¿Dónde está nuestro presidencialismo?

La reciente crisis de la investidura del nuevo gabinete, que solo duró tres semanas, revela algo más profundo que una simple disputa política entre el Ejecutivo y el Congreso. Lo que vemos es una transformación progresiva del sistema político peruano, una mutación silenciosa del presidencialismo hacia una forma híbrida e inestable de gobierno.

La Constitución vigente establece el régimen presidencial. En este modelo, el presidente es elegido directamente por los ciudadanos y encarna el liderazgo del Ejecutivo como Jefe de Estado y Jefe de Gobierno en una sola persona. El Congreso legisla, representa y fiscaliza, pero el gobierno no depende de la confianza parlamentaria.

Pero, la práctica política de los últimos años nos dice otra cosa. El voto de confianza al gabinete, concebido originalmente como mecanismo de equilibrio entre poderes, es ahora una herramienta central de presión parlamentaria.

La reciente reformulación del gabinete, un día antes de solicitar la investidura, es un ejemplo que lo dice todo. El Ejecutivo ajusta su equipo ministerial no en función de política pública o de capacidad de gestión, lo hace según la correlación de fuerzas dentro del Parlamento y a pesar de que éste ha participado en su conformación por grupos que reclaman cuotas de poder.

Se viene transformando el sentido mismo del gabinete. En lugar de ser un equipo de gobierno coherente como instrumento central del Ejecutivo, es el producto de la negociación política, diseñado para obtener votos en el Congreso.

Pero el problema no se agota allí. Lo verdaderamente preocupante es que el Congreso ejerce un poder de veto creciente sin asumir responsabilidad directa por la gobernabilidad. En los sistemas parlamentarios, la posibilidad de retirar la confianza a un gobierno está acompañada por la obligación de formar uno nuevo. Es decir, el Parlamento no solo controla: también gobierna pero responde ante la ciudadanía por sus decisiones.

En nuestro país se ha instalado progresivamente un modelo en el cual el Parlamento puede bloquear o condicionar al Ejecutivo, pero no asume ningún costo político por la inestabilidad. Lo que tenemos es una estructura institucional profundamente desequilibrada donde la separación de poderes como principio ha desaparecido.

El Ejecutivo se vuelve cada vez más frágil y dependiente de acuerdos parlamentarios circunstanciales. El Congreso concentra poder, capacidad de veto, pero mantiene su condición de órgano de control. Y el resultado es un sistema político atrapado en una lógica de negociación permanente y no en función del interés nacional sino en el de grupos de poder.

Las consecuencias son la inestabilidad política crónica y el bloqueo del Ejecutivo. Los gobiernos tienen dificultades para sostener políticas públicas y la percepción es que las decisiones se toman en acuerdos opacos, lejos de la voluntad expresada en las urnas.

Esta situación no solo afecta la eficiencia del Estado, erosiona la legitimidad democrática y la confianza en las instituciones se deteriora.

El Perú ha perdido la brújula constitucional, se ha instalado en una paradoja institucional. El sistema político fue diseñado para evitar concentraciones excesivas de poder se ha distorsionado y produce inestabilidad estructural.

¿Estamos ante una crisis coyuntural o ante la transformación de nuestro sistema político en un híbrido que la Constitución no considera? ¿Hasta qué punto se puede sostener la democracia cuando la gobernabilidad se convierte en una negociación permanente? ¿Qué pasa cuando el interés del país está ausente y solo se imponen los intereses de ciertas minorías parlamentarias?