Para todos los peruanos de buena voluntad –es decir, para quiene...
El predictamen de la Comisión de Energía y Minas del Legislativo que pretende modificar la Ley General de Minería reduciendo los plazos de 30 a 15 años en las condiciones de explotación mínima por hectárea en las concesiones e incrementando los derechos de vigencia sobre la base de establecer un concepto gaseoso, abierto, arbitrario, de las llamadas “concesiones ociosas”, es el preludio de un nuevo movimiento revolucionario a través de tomas de minas. Mediante este concepto no solo se legalizarían los asaltos e invasiones de las áreas con reservas probadas de mineral de las concesiones formales, sino que se alentarían nuevas expropiaciones de la minería ilegal.
Para entender este fenómeno vale comparar épocas y relatos. A inicios de los sesenta emergió una narrativa acerca de que la superficie de la tierra estaba controlada y concentrada por los latifundistas; y en la costa, incluso, se hablaba de “los barones del azúcar”. En la Convención y Lares en el Cusco, un joven Hugo Blanco, trotskista, comunista, iniciaría un proceso de tomas de tierras que se generalizaría en otras regiones. Años después, la reforma agraria velasquista perpetró la segunda mayor expropiación de propiedad de nuestra historia (la primera fue la realizada por los criollos triunfadores de Ayacucho y Junín sobre las comunidades campesinas luego de la independencia) y los resultados fueron devastadores: el Perú se hundió en el subdesarrollo, el PBI cayó más del 30% y más del 60% de la población se empobreció, al igual que hoy en Venezuela. Nos costó décadas salir del hoyo.
Hoy la narrativa que impulsan los sectores que toleran la minería ilegal, igualmente, señala que hay concentración y especulación de concesiones y que, en este universo, existen concesiones ociosas que deben revertir al Estado. La narrativa no se sostiene un segundo porque apenas el 15% de la superficie nacional está concesionada. El resto es un enorme espacio para los emprendimientos.
Pero lo más grave: los mayores conflictos entre la minería formal y moderna y la minería ilegal se producen en el corredor vial del sur y la provincia de Pataz en La Libertad. Es decir, en concesiones formales en donde la inversión en incesante exploración ha posibilitado ampliar las reservas probadas de minerales. Por ejemplo, todo el tajo Sulfobamba de Las Bambas, un megaproyecto de US$ 10,000 millones, está invadido por la minería ilegal.
Las concesiones formales en el Perú, debido a la tramitología y a la permanente tensión entre sistema y antisistema en la política y la sociedad, suelen demorar más de tres décadas para materializar una inversión. En este contexto, todas las concesiones modernas en cualquier potencia minera mundial (Canadá, Australia, Chile y el propio Perú) suelen explotar el mineral y desarrollar una incesante exploración en busca de ampliar las reservas probadas. Es la única manera de alargar la vida útil de la mina, de incrementar la rentabilidad del proyecto luego de pagar los préstamos en el sistema financiero internacional.
Aumentar reservas probadas a través de exploración es la clave de la concesión moderna. De esta manera los países se vuelven potencias mineras y la sociedad se beneficia de la riqueza mineral. Bueno, sobre las reservas probadas de las concesiones formales se producen los asaltos a invasiones de las minas, evidentes actividades de minería ilegal que el concepto de la concesión ociosa pretende legalizar.
¿Qué se produciría si el Congreso aprobara este tipo de legislación? Es incuestionable que se legalizarían todas las invasiones de la minería ilegal y, en medio de las elecciones generales, se produciría una ola revolucionaria de asaltos y expropiaciones de minas.
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