Antigua promesa de interconexión petrolera Ecuador-Perú

Como se nota que a los ministerios de Economía y Finanzas (MEF) y Energía y Minas (Minem) no les interesa hacer indagaciones técnicas para ponerle filtros a las informaciones que le envían desde Petroperú a Dina Boluarte. No solo por el entusiasmo de su apoyo incondicional a la empresa, sino para hacer anuncios trillados, como la interconexión de oleoductos petroleros entre Ecuador y Perú, que data de por lo menos hace 20 años. 

Del anuncio inicial a la fecha han ocurrido muchas cosas en Perú y Ecuador, que cada día han hecho más lejana la posibilidad de la conexión de oleoductos. En Ecuador hacia el año 2000 existía una gran expectativa de incremento de la producción petrolera, principalmente de crudos pesados, en la provincia de Orellana, colindante con la provincia peruana de Datem del Marañón, de la región Loreto.

Ecuador en el año 2000 ya contaba con una infraestructura principal de transporte denominada Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE), que era alimentada por oleoductos secundarios que transportaban crudo mediano, para procesarlo en las refinerías de Esmeraldas, La Libertad y Amazonas. Este sistema data de 1972, mientras que el Oleoducto Norperuano (ONP), en sus Tramos I y II, fue puesto en operación en 1976. 

En el 2001 ante la expectativa de un incremento significativo de la producción de crudos en la provincia de Orellana, tanto en el bloque 43 (Ishpingo, Tiputini, Tambococha: ITT) y el bloque 16 (Repsol); mediante una iniciativa de productores privados, se decide construir una segunda infraestructura de transporte denominada Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que se pone en operación en el 2003. 

Luego de la puesta en operación del OCP, la capacidad de transporte de crudos se incrementó significativamente, el SOTE con 360 mil barriles (MB) y el OCP con 450 MB; es decir, 810 MB. Pero la producción se ha mantenido con altibajos en 508 MB, de los cuales el OCP solo ha podido operar con 148 MB, el 33% de su capacidad. 

Una gran limitante al incremento de la producción ha sido la decisión del gobierno de Rafael Correa en el 2010 de cambiar de régimen a los contratos petroleros. Se pasó de contratos de exploración-producción –en los que el contratista tenía la mayor participación del ingreso, pagándole al Estado una regalía– a contratos de servicios, en los que el Estado se queda con la mayor parte del ingreso y le paga al productor por su operación. 

La situación se ha agravado más aún con el cierre, por mandato de referéndum del 2023, del bloque 43 (ITT), que llegó a producir hasta 70 mil barriles diarios (MBD) de petróleo, lo que disminuye más aún el uso de la capacidad de transporte del OCP, que llegará a tan solo al 17%. 

Explicada la situación de la producción petrolera en Ecuador y del uso del OCP, que es el ducto que se interconectaría con el Ramal Norte del Oleoducto Norperuano (ORN), la interrogante es ¿qué incentivo tendría Petroecuador para hacer efectiva la propagandizada interconexión? 

A lo dicho se agrega un elemento más: la baja confiabilidad de la continuidad de operación tanto del ORN como del Tramo II del ONP que lleva el crudo hasta el puerto de Bayóvar, en la región Piura. Es un hecho conocido las continuas interrupciones, ya sea por acción de terceros y carencias en el mantenimiento. Un analista acucioso se pondría a pensar en la vulnerabilidad del ONP por la cercanía de centros poblados. En el ORN hay 43 centros poblados y en el Tramo II, la cantidad sube a 67. 

Con todo lo mencionado, la afirmación presidencial en el mensaje de 28 de julio pasado pasa a ser un anuncio sin valor alguno.