Defender la educación privada como parte de la reforma educativa

La permanente crisis política que enfrenta el Perú, alrededor de la viabilidad o no del Gobierno del presidente Castillo, nos lleva a ignorar que algunas políticas públicas organizadas en los últimos lustros están en serio peligro. Una de ellas es la oposición de la administración Castillo a la carrera pública magisterial, consagrada en la Ley N° 29944, que ha posibilitado que más de 260,000 docentes a nivel nacional –de un total de más de 422,000– sean nombrados y promovidos mediante políticas de capacitación exámenes que miden la calificación de un docente. Es decir, en base a la meritocracia.

El Gobierno de Castillo se opone a esta política pública y sorpresivamente los exámenes se filtran en el último concurso nacional. Hoy la prueba 2021 está viciada. De alguna manera entonces el Ejecutivo está avanzando en su objetivo de nombrar indiscriminadamente a los docentes, sin considerar sus calificaciones académicas y sin tomar en cuenta el interés de los niños que asisten a la escuela pública, sobre todo los más pobres.

Sin embargo, otra área muy sensible en que el Ejecutivo parece empeñado en imponer su agenda estatista tiene que ver con la educación privada. El ministro de Educación, Carlos Gallardo, ha calificado a este sector como “los mercaderes del templo”, sin considerar el gigantesco aporte del sector privado al sistema educativo.

Vale recordar que dos tercios de la matrícula en la educación básica es atendida por la escuela pública, mientras que un tercio por la escuela privada. En la educación superior sucede todo lo contrario. Dos tercios de la matrícula es atendida por el sector privado, en tanto que un tercio por la universidad pública. En el caso de las universidades, desde que se posibilitó la inversión privada en el sector, los claustros públicos han mantenido el número tradicional de alumnos favoreciendo a los sectores excluidos. La ampliación de la cobertura corrió a cargo del sector privado.

¿Qué va a hacer el señor Gallardo con estos números? Si califica de mercaderes del templo a los sectores educativos privados, ¿de dónde sacaría los recursos para solventar el paso de estos estudiantes al sector público?

Según el estudio La contribución económica de la educación privada en el Perú, realizado por Apoyo y Consultoría, el PBI del sector privado educativo sumaba más de S/ 13,000 millones en el 2019. Una cantidad que representa el 60% del PBI total del sector educación. ¿Cómo el Estado podría asumir semejante oferta educativa? Una verdadera locura que afectaría sobre todo a los niños más pobres, porque se tendría que destinar recursos a áreas hoy atendidas por el sector privado.

Asimismo, según el mencionado informe de Apoyo, el sector privado representa el 2% del PBI, el 60% del PBI educación y el 42% del gasto público en educación. He aquí uno de los hechos más graves de las posiciones que demonizan al sector privado en la educación: el 74% de los alumnos corresponde a los sectores C y E. En otras palabras, amplías mayorías populares y sectores emergentes en los centros privados.

¿Hay alguna racionalidad en el fundamentalismo ideológico del ministro de Educación? Ninguna.

Por otro lado, cabe señalar que en la última prueba PISA, los colegios privados de educación básica lograron los mayores puntajes en América Latina. Es decir, los colegios privados deberían convertirse en un modelo de gestión para todo el sistema educativo. Sin embargo, en el Minedu se califica a este sector de mercaderes.

Como se aprecia, la reforma educativa comienza a ser saboteada desde diversas aproximaciones. Una de ellas es la intención de demonizar a la educación privada.