Irán, la guerra y el pacifismo feble

 

El conflicto bélico activado en el oriente medio el 28 de febrero con la iniciativa militar de EE.UU. e Israel contra el régimen de los ayatolás de Irán no puede ser calificado como una guerra nueva ni como una «agresión imperialista» de Donald Trump y Benjamín Netanyahu, además violatoria del derecho internacional. Son las etiquetas enarboladas por la progresía en las diversas regiones del mundo para solapar su complicidad soterrada o activa con la dictadura teocrática que gobierna desde Teherán.

Entender lo subyacente al conflicto hace necesario iniciar señalando que Irán es el país con una sociedad mayoritariamente persa, culturalmente distinta de las sociedades árabes que lo rodean, aunque en todas ellas predomina culturalmente la religión islámica que está dividida entre la tradición sunita y la chiíta. En Irán predomina el credo chiíta, la rama del Islam que persigue establecer un utópico liderazgo religioso dinástico de los ayatolás supuestamente sucesores de Alí ibn Abi Tálib (primo y yerno del profeta Mahoma, primer imán para los chiítas) sujetando poblaciones al imperio extremadamente intolerante de la ley islámica (Sharia), mientras en los países árabes predomina el credo sunita que congrega a más del 80% del mundo musulmán. Los chiítas controlan absolutamente el poder en Irán, pero están prácticamente excluidos del poder en los países árabes con mayorías sunitas

Desde su inicio en 1980 el régimen de los ayatolás se ha esforzado por extender su influencia en el mundo árabe y para eso ha promovido activismos chiítas eficaces como disociadores y subversivos, generadores de fuerzas armadas irregulares promovidas en varios países. Irán se convirtió en una fuente de desestabilización política en el oriente medio financiando a Hezbollah en Líbano, Ansar Allah (Houti) en Yemen, Asaib Ahl al-Haq y Harakat Hezbollah al-Nujaba en Irak, Liwa Fatemiyoun en Siria y Hamas en zonas palestinas de Israel (una situación complicada porque oficialmente Hamas es sunita, pero coincide con Irán en combatir a Israel). También Irán ha creado focos subversivos allende la región, apoyando militarmente en Pakistán a Liwa Zainebiyoun y en África a la milicia Sahel en el área de Eritrea y a grupos armados en Nigeria y en Sudán. Incluso, organizaciones chiítas han proporcionado inteligencia y apoyo logístico a Hezbollah en territorio europeo: Bosnia y Bulgaria. 

Además, está el hecho incontrastable de que los chiítas son persistentes en su pretensión de imponer su fundamentalismo arcaico como única tradición a las otras ramas musulmanas. Para ello, por decenios han explotado rivalidades étnicas y hasta tribales, no sólo en el oriente medio, también en África y en el oriente surasiático e índico, instrumentando su versión perversa de la Yihad (práctica del perfeccionamiento personal religioso y para defensa de la comunidad musulmana) para congregar adeptos voluntarios o bajo coerción.

En algunos países árabes hubo gobiernos adoptando inicialmente una complicidad con Irán frente a Israel (Qatar, por ejemplo, protegiendo a Hamas), pero ese alineamiento ha caducado y hoy en día la totalidad de gobiernos árabes respalda la alianza Israel-EE.UU. contra la teocracia iraní. Lo que aporta a explicar la existencia en sus territorios de bases militares estadounidenses que son atacadas desde Irán, Hay ahora una suerte de guerra entre Irán y los países árabes, que se extiende incluso más allá, pues ha comprometido a Azerbaiyán, con el que limita al sur, un país caucásico musulmán y aliado de Israel y Turquía que reporta ataques con misiles desde Irán.

El régimen de Teherán se encuentra aislado en el mundo musulmán y más porque sus proxies Hezbollah, Hamas y otros están siendo duramente golpeados por fuerzas estatales en la región. Es imposible que pueda resistir a la coalición militar enemiga que él mismo ha concitado, sin un apoyo militar externo urgente que no se manifiesta desde China y Rusia, supuestos aliados que juegan sus propios intereses.

 

Arquitectura del poder en Irán

También es necesario entender cómo funciona en Irán la llamada República Islámica que sólo comprende dos corrientes de la misma estirpe chiíta: conservadores integristas y reformistas. Los primeros representan la «línea más dura» de la teocracia y los segundos son tolerados bajo estrecho control, al punto que sus postulantes a cargos de autoridad deben ser aprobados o pueden ser vetados por el Consejo de Guardianes. Este es un peculiar órgano político-religioso con integrantes nombrados por el Líder Supremo y controlado férreamente por conservadores. El puesto de máximo poder reside en el Líder Supremo vitalicio (Rahbar) elegido por los 88 miembros de una Asamblea de Expertos elegidos cada ocho años a partir de candidatos que deben ser aprobados previamente por el Consejo de Guardianes: un sistema político circular cerrado de poder que se refuerza y se filtra a sí mismo. 

Irán tiene un gobierno puramente decorativo, elegido cada cuatro años (actualmente lo preside Masoud Pezeshkian, un elemento reformista) que carece de capacidad efectiva de ejercer poder ante el que personifica el Líder Supremo. No existe propiamente la separación de poderes en el Estado y el Parlamento (Majlis) –otro adorno– es también elegido bajo control del mencionado Consejo de Guardianes, lo mismo ocurre con el organismo de administración de justicia. 

Lo real es que en Irán sólo hay dos autoridades efectivas: la del todopoderoso Líder Supremo acompañado por el Consejo de Guardianes y la de la Guardia Islámica Revolucionaria, pilar de la seguridad estatal absolutamente ideologizada, cuyo poder de control social y represivo envidiarían la Gestapo nazi o la KGB soviética, que responde sin mediaciones al líder Supremo para asuntos de seguridad interna y que es, además, la más importante entidad militar, pues maneja el sistema de armas estratégicas al margen del ejército (Artesh) y tiene componentes superiores al de éste, como una fuerza aeroespacial (misiles y drones), una fuerza naval propia y la Fuerza Quds (para operaciones en el exterior): agencia de subversión y terrorismo.

Esa es la estructura totalitaria y despótica sin fisuras del poder en Irán, cubriendo todas las dimensiones de la vida social, económica, política y militar del país; de raíz teocrática y ancestro comunitario afincado en la cultura de los mullás –clérigos con atribuciones de juristas- que forjaron en siglos el estamento religioso dominante con su incontestable interpretación anacrónica de la Sharia y se atribuyen el privilegio de gobernar el país «para garantizar que la sociedad siga fielmente la ley islámica».

En esa teocracia sin resquicios, el Líder Supremo es, necesariamente, clérigo, como lo son la mayoría del consejo de Guardianes y de la Asamblea de Expertos, y los clérigos dirigen el poder judicial. No existe algo parecido a lo que en occidente se conoce como sociedad civil, y de hecho tampoco existe una vida civil ni ley civil. El régimen teocrático abarca todas las dimensiones de la existencia: el paraíso del totalitarismo enraizado en la religión. La sociedad iraní así sometida es también reprimida brutalmente por sus gobernantes eternizados en el poder.

 

La situación actual

El conflicto bélico que ahora envuelve a Irán es una nueva fase de la guerra empeñada por su teocracia totalitaria desde hace más de 45 años contra Israel y la civilización occidental, incluso con agresión sobre países árabes de la región que comparten intereses con EE.UU. e Israel afrontando la amenaza existencial del islamismo chiíta.

Considerando así el panorama, tanto para Israel como para EE.UU. hoy se presenta inevitable una acción militar contundente y resolutiva para eliminar en Irán el foco infeccioso chiíta yihadista. No es, entonces, el actual conflicto bélico en su fase de ofensiva israelo-estadounidense, una guerra de agresión; es la actuación necesaria para eliminar la fuente de la agresión precedente: poner fin a un estado de cosas intolerable no sólo para la civilización occidental sino para la propia población musulmana, más todavía debido a que Irán persistía en producir su propio armamento nuclear que, a diferencia del que posee Israel, era previsible que fuera utilizado en la escalada bélica ideada por el yihadismo. El mundo se está librando de un tiempo de hecatombe.

Frente a ese catastrófico escenario posible, el derecho internacional generado en el ámbito de la ONU –operado por los componentes del muy decaído «sistema internacional»– ha mostrado una incapacidad radical y perniciosa contemplando impasible el sojuzgamiento de las libertades de la sociedad iraní y tolerando la agresividad armada de su cúpula sobre territorios extranjeros.

 

Derecho internacional en cuestión

Desde un punto de vista formal del derecho no se puede negar que la acción militar de EE.UU. e Israel sobre Irán, valorada por sus autores como «ataque preventivo», amerita fuertes cuestionamientos puesto que la Carta de la ONU, en cuanto regula el uso de la fuerza entre estados, no menciona como legítimos actos de autodefensa bélica preventiva en abstracto. Sin embargo, la realidad de los hechos confronta la prescripción jurídica porque es innegable –para el caso actual– que Irán ha venido aplicando por decenios formas variadas de guerra asimétrica e indirecta contra estados que considera enemigos con la intervención de fuerzas proxies como Hezbollah y Hamas, en verdad agencias suyas, sin comprometer su propia fuerza armada regular (pero siempre con el respaldo material de la Guardia Islámica Revolucionaria).

Es por eso que, frente a la pétrea visión del derecho internacional que aprueba el ataque preventivo solamente contra una amenaza inminente, la discusión del carácter apremiante de dicha amenaza se derrumba ante el potencial de la agresión previa, registrada, persistente y solapada. El criterio clásico de la autodefensa preventiva, recogido por el derecho internacional actual y que debe ser resaltado hoy en día, proviene del Caroline affair (1837) cuando fuerzas británicas atacaron y destruyeron en el puerto de Fort Schlosser (Nueva York) el navío Caroline que transportaba armas desde EE.UU. para insurgentes canadienses contra el dominio británico. El caso sentó la base doctrinal moderna de la autodefensa anticipada y desde entonces no ha podido ser rebatida.

En el presente es insubstancial discutir el tópico de la inminencia ante el estado de necesidad de acción urgida y abrumadora sin opción a elegir otros medios distintos de los militares. Por eso, es huero y fatuo el alegato del presidente del gobierno español: «La postura de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra», una notoria falacia de generalización con la que quiere encubrir la actuación propia en sentido opuesto, marcada por la decisión gubernamental de enviar la fragata misilera Cristóbal Colón a Chipre, donde una instalación militar recientemente fue atacada por drones de Irán. La errática conducta de Pedro Sánchez –ya cuestionada en España por ser notoriamente inconsistente– no alcanza a ser elusiva respecto de una situación seria y complicada en la que se deben evitar los remilgos.

Frente al pacifismo feble, contradictorio y apoyado en el tronco seco de un derecho internacional inane y fracasado para regular el orden mundial, cabe solamente tomar partido. La guerra, cualquier guerra, es una desgracia con daños colaterales, pero hay guerras bien justificadas si se trata de enfrentar con actos militares una amenaza todavía mayor de desastre. Es la posición dura y necesaria a adoptar ante el caso de la actual contienda bélica en el oriente medio.

Las declaraciones y las buenas intenciones no pueden contrariar ni detener los acontecimientos en curso. El realismo impone aceptarlos con sus consecuencias, como están haciendo –a diferencia de Sánchez– otros gobernantes europeos, incluso con prudencia que algunos tildarán de pusilánime y se pronuncian contra el conflicto activo, pero con hechos consienten en respaldar la actuación de EE.UU. e Israel ante la amenaza existencial que el régimen de Irán representa. Habrá que ver si en países como Alemania, Italia, Grecia, Turquía, Polonia, Rumania, Lituania, Latvia, Estonia, los gobiernos van a optar –con intención suicida– por negar a EE.UU., para la guerra contra Irán, el empleo de bases militares consideradas por sus fuerzas militares para la arquitectura de defensa de la OTAN. Es muy difícil que suceda. 

En lo concerniente a España, próximamente –parece que en junio– se habrá de resolver si se cancela o si se prorroga el estatuto actual de las bases de Rota (base naval) y Morón (base aérea) que, por acuerdo con EE.UU., están en disposición de atender la logística militar estadounidense hacia el oriente medio. El gobierno de Pedro Sánchez está, figurativamente, «en el disparadero», obligado desde una posición vulnerable –que él pinta como soberana– a actuar, justificarse o tomar una decisión complicada bajo presión, que sería irracional si deriva en el abandono de su correspondencia con la OTAN. Los hechos mostrarán la declinación de su altivez con máscara de pacifismo principista y demostrarán falta de coherencia respecto de sus dichos y especialmente de su negativa a brindar hace pocos días a EE.UU. los servicios de esas bases en territorio español. 

La estolidez urgida tiene vida breve y parece un imposible que España abandone el estatuto de OTAN desligándose de EE.UU., debiendo afrontar los reclamos –que serán muy duros– de los estados europeos cuyos gobernantes entiendan que deberán cargar sobre las espaldas de sus propias sociedades nacionales el peso adicional de la defensa de España, ya bastante agravado con la negativa de Sánchez de aumentar el gasto militar que le corresponde a su país por acuerdo europeo.