Desde el 2026, ¡a reformar la actual descentralización!

En un informe de la Contraloría General de la República de mediados de setiembre se establece que los gobiernos regionales ejecutan menos de la mitad de los presupuestos destinados a obra pública. El mencionado informe señala que los gobiernos regionales de Huánuco, Lambayeque, Áncash y Callao presentan los niveles más bajos de ejecución. Semejante hecho es una terrible noticia para el objetivo de cerrar las brechas en infraestructuras básicas en el país.

Si consideramos que entre 3 y 3.5 millones de peruanos no tienen acceso al agua potable y más de 8 millones, igualmente, carecen de acceso al alcantarillado; asimismo, si tenemos en cuenta que cerca de 2 millones de peruanos no tiene acceso a la electricidad, sobre todo en las áreas de las regiones de la selva; que la sociedad enfrenta déficit de postas médicas de atención primaria y déficits terribles en la infraestructura educativa, la noticia acerca de que los gobiernos regionales gastan menos de la mitad de los presupuestos destinados a inversión pública es devastadora, inaceptable. Y si agregamos a la reflexión el hecho que de cada 3 soles del presupuesto nacional 2 se gastan a través de los gobiernos regionales la noticia es aterradora. Y si las inversiones en infraestructuras básicas corren a cargo de las regiones, entonces el Perú parece condenado a que, en algunas regiones, el 80% de la población carezca de servicios básicos.

Pero eso no es todo. Cuando los gobiernos regionales gastan, como se dice, gastan pésimamente. Y no hay efecto alguno en la solución de los problemas de infraestructuras básicas. Por ejemplo, según el Plan de Competitividad del 2019 las brechas en infraestructuras básicas sumaban S/ 117,000 millones. Entre el 2019 y el 2023 se gastaron S/ 195,000 millones. En otras palabras, se devengó cerca de 167% de la brecha total.

Sin embargo, los resultados fueron lamentables. Por ejemplo, en agua y saneamiento se gastó alrededor del 80% de la brecha considerada en el estudio, pero el déficit de agua se incrementó en 1% y el déficit de saneamiento en 0.5%. Igualmente, el 96% de los centros educativos están en situación de precariedad y el 97% de los centros de salud de atención primaria, igualmente, están en estado lamentable.

Cifras más, cifras menos, la verdad es incuestionable: los gobiernos regionales se han convertido en una rémora para resolver la falta de servicios básicos en la sociedad. Una situación inaceptable.

¿Qué hacer ante semejante situación? Es evidente que el gasto en alrededor del 167% de la brecha y los nulos efectos sobre la sociedad y las regiones más pobres revela irregularidad y corrupción. La obra pública es contratada con los amigos o familiares de las autoridades y el agua potable, el alcantarillado y los colegios no llegan. De alguna manera el Estado nacional, la nueva administración que se instalará el 2026, tiene que buscar una manera de recentralizar la obra pública en las regiones a través de los cambios legales correspondientes.

Por ejemplo, las obras de agua potable, de alcantarillado, la construcción de colegios y postas médicas deben ser estandarizadas en modelos que impliquen predictibilidad en los costos y las inversiones en materiales. Es decir, plan y calidad en la inversión a través de la estandarización de la obra. Si una región necesita 100 colegios y 100 postas médicas, entonces, se debe licitar la obra en su conjunto para que grandes empresas constructoras asuman la construcción: calidad, ahorro y menos irregularidades.

Es incuestionable que la actual regionalización representa uno de los mayores fracasos en la construcción del Estado en las últimas décadas. Regiones enteras, sobre todo las más pobres, tienen inaceptables déficits en infraestructuras básicas no obstante lo que se gasta, no obstante que el crecimiento del sector privado ha incrementado la recaudación y ha repletado los bolsillos de las regiones.

Una gran tarea para la nueva administración del 2026.