La dictadura del Parlamento

Se está viendo la vacancia presidencial como un recurso que ha precipitado al Perú a una situación que ya no es una crisis política convencional. Se produce un vacío de poder en el Ejecutivo que es ocupado, casi de inmediato, por el Parlamento, con una inédita concentración funcional de atribuciones que elimina la separación de poderes con alto riesgo político y constitucional.

El Congreso designa el presidente de la República, dentro del marco constitucional en circunstancias excepcionales, además interviene de manera decisiva en la conformación del gabinete ministerial. Este mismo Congreso otorgará o negará la investidura al gabinete así constituido. El mismo poder que forma el Ejecutivo es el que lo controla y fiscaliza.

Esta auto-legitimación debilita la los pesos y contrapesos democráticos por los grupos con intereses que funcionan con peso propio que reclaman cuotas de poder. No se trata de una ruptura formal del orden constitucional, pero sí de una distorsión de su funcionamiento. En nombre de la transición, el Parlamento asume funciones que se justifican en la excepcionalidad, aunque se corre el riesgo de institucionalizar estas prácticas políticas tan negativas.

Diversos grupos de poder, como APP y Podemos, han logrado articular mayorías circunstanciales y participan en la distribución de posiciones clave dentro del Ejecutivo. Ministerios estratégicos, organismos reguladores y espacios de decisión administrativa pasan a formar parte de un sistema de negociación política que deriva en un esquema de mutua protección institucional. El resultado es un Ejecutivo extremadamente vulnerable cuya autonomía está condicionada desde su origen parlamentario.

Esto es aún más grave por el déficit de legitimidad que enfrenta el Parlamento. Su desaprobación se mantiene muy alta, lo que convierte esta transición en un proceso débil. El Congreso concentra poder en un contexto de desconfianza generalizada.

Estamos en el tramo más crítico del calendario democrático. En seis semanas tendremos las elecciones generales, especialmente complejas cuyo resultado es incierto. Entre la vacancia y la convocatoria electoral la gente aparece indiferente y desconfiada ve desde lejos los manejos que redundan en la estabilidad política del país.

Si este tramo no cuenta con las garantías mínimas de transparencia, equilibrio institucional y control público, el proceso electoral podría desarrollarse sobre una base de fragilidad que comprometa su legitimidad.

Superar esta crisis exige la contención consciente del poder parlamentario. No se trata de negar sus atribuciones constitucionales, sino de evitar que la transición se vea como oportunidad de captura del aparato estatal a través de una dictadura parlamentaria.

La estabilidad democrática del Perú depende de que el Parlamento comprenda que su rol no es sustituir al Ejecutivo, es garantizar que el país pueda cruzar este tramo sin quebrar los principios que sostienen su institucionalidad.