La minería ilegal puede destruir el Perú

Si el Estado de derecho en el Perú, si las instituciones del sistema de justicia, si los políticos y los movimientos políticos no deciden enfrentar frontalmente a la minería ilegal, tarde o temprano está economía delictiva puede destruir el Estado de derecho y crear un problema de seguridad en toda la región. ¿A qué nos referimos? Considerando que hoy la minería ilegal moviliza más de US$ 12,000 millones (según el Instituto Peruano de Economía), que el precio de la onza de oro puede llegar a los US$ 5,000 y que la libra del cobre puede llegar a los US$ 6, es incuestionable que esta actividad ilícita puede convertirse en más rentable que el narcotráfico. ¿Qué sucedería en estas circunstancias? Es evidente que los mineros ilegales serían desplazados por los cárteles internacionales que operan en la región.

En ese sentido tolerar, contemporizar con la minería ilegal, sobre la base de clientelas y adhesiones electorales, puede ser la peor inversión para un político en el mediano y largo plazo, o para cualquier actor del espacio público en el país. La minería ilegal es una amenaza soberbia para todo el Estado de derecho en el Perú.

Una de las cosas más impresionantes de la minería ilegal –aparte de la inacción de las instituciones del Estado de derecho y de los partidos políticos– es que esta economía ilegal ha prosperado en el Perú con los bloqueos y paralizaciones de minas que han desarrollado los sectores antimineros en base a las leyendas y narrativas falsas, creadas por las oenegés anticapitalistas.

Por ejemplo, ya se conoce que, en el proyecto Conga en Cajamarca han comenzado a aparecer decenas de asentamientos de mineros ilegales que se desplazan de la provincia de Pataz a organizar nuevos emprendimientos ilegales. ¡Una terrible noticia! Conga es un proyecto de oro y cobre que fue paralizado por las mentiras de las oenegés anticapitalistas durante el gobierno de Ollanta Humala. El mencionado proyecto forma parte del llamado cinturón de cobre que integran los proyectos de La Granja, El Galeno, Michiquillay, entre otros, minas que también fueron paralizadas simultáneamente con Conga con el estribillo de “agua sí, oro no”. 

El llamado cinturón de cobre del norte pudo haber agregado 1.5 millones de toneladas métricas de cobre (TMC) a la actual producción nacional de 2.8 millones de TMC. Si las minas de Cajamarca estuvieran en producción, el Perú crecería sobre el 5% a pesar de la crisis política, la pobreza nacional estaría debajo del 15% y Cajamarca no sería la región más pobre del país, con 45% de la población afectada por este flagelo, sino la circunscripción con el ingreso per cápita más alto del país.

Hoy la minería ilegal avanza en el Perú por la falta de un Estado de derecho que proteja el sistema de propiedad minera y por las arteras narrativas de las oenegés anticapitalistas que paralizaron la cartera de proyectos mineros del país.

Si hay alguna duda recordemos la tragedia que sucede hoy en Tambogrande, en el Valle de San Lorenzo (Piura). Hace unos años se paralizó el proyecto de oro de la minera canadiense Manhattan Minerals agitando una supuesta defensa del limón, el ceviche e incluso el mango. Las oenegés progresistas de entonces, en el mejor estilo goebbeliano, señalaron que el proyecto minero era una amenaza para la agricultura.

Y entonces se fue Manhattan y ahora 4,500 mineros ilegales que no pagan impuestos, no crean empleo formal y destruyen el medio ambiente para las siguientes generaciones, han convertido a Tambogrande en un Viejo Oeste. La minería ilegal utiliza mercurio y destruye la agricultura del valle.

La minería ilegal, pues, es una de las mayores amenazas que enfrenta el Estado de derecho y el proyecto de un Perú desarrollado.