El escándalo que ayudaron a construir

Hay reclamos que suenan fuertes, casi épicos, pero que se desinflan apenas uno les raya un poco la historia. Hoy vemos a distintas fuerzas políticas hablar de fraude, de irregularidades, de manejos poco claros en la ONPE, como si todo esto hubiera brotado de la nada, de un momento a otro. Como si recién ahora descubrieran a quién tienen al frente. Como si no hubieran tenido nada que ver.

Pero la política –cuando es honesta– también exige coherencia en el tiempo. Y ahí es donde el discurso empieza a hacer agua. Porque no estamos hablando de un funcionario recién llegado ni de un sistema que apareció ayer. Piero Corvetto permaneció muchos años en el cargo. Y no es ningún secreto que, ya desde procesos electorales anteriores, hubo cuestionamientos, sospechas, críticas duras —algunas con fundamento, otras más discutibles– sobre su gestión al frente de la ONPE. Eso estaba sobre la mesa. No era invisible. No era nuevo.

Sin embargo, cuando tocó el momento de actuar, de marcar posición, de exigir cambios o, al menos, de abrir un debate serio, lo que hubo fue silencio. O peor: conveniencia.

Porque la ratificación no cayó del cielo. Fue la Junta Nacional de Justicia la que decidió renovarle la confianza. Y esa decisión, en un sistema político mínimamente vigilante, no ocurre en el vacío. Ocurre en medio de correlaciones de fuerzas, de intereses, de cálculos. Ocurre mientras los actores políticos –los mismos que hoy levantan la voz– miraban, evaluaban y, en muchos casos, callaban.

Es entonces cuando la indignación actual pierde fuerza. Porque uno puede entender la crítica, incluso puede compartirla. Lo que cuesta sostener es la amnesia selectiva.

Si hace cinco años había dudas, si ya se hablaba de irregularidades, si el nombre de Corvetto no era precisamente sinónimo de consenso, ¿por qué no se hizo nada cuando se podía? ¿Por qué no hubo el mismo énfasis, la misma vehemencia, la misma urgencia que hoy se exhibe en conferencias y comunicados?

La respuesta es incómoda, pero bastante evidente: porque en ese momento no convenía. Porque el sistema, con todos sus defectos, seguía siendo funcional. Porque mientras las reglas –cuestionadas o no– no amenazaban directamente sus intereses, el problema podía esperar. Y ese es el tema de fondo. No estamos solo ante un posible problema institucional. Estamos ante una responsabilidad política compartida. Porque permitir que alguien continúe en un cargo pese a la controversia , mirar de soslayo cuando se encienden las alertas, elegir la pasividad cuando hay margen de acción, también es una forma de complicidad. Más silenciosa, más cómoda, pero complicidad al fin.

Hoy es fácil hablar de fraude. Es fácil hablar de incompetencia. Es fácil exigir explicaciones. Lo difícil –y lo que casi nadie está haciendo– es asumir el propio rol en la construcción de este escenario. Porque si el árbitro no genera confianza, no basta con quejarse cuando el partido ya terminó. Hay que preguntarse quién lo dejó seguir arbitrando.

Y ahí, otra vez, la política queda expuesta. No solo por lo que denuncia, sino por lo que tolera cuando le conviene. Al final, esto no va solo de la ONPE, ni de un puntual proceso electoral. Va de algo más profundo: de esa costumbre tan arraigada de indignarse tarde y olvidar rápido. De esa facilidad para señalar hacia afuera sin revisar lo que se hizo –o no se hizo– cuando todavía había tiempo.

Porque sí, puede haber errores. Puede haber irregularidades. Puede haber corrupción. Puede haber intereses subalternos. Todo eso merece ser investigado con prontitud y seriedad. Pero hay algo que también debería quedar claro: quienes hoy gritan fraude no son necesariamente ajenos a la historia que permitió que todo esto llegue hasta aquí.

Y esa, aunque incomode, también es parte de la verdad.