Un fiscal en su contexto

 

El penoso espectáculo que el fiscal José Domingo Pérez ha montado contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular, nos deja ante los ojos del mundo como una tribu de salvajes que usa la ley no para garantizar la paz social y defender los derechos, sino como otra arma para la guerra tribal y la venganza. Ya no hace falta recalcar el sinsentido de sus motivaciones, que han sido ampliamente criticadas por las voces y plumas más sensatas.

El fiscal que trata a Fuerza Popular como organización criminal, llama “guerrilleros” a los terroristas de Sendero Luminoso y califica de “guerra civil” a los ataques terroristas sufridos por el pueblo peruano cuando explotaban coches bomba en la ciudad, dinamitaban torres de alta tensión, asesinaban selectivamente autoridades y masacraban campesinos indefensos. Hay que temer a fiscales que manejan estos criterios políticos y jurídicos.

El fiscal alega que lo han sacado de contexto, como si existiera algún contexto donde pudiera llamarse “guerra civil” al padecimiento de los peruanos bajo el fuego terrorista. O pudiera calificarse de “guerrilleros” a cobardes que atentaban contra la población civil, al amparo de la noche y la clandestinidad, o genocidios contra campesinos aprovechando el aislamiento de pueblos indígenas. No, señor, no existe ningún contexto para usar esos términos.

Lo que este fiscal ha hecho es revelar su filiación ideológica: es un amigo de los terroristas. Ahora sabemos bien de quién se trata y cuál es su verdadera misión, ya que su única hazaña en la vida es haber allanado al fujimorismo y puesto bajo detención a Keiko Fujimori y a sus partidarios, acusándolos de delitos que solo existen en su imaginación, pues su expediente no contiene pruebas, sino tan solo teorías conspirativas delirantes.

Coloquemos al fiscal Pérez, como pide, en el contexto adecuado, donde Keiko Fujimori es la política más perseguida de los últimos 18 años. No solo por la Fiscalía, que le abre un proceso por cada titular de la prensa, sino acosada diariamente por los medios, desde portadas hasta columnas y caricaturas nefastas, a cargo de opinólogos y dibujantes obsesivos, que han hecho del bullying a Keiko su oficio de vida. El antifujimorismo es ya una especialidad del periodismo, y muchos mediocres no tienen nada más que eso en su perfil.

A esto hay que sumarle el acoso permanente de los sectores de izquierda, organizados para combatir a Keiko Fujimori y al fujimorismo mediante campañas de difamación, creando y extendiendo mitos perversos, alimentando el odio en los jóvenes que desde sus primeras palabras empiezan a insultar al fujimorismo. Ese es el contexto en el que actúa este fiscal amigo de terroristas: Keiko Fujimori es la única detenida, y Fuerza Popular el único partido perseguido y allanado por los aportes de campaña de Odebrecht, sin haber estado en el poder.

Lo único nuevo de la tenaz guerra contra el fujimorismo es que ahora han pasado al abuso legal, como penosa continuación de la cacería de brujas desatada por los sectores progres y caviares tras la caída del fujimorato, en la que mucha gente inocente purgó cárcel sin proceso alguno, mientras liberaban terroristas y les anulaban sus juicios. El reinado de la mafia caviar encaramada en el poder tras ingresar por la puerta falsa de Palacio, desde los días de Paniagua y Toledo, no ha terminado. Por el contrario, se ha fortalecido al amparo de Vizcarra.

Keiko Fujimori está pagando el precio de su inocencia política, al creer que extendiéndoles la mano a los caviares y cediendo a sus demandas iba a poder crear un clima de paz. Todo lo que logró fue debilitarse, mientras los caviares avanzaron sobre ella. Craso error ceder ante la izquierda. Eso prueba que Keiko no tiene asesores políticos, sino adulones. No se dan cuenta del objetivo que la izquierda persigue desde la creación apresurada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Nunca hay que perder de vista este contexto histórico.

Estamos en la última fase del terrorismo, la posbélica, que es cuando dan la batalla legal e ideológica para cambiar la historia y torcer la verdad. El uso de esos términos por parte del fiscal Pérez no es casual ni se trata de un desliz. La izquierda es dueña del relato, los conceptos, la memoria y la justicia. Manejan redes sociales, medios e instituciones públicas y privadas. Con todos esos recursos se orientan a la narrativa permanente de los noventa, focalizada en los aspectos negativos del fujimorato, montando mitos y mentiras tremebundas. Nos machacan con “las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta” luego de haber convertido artificialmente a Alberto Fujimori en responsable de esas masacres, con una burda mentira oficial hecha ahora emblema de su campaña para mostrar al Estado como terrorista y a los terroristas como guerrilleros y víctimas.

Este es el contexto en el que actúa el fiscal José Domingo Pérez, como parte de un comando de aniquilamiento encargado de cumplir la ejecución legal de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, en un contexto en el que todo el fujimorismo está siendo diezmado. No nos engañemos con la farsa de la justicia y la lucha contra la corrupción.