Atrapados en una extraña tormenta

En los últimos días, una serie de acontecimientos desordenados han convergido, generando —por sus implicancias— una suerte de "extraña tormenta" que afecta gravemente la gobernabilidad del país. Todo esto coincide, paradójicamente, con la elección del nuevo Papa, cuyas responsabilidades están completamente alejadas de las que incumben a quienes conducen al país por un rumbo nada santo.

El hecho más impactante ha sido la masacre de 13 trabajadores mineros en la provincia de Pataz, La Libertad, perpetrada por bandas criminales vinculadas a la minería ilegal. Miguel Rodríguez Díaz, alias “Cuchillo”, ha sido señalado como autor intelectual del crimen. Sin embargo, al no existir una orden de captura en su contra, ha tenido el atrevimiento de iniciar acciones legales contra la presidenta Dina Boluarte, exigiendo una rectificación pública en un plazo de cinco días. De lo contrario, su abogado ha anunciado que presentará una denuncia formal contra la mandataria.

En este mismo contexto, Panorama reveló una denuncia gravísima de testigos protegidos contra el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria Angulo. Según la investigación, cuando era jefe policial en Arequipa, Zanabria habría enviado subalternos —pagados con S/ 250 diarios— para proteger zonas de conflicto y alertar a los mineros ilegales sobre futuros operativos. Además, se habrían montado falsos ataques registrados en comisarías para justificar estados de emergencia que permitieran el control informal de concesiones mineras, como el caso de la mina Calpa en Atico, Caravelí.

Frente a este clima de violencia y corrupción, la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público expresó su rechazo a la reciente promulgación —sin observaciones— de la Ley 32326. Esta norma modifica la ley de extinción de dominio y limita la intervención sobre bienes adquiridos ilícitamente, incluso en casos graves como corrupción, lavado de activos, delitos ambientales y crimen organizado.

Para completar el escenario, el diario Perú21 publicó la última encuesta de Ipsos: solo 2 de cada 100 peruanos aprueban la gestión de Boluarte. Es decir, un magro 2 % de los 34 millones de peruanos. Una cifra que, de ser precisa, evidencia una desconexión abismal entre la mandataria y las demandas ciudadanas, a poco más de un año de dejar el cargo.

El panorama se agrava con una creciente violencia institucional. Los tres poderes del Estado están severamente cuestionados, siendo el Ejecutivo el más golpeado. La crisis se agudizó con la censura al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, promovida por Fuerza Popular. Ni los recientes cambios en los ministerios de Economía, Transportes e Interior han logrado apaciguar la situación. El gobierno podría quedarse sin gabinete en medio de una medida de lucha de carácter nacional.

Ayer se llevó a cabo un Paro Nacional contra la violencia y el crimen organizado. Aunque no tuvo la contundencia de protestas anteriores, sí mostró una mayor diversidad de actores: transportistas, estudiantes universitarios, comerciantes de Gamarra y Las Malvinas, padres de familia y sindicatos como la CGTP, SUTEP, FENTASE y CUT. Todo esto refleja un incipiente proceso de unidad social con miras a una mayor participación política. Sin embargo, este proceso ya está viciado por la inscripción de partidos con firmas falsas, mientras el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, anunció que recién presentará un proyecto de ley para anular inscripciones fraudulentas, aunque no se aplicaría para las elecciones de 2026.

En resumen, atravesamos un momento extremadamente complicado, una tormenta provocada desde el propio aparato gubernamental, que deberá encontrar la forma de resolverse desde adentro. Y en relación a la elección del nuevo Papa —un hecho importante en el plano espiritual, pero irrelevante para los problemas estructurales del país— es necesario recordar que la fe no puede ser instrumentalizada con fines políticos. Las responsabilidades se asumen en vida, y ningún acto religioso puede absolver la falta de integridad política ni sustituir el cumplimiento de la ley. Por eso, declaraciones que vinculan la elección del papa León XIV con supuestos augurios de bienestar para el Perú no son más que oportunismo y manipulación emocional, especialmente si se concretan en gestos como un eventual viaje de la presidenta al Vaticano, sola o acompañada de los presidentes del Congreso y el Poder Judicial.

Bien por el nuevo Papa. Ojalá la Iglesia Católica se fortalezca, se mantenga cercana al bien y ayude a impregnar valores en su feligresía. Pero en cuanto a los problemas reales que nos afectan, sabemos que no se resolverán con rezos, sino con vigilancia ciudadana y participación activa en todos los espacios sociales y políticos. Porque, como dice el dicho: "Por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar entre las nubes".