A pesar del creciente aislamiento de Israel en buena parte de ...
La extracción quirúrgica del ex sátrapa venezolano Nicolás Maduro por parte de la administración Trump –el 3 de enero de 2026, mediante la Operación Resolución Absoluta– cerró 26 años de un régimen que convirtió a la nación con las mayores reservas petroleras del planeta en un páramo de miseria, terror y corrupción institucionalizada.
Los números del Banco Central de Venezuela son la radiografía de un colapso sin precedentes: la inflación interanual llegó a 576% en julio de 2026, tras haber tocado picos de más de 2,940% en 2021, un fenómeno que el FMI calificó como la peor hiperinflación registrada en América Latina en el último siglo. El déficit fiscal, según cifras del propio FMI, se ubicó en 31% del PBI en 2018, uno de los peores desequilibrios fiscales jamás documentados por el organismo para cualquier economía del mundo, y aunque se moderó a 3.6% en 2024, ese "ajuste" todavía no es suficiente porque Venezuela espera el regreso de la inversión privada.
La deuda pública llanera, calculada por el Ministerio de Planificación y Finanzas venezolano, escaló hasta 336.5% del PBI en 2020, un nivel que convirtió a Venezuela en insolvente ante cualquier estándar internacional, y aún hoy se mantiene en 164.3% del PBI en 2024. El PBI nominal se desplomó de US$ 288,530 millones en 2016 a apenas US$ 111,810 millones en 2021, una contracción de más del 60% que el Banco Mundial documenta como el mayor colapso económico de un país no en guerra desde mediados del siglo XX.
En el plano político e institucional, el chavismo-madurismo destruyó la separación de poderes al someter al Tribunal Supremo de Justicia, que tras la captura de Maduro se apresuró a designar a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, en un movimiento que Estados Unidos y buena parte de la comunidad democrática internacional no reconocieron como legítimo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en su acusación desclasificada del Distrito Sur de Nueva York, documentó cómo Maduro dirigió durante años un gobierno corrupto e ilegítimo sostenido por el nefasto Cartel de los Soles, una estructura de narcotráfico integrada por altos mandos militares y políticos del chavismo que usó al Estado venezolano como plataforma logística para introducir miles de toneladas de cocaína en territorio estadounidense.
Más allá de los números y las instituciones capturadas, el legado de Maduro es la fractura moral de una sociedad entera: millones de venezolanos emigraron huyendo del hambre y la represión mientras el régimen erosionó la confianza institucional, blindó la impunidad de sus jerarcas y convirtió el crimen organizado en política de Estado, normalizando la corrupción como forma de gobierno durante más de dos décadas. Cabe resaltar que el éxodo masivo de venezolanos alrededor de mundo ha sido superior, incluso, a la fuga que el pueblo judío desarrolló durante los tiempos de Hitler
Hoy Maduro enfrenta en Manhattan cargos por conspiración de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra, que ya pesaban sobre él desde 2020, ante el juez federal Alvin Hellerstein, quien ordenó su detención sin fianza. No hay duda alguna: Maduro merece pagar con una condena severa en una prisión federal estadounidense por los delitos de lesa humanidad y narcoterrorismo que cometió durante años, y ninguna narrativa victimista del chavismo residual puede lavar la sangre y la miseria que dejó en Venezuela. La justicia de Estados Unidos es hoy la única vía real para que el pueblo venezolano obtenga algo de dignidad luego de tantos padecimientos.
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