Libertad de prensa en riesgo

Es comprensible la preocupación de los periodistas frente a la promulgación de la Ley 32351, que modifica el artículo 46 de la Ley 30364. Esta establece que: “Las instituciones públicas articuladas en el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar acceden en forma gratuita al uso de la franja educativa del 10% de la programación que, para tal fin, los medios de comunicación escritos, televisivos, radiales y de cualquier otra modalidad sean públicos o privados facilitan en el horario de protección familiar…”.

Frente a esta medida, diversos gremios de prensa han advertido que la norma podría abrir la puerta a una intromisión del Estado en los contenidos de medios privados, bajo el argumento de promover campañas contra la violencia de género.

En ese contexto, la Federación de Periodistas del Perú emitió un pronunciamiento en el que expresa su indignación y rechazo, afirmando que la ley “impone a los medios de comunicación la obligación de ceder gratuitamente el 10% de su programación o contenido para la difusión de campañas diseñadas por el Ejecutivo con el pretexto de erradicar la violencia contra la mujer y la familia”.

Aunque reafirman su compromiso en la lucha contra la violencia hacia las mujeres y el grupo familiar, sostienen que esta norma constituye una injerencia directa que vulnera tanto la libertad de prensa como la autonomía editorial. Consideran que la medida, lejos de ser una herramienta de prevención, puede convertirse en un mecanismo de control estatal sobre las agendas informativas.

La inquietud que genera esta norma trae a la memoria las palabras de Martin Luther King: “El final de nuestras vidas comienza el día en que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan”, y de George Washington: “Si nos quitan la libertad de expresión nos quedamos mudos y silenciosos y nos pueden guiar como ovejas al matadero”.

Si el interés real del gobierno fuera mejorar la calidad de la información, resulta contradictoria la reciente decisión de la Contraloría General de la República de suspender la difusión de informes de supervisión durante la campaña electoral. Según se plantea, esta suspensión busca evitar dañar la imagen de la institución y de los funcionarios involucrados en acciones de verificación. Sin embargo, omitir la publicación de los anexos de estos informes priva a la ciudadanía de herramientas clave para evaluar la eficiencia, transparencia y buen uso de los recursos públicos.

Estamos en un período preelectoral marcado por desconfianza generalizada —con partidos inscritos con firmas falsas y creciente desprestigio tanto del Ejecutivo como del Legislativo—. En este contexto, decisiones como las mencionadas solo agravan la incertidumbre y alimentan sospechas sobre el uso político de la franja informativa, en beneficio de grupos cercanos al poder. Esto podría representar una amenaza directa no solo a la libertad de prensa, sino al propio sistema democrático.

No se trata únicamente de un asunto que concierna a periodistas o empresarios de medios; es un tema serio, que toca el corazón mismo de la vida democrática. Guardar silencio ante estas señales podría ser equivalente a una forma de complicidad, más aún cuando el panorama social está cubierto por una bruma de incertidumbre.

Vale recordar las palabras de Primo Levi, resistente antifascista y sobreviviente de Auschwitz: “En los países y épocas en que la comunicación se ve impedida, pronto todas las demás libertades se marchitan. La discusión muere por inanición, la ignorancia de la opinión de los demás se convierte en rampante, las opiniones impuestas triunfan”.

No olvidemos: quien controla la información, controla a la gente.