millones de producción que no llegó a concretarse. En el caso de las regiones involucradas —Arequipa, Apurímac y Cajamarca— se habrían dejado de generar S/ 50,782 millones en recaudación fiscal. Además, los retrasos significaron miles de puestos de trabajo que nunca llegaron a crearse durante las etapas de construcción y producción.

Estos datos permiten mirar de otra manera el debate sobre la minería en Cajamarca. Con frecuencia, la discusión se concentra en los eventuales impactos ambientales de los proyectos o en los conflictos sociales que han acompañado a algunas inversiones. Son asuntos legítimos que deben ser atendidos con rigor. Pero también debería discutirse el costo económico y social de mantener durante años paralizados recursos que podrían generar empleo, impuestos, infraestructura y nuevas actividades productivas.

Cajamarca es, en ese sentido, un caso particularmente significativo. La región posee una de las mayores carteras de proyectos cupríferos del país, con iniciativas como Conga, Galeno, La Granja, Cañariaco Norte y Michiquillay. En conjunto, representan inversiones potenciales superiores a los US$ 16,000 millones. Sin embargo, una parte sustancial de esa riqueza continúa sin convertirse en producción ni en oportunidades concretas para la población.

El cobre ofrece una oportunidad que el Perú no debería desaprovechar. El metal ya representa cerca del 30% de las exportaciones nacionales y su demanda mundial tiene perspectivas de crecimiento debido a la electrificación, las energías renovables, las redes eléctricas y otras tecnologías que requieren grandes cantidades de este mineral. El país posee reservas importantes y experiencia minera. La pregunta es si será capaz de transformar esas ventajas en nuevas inversiones.

Para Cajamarca, la respuesta puede tener consecuencias decisivas. El desarrollo del corredor cuprífero regional podría aportar alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas adicionales de cobre al año, equivalentes aproximadamente al 60% de la producción nacional actual. No se trataría, por tanto, de agregar unas cuantas operaciones al mapa minero, sino de modificar sustancialmente la escala de la producción peruana de cobre.

En este escenario, Michiquillay merece una consideración especial. El proyecto, adjudicado a Southern Perú, contempla una inversión cercana a los US$ 2000 millones y una producción estimada de 225,000 toneladas métricas de cobre anuales. Su entrada en operación permitiría incrementar en casi 10% la producción nacional del metal. Pero el dato más revelador es otro: el proyecto estaba previsto originalmente para iniciar operaciones en 2016 y, según el análisis del IPE, su desarrollo se produciría después de 2030. Son más de dos décadas entre el horizonte inicial y la fecha que hoy se contempla.

Cada año de demora tiene un costo. Mientras Michiquillay permanece sin producir, no solo se posterga la extracción de cobre. También se aplazan la inversión en infraestructura, la contratación de trabajadores, la demanda de servicios, las compras a proveedores y los ingresos fiscales que una operación de esta magnitud podría generar. El efecto se extiende mucho más allá del perímetro de la futura mina.

Por eso, Michiquillay debería ser concebido como un proyecto de desarrollo regional y no solamente como una operación minera. Su construcción puede generar una red de empresas de transporte, construcción, energía, mantenimiento, metalmecánica, servicios especializados y tecnología. La experiencia de otras regiones mineras demuestra que los mayores beneficios aparecen cuando alrededor de la gran inversión se desarrolla un tejido empresarial capaz de participar de manera permanente en la nueva economía.

Los niveles de pobreza de Cajamarca hacen todavía más urgente esta discusión. Aunque la pobreza nacional se redujo durante 2025, el 25.7% de los peruanos todavía se encontraba en esa situación. Cajamarca continúa entre las regiones con mayor incidencia y acumula 17 años consecutivos dentro del grupo con mayor pobreza extrema. La coexistencia de estos indicadores con una cartera minera de miles de millones de dólares no puede ser ignorada.

Cajamarca tiene cobre. Tiene proyectos. Tiene una demanda mundial que puede favorecerlos. Lo que necesita ahora es convertir ese potencial en decisiones concretas. Michiquillay puede ser el primer paso, pero su verdadera importancia estará en demostrar que el Perú todavía puede transformar una cartera de proyectos postergados en una estrategia de crecimiento. Seguir dejando el cobre bajo tierra también es una decisión. Y Cajamarca ya ha pagado durante demasiado tiempo el costo de esa decisión.