Cuidemos la transición

El Perú vive una situación institucional extraordinariamente delicada. Después de años de crisis política, enfrentamientos entre poderes del Estado y deterioro de la confianza pública, nos encontramos finalmente en el tramo final de una transición cuyo objetivo central es conducirnos hacia nuevas elecciones generales para un nuevo gobierno legítimo.

Ese es el propósito fundamental del proceso: permitir que el Perú llegue al 28 de julio con autoridades elegidas democráticamente y con la legitimidad suficiente para gobernar. Sin embargo, en las últimas semanas se ha configurado una situación preocupante que amenaza con desnaturalizar este objetivo.

No es secreto que varios sectores del Congreso han intervenido directamente en la formación del nuevo gabinete ministerial. No se trata solo de conversaciones políticas —algo normal en cualquier sistema democrático— hablamos de una participación más profunda en la definición misma del equipo de gobierno.

El problema institucional es evidente. Los mismos parlamentarios que influyeron en la formación del gabinete serán quienes, el 18  de marzo, decidirán si le otorgan o no la investidura. En otras palabras, el Congreso participa en el Ejecutivo  que designa y luego actúa como órgano de control sobre un gabinete cuya composición ha ayudado a determinar.

En términos institucionales, esto equivale a vaciar de contenido el principio de separación de poderes. La investidura tiene sentido porque permite que el Legislativo evalúe con independencia la propuesta del Ejecutivo. Pero cuando el Parlamento interviene previamente en la formación del gabinete, ese control se convierte en mera formalidad.

Es esta una deformación del sistema constitucional: un Parlamento que se comporta como un poder dominante que invade las competencias del Ejecutivo, dentro de un régimen presidencial. Ese fenómeno ha sido descrito como  “dictadura parlamentaria”: cuando el  Legislativo concentra tal capacidad de decisión que desborda los equilibrios previstos por la Constitución.

La proximidad de las elecciones torna más delicada la situación. Quedan cinco semanas para que el pueblo ingrese plenamente en el proceso electoral que debe culminar con un nuevo gobierno legítimo. Este período debería estar dedicado exclusivamente a garantizar estabilidad política y condiciones adecuadas para que los ciudadanos puedan decidir en las urnas.

Si este corto tiempo se utiliza para negociaciones de poder, repartijas de cuotas dentro del Ejecutivo o disputas entre facciones parlamentarias, ello puede ser devastador para la credibilidad del proceso democrático. La transición no es un espacio para reorganizar o repartir el poder. Es un puente hacia una nueva legitimidad democrática. 

El Congreso debe tener plena conciencia de esta responsabilidad histórica. Lo que el país necesita no es un Parlamento que busque ampliar su influencia sobre el Ejecutivo, sino un Parlamento que actúe como garante de la estabilidad institucional. Que finalmente piense en el país. Eso implica permitir que el gabinete funcione, otorgar la investidura y asegurar que el país llegue a las elecciones en un clima de mínima normalidad política.

Si el Congreso convierte la transición en un escenario de disputas de poder, el Perú puede perder la oportunidad de salir de su prolongada crisis institucional. La historia reciente nos muestra los costos de la inestabilidad. Sería imperdonable repetir ese error cuando estamos en el umbral de una salida democrática.