En los noventa fue el Estado-empresario, ¡hoy es el Estado burocrático!

El triunfo de Keiko Fujimori no solo significa salvar el modelo económico, sino también la posibilidad de concretar una segunda ola de reformas que relancen al Perú en camino al desarrollo y su conversión en una verdadera potencia mundial.

Sin embargo, el desarrollo de una nueva ola de reformas demanda definir el escollo principal a estas transformaciones. Y sin lugar a dudas es el Estado burocrático que ha surgido en las últimas décadas, y sobre todo el devastador fracaso de una descentralización que se ha convertido en el espacio en donde se saquea la riqueza nacional que produce el sector privado.

El Estado en el Perú consume una tercera parte del PBI nacional, que suma alrededor de US$ 300,000 millones a través del gobierno nacional, los gobiernos subnacionales y las empresas públicas. Sin embargo, las regiones con más pobreza tienen cerca del 30% de la población sin agua potable. En el último quinquenio las regiones y municipios han gastado tres veces más de lo planificado para resolver todas las brechas sociales en agua, alcantarillado, escuelas, postas médicas y carreteras. ¿Adónde se ha ido la riqueza nacional que producen las mineras, las agroexportadoras, las pesqueras y el sector privado que financia el 80% de los ingresos fiscales?

Pero el Estado no solo saquea la riqueza nacional. También crece en ministerios, oficinas, dependencias, sobrerregulaciones y todo tipo de procedimientos. Es el Estado burocrático que bloquea inversiones, fomenta la informalidad y agrava la posición fiscal de nuestra economía. El Estado burocrático necesita, para mantenerse, seguir aumentando impuestos; es decir, ahorcando al sector privado.

Por todas estas consideraciones, si Keiko Fujimori necesita transformar el Perú y desarrollar una nueva ola de reformas tiene la obligación de terminar con el Estado burocrático. En los años noventa su padre, Alberto Fujimori, acabó con el Estado empresario que había llevado al Perú a la bancarrota general y había empobrecido a más del 60% de la población.

La primera oleada de reformas de Alberto Fujimori impulsó la privatización de más de 200 empresas estatales con el objeto de acabar con el déficit fiscal que desataba la hiperinflación y convocar al capital privado a la minería, el agro, las inversiones en recursos naturales, pesquería y servicios. La sovietización velasquista del Perú había sido tan extrema que el Estado vendía boletos de cine, arroz y leche. La crisis actual de Venezuela era muy parecida a la tragedia velasquista.

El gobierno de Alberto Fujimori estableció el papel subsidiario del Estado con respecto al sector privado, desreguló los mercados y los precios y consagró el respeto irrestricto a la propiedad privada y los mercados. El PBI se multiplicó por cinco veces y la pobreza se redujo del 60% de la población a 20% antes de la pandemia y del gobierno de Pedro Castillo. Sin embargo, paralelamente a este proceso surgió el Estado burocrático que se convirtió en el principal enemigo del modelo y de la inversión privada y de toda la sociedad.

El reto de Keiko Fujimori entonces es lanzar una cruzada nacional para desregular el Estado y reducir los procedimientos a una sola ventanilla y a unas cuantas operaciones. No puede ser que el Estado burocrático haya incrementado los procedimientos mineros de 12 a más de 265. Imposible. En este contexto, el Perú debe avanzar a una nueva reforma tributaria que baje tasas y simplifique el sistema de recaudación. Igualmente, lanzar una cruzada por la formalización del empleo implica flexibilizar los contratos de trabajo, a semejanza de los países desarrollados con pleno empleo.

Asimismo, el Estado debe lanzar un shock de inversiones en infraestructuras a través de las asociaciones público-privadas y el sistema de obras por impuestos. Y como ejes transversales a estas reformas, la transformación del sistema educativo y del sistema de salud para promover la creación de un capital humano; es decir, una generación de trabajadores saludables y educados con la suficiente capacidad para competir e innovar en los mercados de la IV Revolución Industrial.

Por todas estas consideraciones no es exagerado sostener que la condición de cualquier reforma ayer fue acabar con el Estado-empresario, y hoy es cancelar el Estado burocrático.