¡Hay más producción de oro ilegal que formal! ¡Increíble!

La minería ilegal es una amenaza cada vez más difícil de contener. En 2025 movilizó alrededor de US$ 12,000 millones, equivalente al 2.7% del PBI y diez veces el valor asociado al tráfico de drogas. Un año después, desde el Instituto Peruano de Economía (IPE) se estima que solo las exportaciones ilegales de oro alcanzarán al menos US$ 16,000 millones en 2026, pudiendo superar los US$ 18,000 millones.

Durante el primer semestre de 2026, la producción ilegal de oro aumentó 19.4%, mientras la producción legal cayó 5.9%. El resultado: el oro de origen ilegal superó en 8.7 toneladas al de procedencia formal. Para el cierre del año, desde el IPE se calcula que la producción ilegal podría alcanzar entre 110 y 120 toneladas, lo que significaría que entre 52% y 55% del total de oro exportado tendría origen ilegal. El fenómeno también está alcanzando al cobre. Desde el FMI se alertó que hasta 5% de las exportaciones peruanas de cobre habrían tenido origen ilegal durante 2024, equivalente a más de US$ 1,150 millones.

Este auge encuentra su principal incentivo en la rentabilidad de los minerales. La onza troy de oro se mantiene alrededor de los US$ 4000, mientras el cobre supera los US$ 6.33 por libra. Ambos minerales tienen una elevada demanda internacional: el oro como activo refugio frente a la inflación, la incertidumbre geopolítica y la volatilidad financiera, y el cobre por su importancia estratégica para la transición energética y tecnológica. 

El poder económico que ha alcanzado esta actividad se traduce en una creciente capacidad para ocupar y deteriorar territorios. En la Amazonía peruana, la minería ilegal pasó de registrarse en siete departamentos durante 2024 a alcanzar 11 en 2026, prácticamente la totalidad. En la Reserva Nacional Tambopata se identificaron 183 infraestructuras mineras y 67 campamentos, mientras que hasta septiembre de 2026 se realizaron 201 intervenciones contra esta actividad en Madre de Dios. En Pataz, La Libertad, los operativos policiales han permitido incautar bienes y dinero vinculados con la extracción ilegal de minerales valorados en más de S/ 232,000. 

Su alcance llega incluso a espacios donde confluyen el patrimonio cultural y la protección ambiental. En Ica ocasionó daños en una de las figuras arqueológicas de las Líneas de Nasca. A ello se suma la destrucción de más de 140,000 hectáreas de bosques y la contaminación de al menos 225 cuerpos de agua con mercurio. 

Esta expansión también representa una pérdida considerable de recursos para el Estado. Entre 2023 y 2025, la exportación ilícita de oro y cobre habría significado pérdidas en tributos en más de S/ 7,500 millones y cerca de S/ 2000 millones asociados a esquemas de evasión. Desde el Ejecutivo se calculó que esos recursos habrían permitido financiar 1500 escuelas primarias rurales, 750 centros de salud, 375 comisarías o 750 kilómetros de carreteras en las mismas regiones afectadas por la actividad ilegal. Es más, desde la Unidad de Inteligencia Financiera, se estimó que durante la última década las operaciones de lavado de activos vinculadas con esta actividad habrían alcanzado aproximadamente US$ 22,800 millones.

Todo este escenario configura una amenaza directa para el Estado de derecho y exige una respuesta del Gobierno a la altura de la magnitud alcanzada por esta actividad. La minería ilegal ha llegado a cifras históricas, está adquiriendo una capacidad económica cada vez mayor y continúa extendiéndose sobre territorios, recursos naturales y espacios protegidos. Por ende, Keiko Fujimori debe recuperar la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley y evitar que una economía ilegal continúe fortaleciéndose a costa del patrimonio, el ambiente y los recursos de todos los peruanos.