De Westfalia a la soberanía popular

La Paz de Westfalia (1648), marca un hito en la Historia de las Relaciones Internacionales. La diplomacia entre reinos, imperios y ciudades existió desde mucho antes. Westfalia no crea la política internacional, simboliza la transformación decisiva en la forma de organizar el poder europeo.

Los tratados de Münster y Osnabrück ponen fin a la Guerra de los Treinta Años, acuerdo que también cierra la Guerra de Ochenta Años entre España y las Provincias Unidas, reconociendo la independencia neerlandesa. Su importancia, además de detener hostilidades, radica en aceptar que Europa no podía reconstruirse como unidad política y religiosa subordinada a una autoridad universal.

La pluralidad política de monarquías, principados, repúblicas y ciudades adquieren distintos grados de autonomía. Los príncipes del Sacro Imperio conservaron facultades para administrar sus territorios, definir su orientación religiosa y celebrar alianzas. Aunque no existían Estados nacionales con fronteras plenamente delimitadas, la territorialidad adquiere importancia como fundamento de la autoridad política.

Westfalia impulsó una diplomacia compleja. Las negociaciones reunieron durante años a delegaciones para discutir territorios, comercio, navegación, restitución de propiedades y garantías jurídicas. La paz deja de entenderse como reconciliación moral entre quienes comparten una misma verdad; convertida en acuerdos jurídicos entre actores que continuarían siendo distintos e incluso rivales.

El equilibrio de poder se afirma progresivamente. Ninguna potencia debía alcanzar superioridad para dominar a las demás. Francia, aunque católica, apoyó a Suecia y fuerzas protestantes para contener a los Habsburgo. La razón de Estado, aplicada por Richelieu antes de 1648, representa un avance en la política internacional. Coloca los intereses y seguridad del Estado por encima de las afinidades religiosas. Westfalia consolida esa transformación. 

Sin embargo, la soberanía reconocida en 1648 era territorial y dinástica. Protegía la autoridad de reyes, príncipes y repúblicas frente a poderes externos, no significaba soberanía popular. El gobernante representaba al territorio y la población permanece subordinada a su autoridad.

Con el tiempo, el concepto evoluciona. Las revoluciones constitucionales, independencias americanas y desarrollo de los derechos políticos trasladan la fuente de soberanía del monarca hacia la nación y el pueblo. La soberanía nacional protege al Estado frente a la dominación extranjera; la soberanía popular pregunta de dónde proviene la legitimidad del Estado.

Esa tensión permanece vigente. Casos como el de Daniel Ortega eliminando las elecciones en Nicaragua, para impedir el retorno de la oposición y las declaraciones de la presidente de México invocando la autodeterminación de los pueblos y su respaldo a la democracia, plantean contradicciones. La no intervención importa, en una región marcada por injerencias externas, pero no convierte cualquier decisión gubernamental en voluntad popular. La autodeterminación pertenece a un pueblo que no podría expresarse al eliminar el mecanismo que le permite decidir. 

China defiende la soberanía, la integridad territorial y la no intervención. Protege al Estado frente a presiones y cambios de régimen promovidos desde el exterior. Pero esa interpretación confunde la soberanía del Estado con la permanencia de un gobierno que relega a la sociedad que dice representar.

Trescientos años después de Westfalia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció la voluntad del pueblo como fundamento de autoridad pública. La persona pasa a ocupar el centro del orden. Reconoce el derecho del Estado, pero prima el derecho de quienes viven bajo esa jurisdicción.

Westfalia representa valores fundamentales que protegen la pluralidad política frente a pretensiones de dominación universal. Pero la historia no se detuvo en 1648. La soberanía evolucionó desde la autoridad del gobernante y control territorial hacia la soberanía nacional y popular. Hoy, Estado y nación encuentran su fundamento último en las personas que integran la comunidad política.