¿Cámara de Diputados pretende ser un soviet?

La Cámara de Diputados aprobó delegar facultades al Ejecutivo para legislar por 90 días en materia de seguridad ciudadana y para enfrentar las urgencias del fenómeno de El Niño. En una jornada legislativa signada por las marchas y contramarchas, la confusión y el desconocimiento del reglamento de la cámara y los procedimientos legislativos, en un primer momento se desestimó la propuesta de consenso que había aprobado la Comisión de Constitución con el respaldo de cuatro bancadas. 

Con el voto en contra de Juntos por el Perú y de Fuerza Popular se rechazó la propuesta de consenso. En el caso del oficialismo, con legítimo criterio para la gobernabilidad y poco criterio político, la estrategia fue ampliar la delegación de facultades legislativas a temas de inteligencia, respaldo de las fuerzas armadas a la labor policial, la definición de un sector del crimen organizado transnacional como terrorismo y, por supuesto, la necesidad de legislar en algunas materias económicas.

Decimos poco criterio político porque la composición de las bancadas legislativas no permitía formar una mayoría de ese tipo. La voluntad obstruccionista en el radicalismo y la poca personalidad de los sectores llamados de centro era incuestionable. A partir del yerro de desestimar la propuesta de consenso se presentaron todo tipo de idas y venidas hasta que, finalmente, se reconsideró el rechazo y se aprobó la propuesta mayoritaria que consensuaron cuatro bancadas en la comisión de Constitución.

El proyecto se aprobó por 66 votos con el respaldo de Fuerza Popular, Renovación Popular, Partido Cívico Obras y Ahora Nación. Hubo 34 votos en contra de Juntos por el Perú y 16 abstenciones del Partido del Buen Gobierno.

El desorden que se presentó en las bancadas del oficialismo, del radicalismo extremista y de los llamados sectores de centro, a nuestro entender, tiene que ver con una narrativa extremadamente antidemocrática y peligrosa para la gobernabilidad que, en un primer momento, impusieron todos los sectores de la izquierda. ¿Cuál? Los sectores del llamado centro político, a través de Jorge Nieto, comenzaron a plantear que, si se establecía un acuerdo en la cámara de Diputados, entonces, el Senado y por extensión el Ejecutivo no deberían contravenir esa decisión. Una de las cosas más sorprendentes es que algunos analistas y medios comenzaron a repetir esa barbaridad política como si se tratara de un sentido común.

Un acuerdo político obliga a las fuerzas políticas que pactan en todas las instituciones y el sistema cuando se trata de temas de gobernabilidad en el mediano y largo plazo. La izquierda pretendía, a partir del chantaje de una delegación de facultades, secuestrar al oficialismo y maniatarlo en el Senado y en el propio Ejecutivo. Si el Ejecutivo aceptaba ese chantaje entonces el gobierno de Fuerza Popular se convertía en un administrador de la crisis actual organizada por la izquierda, sin posibilidades de desarrollar reformas y transformaciones. Inaceptable desde cualquier punto de vista.

Exagerando las cosas, incluso, se podría afirmar que la izquierda había encontrado una nueva estrategia de poder: utilizar la cámara de Diputados para extorsionar a todo el Estado de derecho y el sistema constitucional. Lo más grave de todo de la estrategia izquierdista era que, inevitablemente, lleva a la colisión de poderes contemplada en la Constitución, que puede culminar con la disolución de la cámara baja.

El gran problema es que los propios oficialistas, de alguna forma, parecen haberse comprado el chantaje izquierdista. ¿Por qué? En vez de aprobar con rapidez y celeridad el dictamen consensuado por cuatro bancadas y luego hacer los agregados y adiciones respectivos en el Senado se propusieron ampliar la delegación en Diputados desatando todo el desmadre que conocemos.

La conclusión es inevitable: la poca personalidad del llamado centro político incuestionablemente le ha otorgado un protagonismo exagerado al radicalismo extremista en la Cámara de Diputados y hace inviable un gobierno de Fuerza Popular que impulse reformas y transforme el país. 

El choque de poderes, pues, parece inexorable. A menos que el Gobierno se dedique a administrar la crisis.