El tiempo de Pérez, Vela Barba y Gorriti parece llegar a su fin

Existe un viejo refrán que dice que no hay mal que dure cien años. Para muchos peruanos, esa frase resume el momento que atraviesa el país. Tras más de una década marcada por una profunda confrontación política, investigaciones altamente mediáticas y una creciente desconfianza en las instituciones, el Perú parece ingresar a una etapa distinta, en la que la fortaleza del Estado de derecho y el respeto al debido proceso vuelven a ocupar un lugar central.

Durante varios años, fiscales, periodistas y diversos actores políticos ejercieron una influencia determinante en el debate nacional. Entre ellos, los nombres de José Domingo Pérez, Rafael Vela Barba y Gustavo Gorriti adquirieron un protagonismo pocas veces visto en la historia reciente del país. Mientras algunos los consideran figuras clave en la lucha contra la corrupción, otros sostienen que existieron excesos, filtraciones indebidas, selectividad en determinadas investigaciones y una preocupante cercanía entre ciertos sectores del Ministerio Público y algunos medios de comunicación.

Las recientes controversias que involucran a Gustavo Gorriti han reavivado este debate. Diversas investigaciones y cuestionamientos públicos han puesto sobre la mesa la necesidad de establecer con claridad cuáles son los límites entre el legítimo periodismo de investigación y cualquier eventual interferencia en procesos judiciales. Como corresponde en un Estado constitucional de derecho, serán las autoridades competentes quienes determinen si existe o no responsabilidad, siempre respetando la presunción de inocencia y el debido proceso.

Más allá de las responsabilidades individuales que puedan establecerse, el verdadero desafío consiste en fortalecer las instituciones. Ningún funcionario, periodista, empresario o actor político debería concentrar un poder capaz de influir indebidamente en las decisiones de la justicia o en la formación de la opinión pública. Una democracia sólida requiere contrapesos efectivos, transparencia y reglas iguales para todos.

La libertad de prensa continúa siendo uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Precisamente por ello, debe preservarse de cualquier situación que pueda afectar su independencia o generar dudas sobre su imparcialidad. Un periodismo libre cumple una función indispensable de fiscalización del poder, pero esa misión exige mantener una clara separación respecto de quienes investigan, acusan o administran justicia.

El Perú tiene hoy la oportunidad de cerrar un ciclo caracterizado por la polarización permanente y por la percepción de que determinadas instituciones fueron utilizadas como escenarios de confrontación política. La ciudadanía demanda investigaciones objetivas, procesos transparentes y decisiones judiciales sustentadas únicamente en pruebas y en la ley, sin presiones mediáticas ni intereses ideológicos.

Al mismo tiempo, resulta indispensable reafirmar los principios que sostienen nuestro orden constitucional: la separación de poderes, la economía social de mercado, el respeto a la propiedad privada, las libertades individuales y la igualdad ante la ley. Las diferencias políticas son naturales en democracia, pero deben resolverse mediante el debate público, las elecciones y las instituciones, nunca mediante el uso indebido del aparato estatal.

El Perú merece iniciar una nueva etapa. Una etapa en la que nadie se considere intocable y en la que todas las personas, sin excepción, respondan ante la ley bajo las mismas garantías. Si el país logra consolidar instituciones verdaderamente independientes, fortalecer la confianza ciudadana y desterrar cualquier forma de captura del Estado, habrá dado un paso decisivo hacia una democracia más madura, una justicia más imparcial y un futuro basado en la libertad y el respeto al Estado de derecho.