Lo que no debe ser la justicia

 

El sistema de justicia peruano no ha funcionado para lo que fue creado: impartir justicia. Nuestra historia lo evidencia, pues la justicia ha servido para los fines del poder de turno en cuanto a los temas trascendentales del Estado; y de otro lado, existe la percepción, casi concordante con la realidad, de que la corrupción endémica de nuestro país ha encontrado un nicho en el sistema de justicia, afectando esencialmente a las personas con menos recursos.

Un aspecto que parece obvio, respecto al problema estructural que presenta el sistema de justicia, es que se entrelaza con la corrupción que nos llega como una herencia desde la época de la colonia. Un problema que solo se ha modificado parcialmente en el tiempo que ha transcurrido hasta la actualidad, pero no ha desaparecido ni menguado significativamente. Sería injusto generalizar, pero existe la percepción de que gran parte del sistema de justicia realmente se involucra en prácticas corruptas.

Nuestro sistema de justicia no cumple debidamente su rol por su falta de eficiencia e imparcialidad. Esto genera un estado de derecho frágil y débil, en la medida de que el mal funcionamiento del sistema de justicia tiene una relevancia de primer orden. Esto además se correlaciona con una ciudadanía que no se reconoce “justiciable”, por la carencia o flaqueza de un aparato de justicia que no desempeña a cabalidad su función que emana de la Constitución: resguardar que los órganos del Estado cumplan las reglas establecidas en el orden legal.

Tenemos un prolijo entramado de leyes, con la Constitución, la norma magna, como regla fundamental. Pero cuando debe aplicarse toda la gama de normas, los operadores del derecho —de forma especial los jueces— no garantizan el cumplimiento de los derechos reconocidos a los ciudadanos. Para que estos derechos sean efectivos se requiere que los espacios donde se discuten resulten accesibles para todos los que desean recurrir al sistema de justicia; especialmente las personas de menores recursos. Y eso es  lo que legitima a los tribunales y todo el sistema.

Contrariamente, como una herencia que no ha cambiado en el tiempo, todo el aparato de justicia toma sin mayor fastidio su ineficiencia, cuyo efecto social consiste en una radical falta de respeto por la ley (Luis Pásara). Para que el estado de derecho sea efectivo se requiere que los ciudadanos tengan acceso a mecanismos para resolver sus conflictos y que la actuación del Estado se encuentre efectivamente bajo control de la ley; y que ambos factores sean responsabilidad de un aparato de justicia independiente y efectivo. Estas premisas no se cumplen en nuestro país.

Si podemos identificar una característica muy marcada de nuestro sistema de justicia, es que la aplicación de las normas depende de las circunstancias especiales y de quién pretenda el acceso a la justicia. Esto ha generado una situación de impunidad para sectores que, en el entramado del sistema de justicia, son los que generalmente gozan de mayor poder. Lo expresa bien Luis Pásara: “Si los jueces no tienen capacidad efectiva para poner límites al uso del poder de las autoridades, la democracia resulta resentida. Pero el efecto social puede ser aún más profundo cuando las normas no son aplicadas a todos por igual. Las diferencias existentes en la sociedad —en razón de riqueza, origen étnico, nivel de educación, etc.— se exacerban debido a la ausencia de un conjunto de reglas efectivamente compartidas y consideradas legítimas por todos. En ese caso la cohesión (de la sociedad) resulta dañada”.

De ese fracaso proviene un estado de cosas en el que aquellos que son débiles y carecen de poder son víctimas de los más fuertes, extendiendo la sensación de que la ley y sus instituciones se encuentran al servicio de intereses privados. El acceso de nuestros compatriotas a la justicia se encuentra obstaculizado por una serie de factores que inciden de modo gravoso sobre los sectores con menores recursos. Estos factores determinan que la justicia sea un bien básico de alto costo en muchos sentidos: económico, tiempo, afectivo, lengua, distancia, etc. A ello se suma la barrera cultural respecto a la institucionalidad que ha dispuesto el Estado para la operatividad del sistema de justicia.

Entonces, lo que ocurre con el funcionamiento de la justicia es que se ha vuelto un “complejo sistema de intermediación”, en el que quienes, sin ser los actores principales de las cuestiones a resolver, se constituyen en los agentes principales: los abogados. Así, el ciudadano promedio enfrenta barreras muy altas y que dificultan su acceso a los tribunales para defender sus derechos.

Creemos que lo que hemos descrito no es lo que debe darse en nuestro sistema de justicia. Y que es precisamente lo que debe corregir la reforma a emprender.