Juan Sheput
De crisis y reformas
La guerra de fiscales es solo una parte de nuestra crisis de institucionalidad

¿Puede haber algo peor para una organización que negar la existencia de una crisis? Sí, plantear una reforma estructural en medio del desorden y desconcierto ocasionado por las pugnas y encontronazos, motivados por las desavenencias en la organización.
Lo que estamos viendo en el Ministerio Público es síntoma de un deterioro aún mayor de nuestro tejido institucional. El que en una entidad tan importante como la Fiscalía grupos de fiscales se enfrenten como bandos, defendiendo posiciones personales o ámbitos ideológicos y dejando de lado los intereses de Estado, institucionales, no es un problema aislado, sino que se inscribe en una serie de hechos que se han ido gestando durante los últimos años como consecuencia de una incompetencia sin parangón de la dupla Pedro Castillo – Dina Boluarte y de un elenco político que, por pretender defender sus apetitos de parte, se han olvidado de sus funciones constitucionales.
En el Perú de la dupla Castillo – Boluarte y aliados, hemos sido permisivos con una serie de actos de desacato que pueden no tener implicancia penal pero sí, de manera definitiva, moral y ética. Que el hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor, se niegue a obedecer el mandato de la justicia o que el entonces ministro del Interior Santivañez rehúse entregar la clave de su celular o someterse a un peritaje de voz, o que la misma presidente se niegue a dar declaraciones o acudir a instancias parlamentarias son señales de nuestra permisividad hacia el desacato masivo, a las ordenanzas que provienen del sistema de justicia.
Que la ausencia de liderazgo de la propia señora Boluarte no sea problema menor sino protagonista de una falta de respeto masiva hacia las normas o exigencias, es algo que nos debe preocupar. Dicen que la putrefacción del cuerpo es más rápida cuando empieza por la cabeza. No lo dudo. Es lo que estamos viviendo en la actualidad. Sin embargo, hay corresponsabilidad en esta situación. Que grupos de abogados tomen partido por una posición u otra agrava la situación pues incrementa la confusión. Vivimos en un clima de descomposición generalizada.
En este contexto no corresponde hacer una reforma al Ministerio Público. Los que más celebrarían esa circunstancia sería la delincuencia organizada. Si no lo cree analice quienes plantean la reforma. Si hay necesidad de una reforma esa se tendrá que hacer a partir del 28 de julio del 2026.
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