Complicaciones en inversiones que nos dejará el Gobierno

Hace unos días Waldo Mendoza, exministro de economía y finanzas del gobierno de Francisco Sagasti, hizo una declaración pública afirmando que a los partidos que participarán en las elecciones generales del 2026 no se les deben preguntar por sus planes de gobierno, que nadie lee y que son carentes de contenido, sino quiénes serán sus ministros de Estado. 

Es una sentenciosa pero indiscutible apreciación que tiene larga data de vigencia, y que tiene como origen la precaria organización de los partidos políticos. Al final los funcionarios que se designan en los más altos cargos del Estado son los que hacen el desempeño del gobierno. 

A estas alturas, a un año de que en segunda vuelta se elija presidente, ninguno de los partidos que aspiran a gobernar puede decir las personas que designarán y que se deberán hacer cargo de todos los problemas que nos dejará el gobierno de Dina Boluarte, que no son pocos; aunque no son de fácil de identificación, pero que serán de alto impacto en la gestión gubernamental.

Empezamos el breve recuento con el Puerto de Chancay, donde no solo habrá la discusión de los precios de servicios que regulará Ositran, sino también la relación con China que a Estados Unidos no les gusta y puede imponernos cargas arancelarias, tema para expertos, no para legos ni para sometidos

Un segundo punto es la culminación de la Línea 2 del Metro que ya tiene 11 años de construcción y procesos arbitrales en Washington, que todo indica que tenemos enormes posibilidades de perderlos, cargas para el presupuesto público. 

Un tercer tema altamente complejo, es la herencia Petroperú, la deuda de largo plazo trascenderá al próximo gobierno, pues el primer vencimiento de bonos es el 2032, por 1,000 millones de dólares (MMUS$), pero también tendrá que lidiar en el 2026 con una deuda por 1,000 MMUS$ que deben al Banco de la Nación, con aval del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que no pagarán este año. 

Cómo si no fuera suficiente, la nueva dirección de la petrolera estatal tendrá que generar excedentes entre 2026 y 2031 por 400 MMUS$ anuales para pagar los intereses a bonistas de dos series emitidas por 3,000 MMUS$ e intereses y capital a un crédito sindicado liderado con Deutsche Bank. Se necesitará una reforma estructural con participación de capital privado.

Un cuarto punto es tomar decisiones respecto al pago por 50 MMUS$, por custodia de bienes del Gasoducto, que hasta la fecha ha implicado desembolsos por 400 MMUS$ al Estado. 

A esto se van a sumar tres temas más, de los cuales en dos de ellos hay decisión política de otorgar concesiones. El Gasoducto Costero a Transportadora de Gas del Perú SA (TGP) y a la colombiana Cálidda, para operar en siete regiones del interior del país. En ambos casos solicitan entre otras condiciones la ampliación del plazo de concesión que tienen actualmente. Hay más de una exigencia antojadiza de los solicitantes. 

El Gasoducto Costero viene con una promesa por partida triple para la región Cusco: un gasoducto al Cusco, una planta de licuefacción para llevar gas natural (GN) licuado a Abancay, Andahuaylas, Juliaca y Puno; y una planta de fraccionamiento de líquidos de GN en Kepashiato. Se requieren no menos de 800 MMUS$ para cumplir la promesa, que no se sabe de dónde saldrán

Finalmente, tendrá que honrar el compromiso de la ley 32315, de habilitar un nuevo activo estatal, la Agencia de Inventarios de Combustibles, que se deben financiar con recursos del consumidor que se aportarán al fondo del Sistema Integral de Seguridad Energética (SISE).

Demasiadas tareas para un nuevo gobierno que, por la dispersión de candidaturas lo más probable es que no tenga mayoría parlamentaria y tendrá que hacer alianzas.