El candidato que podría cambiar la elección

La discusión sobre el hábeas corpus de Vladimir Cerrón es uno de los episodios más reveladores de la política peruana. Lo que está en juego no es solamente un expediente judicial, es un problema constitucional con consecuencias electorales inmediatas.

El punto central es conocido. Las sentencias que sustentaban la prisión preventiva fueron anuladas. Desde la defensa, ejercida por el reconocido abogado Humberto Abanto, esa anulación debilita la base jurídica de la medida cautelar y abre la discusión sobre la vulneración de derechos fundamentales, especialmente el de participación política en igualdad de condiciones.

Este argumento está en el centro del debate ante el Tribunal Constitucional. La tesis es clara: un ciudadano al que le han anulado las sentencias que justificaban su restricción de libertad no debería ver afectado su derecho a participar en la vida política del país.

Sin embargo, el problema es más complejo. La prisión preventiva no depende necesariamente de una sentencia previa, sino de tres criterios procesales: peligro de fuga, peligro de obstrucción de la justicia y gravedad del delito. Y aquí aparece un elemento difícil de ignorar: Cerrón lleva más de dos años prófugo.

Desde la lógica judicial, esa situación refuerza el argumento del peligro de fuga. Pero desde la lógica política, el caso es un símbolo de persecución política para una parte de la población. Qué incentivos tenía Cerron para entregarse cuando después de la resolución del TC que anuló sus sentencias el poder judicial hizo caso omiso y mantuvo la pena preventiva y la persecución que se reflejó en los medios.

Este conflicto revela una tensión institucional más profunda: la relación entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. El Tribunal Constitucional protege derechos fundamentales y corrige excesos del sistema judicial. Pero cuando sus decisiones colisionan con la práctica judicial o con la presión mediática, se produce una crisis de legitimidad institucional.

El problema no es solo jurídico, es de incentivos y es esencialmente político. Si un ciudadano percibe que el sistema judicial lo persigue incluso después de decisiones constitucionales favorables, ¿qué incentivo tiene para entregarse voluntariamente ante ese sistema? Ese es el dilema que subyace en el caso.

Pero el verdadero impacto del proceso podría ser político. Si el Tribunal Constitucional concede el hábeas corpus y Cerrón recupera su libertad, su aparición presencial en plena campaña electoral podría alterar significativamente el escenario. No es un actor cualquiera. Cerrón no es Pedro Castillo que fue un símbolo social, improvisado con éxito, que canalizó el descontento del interior del país, pero carecía de formación y de estructura ideológica. Cerrón es un ideólogo, organizador y operador político con experiencia y refinada formación. No olvidar que es un neurocientífico.

Además, tiene la capacidad de adaptar su discurso según el público. Esa plasticidad discursiva es una ventaja estratégica. La elección tiene como característica decisiva la hiperfragmentación. Con más de treintaicinco candidatos, el umbral para pasar a segunda vuelta puede ser extremadamente bajo. Y un candidato que suba rápidamente en las últimas semanas puede alterar completamente el resultado.

La eventual aparición de Cerrón podría tener tres efectos. Primero, ordenar el voto antisistema que llevó a Pedro Castillo al poder. Ese electorado no ha desaparecido; simplemente está disperso. Segundo, fracturar aún más a la izquierda. Y tercero, alterar el equilibrio entre los candidatos que encabezan las encuestas.

El Tribunal Constitucional no solo resolverá un caso jurídico. Podría definir el escenario electoral.