El Congreso y su falta de legitimidad

Las decisiones políticas, para ser aceptadas, requieren de legitimidad. Especialmente si se trata de implementación de políticas públicas, de normas o de planteamientos que busquen un cambio de giro u orientación. Es por ello que el político con experiencia busca en la popularidad o la aceptación la base, el cimiento, sobre el cual construye su legitimidad.

Solo la inexperiencia puede traer a la arena pública frases tan ingenuas como “las encuestas me son indiferentes”. La democracia es compleja, es difícil porque entre otras cosas debe convencer, debe ceder, debe saber gerenciar la frustración o celebrar con sobriedad el éxito. Y para todo ello se requiere de un mínimo de aceptación, el carisma de Weber o la Virtú de Maquiavelo. Sin ellas el éxito se puede conseguir, sí señor, pero a un mayor costo.

El Congreso está recibiendo, en ese sentido, una lección de lo que es sufrir de una falta de legitimidad. Que su origen democrático le da la legalidad que soporta sus acciones, nunca estuvo en cuestión. Tanto Max Weber como Norberto Bobbio coinciden en que la legalidad tiene que ver con el sometimiento a las normas. Un Congreso elegido por el pueblo debe ser aceptado, pues es el resultado de una votación, por la sociedad. Es legal.

En línea paralela, la legitimidad tiene que ver con la ética pública y, desde el punto de vista político, con la capacidad de obtener aceptación y obediencia de la sociedad sin imponer el uso de la fuerza. En otras palabras: un poder del Estado tiene legitimidad si la comunidad acepta los mandatos y la autoridad vigente.

Harían bien el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso de la República en trabajar su legitimidad. Oscilar entre el 5 y el 10% de popularidad los coloca en crisis de legitimidad. Por eso se les cuestiona todo, desde la obtención de la sede de los Panamericanos hasta las obras de infraestructura de gran magnitud en el caso del Ejecutivo o la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, las leyes cuestionadas o las iniciativas internas tan criticadas en el caso del Parlamento.

Que los miembros de la Junta Nacional de Justicia desaforados por el Congreso se nieguen a aceptar la resolución del Parlamento y que este no tenga la fuerza moral ni política para hacerla ejecutar es un claro síntoma de la falta de legitimidad del Congreso. Como me decía tan sabiamente Don Valentín Paniagua hace veinte años “Con menos de 15% de popularidad ni el chofer te hace caso”. Haría bien en ganarse el favor popular el Parlamento que en estos momentos se encuentra tan venido a menos, en medio de una crisis de legitimidad.