Recuperar a la Policía para enfrentar el crimen

El crimen organizado en América Latina una tiene una capacidad que supera largamente la delincuencia tradicional. Ya no se limita a controlar mercados ilegales, territorios y rutas del narcotráfico; ahora busca entrar en las instituciones públicas, comprar autoridades, protegerse mediante redes políticas y convertir a quienes deben combatirlo en sus socios colaboradores. No ataca al Estado solo desde fuera, intenta capturarlo desde dentro.

Por eso, cualquier propuesta peruana o latinoamericana contra la criminalidad organizada debe comenzar por una condición elemental: contar con policías confiables, profesionales y sometidos a controles periódicos e independientes. Las Fuerzas Armadas pueden proporcionar apoyo temporal en inteligencia, fronteras, puertos o recuperación territorial, pero no pueden sustituir a la Policía ni encargarse de su depuración.

Esto no significa condenar a toda la Policía Nacional. Miles de agentes honestos cumplen su deber con recursos insuficientes y arriesgan diariamente su seguridad. Precisamente por ello resulta indispensable separar a quienes traicionan la institución. La infiltración criminal en determinadas unidades y niveles es suficiente para frustrar investigaciones, alertar a delincuentes, desviar operativos y destruir la confianza de la ciudadanía. Cuando se produjo la captura del llamado Monstruo en el exterior, el capturado dijo claramente que había evadido a la Policía Nacional porque era avisado desde dentro en cada oportunidad.

Las experiencias latinoamericanas permiten detectar posibilidades. Honduras emprendió en 2016 una de las depuraciones policiales más extensas de la región. Una comisión especial de personas externas a la institución, examinó antecedentes, patrimonio, desempeño y posibles conexiones delictivas. Miles de policías fueron separados. Sin embargo, el proceso también mostró sus limitaciones: falta de transparencia en algunas decisiones, incorporación apresurada de nuevos agentes e intentos posteriores de retorno de los destituidos.

La enseñanza es clara. Depurar no significa solo retirar personal. Es necesario investigar, respetar el debido proceso, denunciar penalmente los delitos, impedir retornos indebidos y reconstruir los mecanismos de ingreso, formación, ascenso, asignación de destinos y control disciplinario. Colombia optó por una transformación institucional orientada hacia la profesionalización, los derechos humanos, la disciplina y la recuperación de la confianza ciudadana. No fue una purga general, fue una reforma gradual. Fue difícil modificar una cultura policial todavía vinculada a una estructura militarizada.

Pero la experiencia más interesante para el Perú es la de Guatemala. Mediante un acuerdo con la ONU se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CICIG. No reemplazó a las instituciones nacionales, trabajó con fiscales y policías para investigar organizaciones criminales infiltradas en el Estado y fortalecer las capacidades internas de investigación.

La CICIG alcanzó redes de alto nivel y demostró la importancia de una instancia independiente para investigar aquello que las instituciones infiltradas no pueden esclarecer por sí solas. Pero su eficacia generó también la resistencia de los sectores afectados. Después de doce años de funcionamiento, el Gobierno guatemalteco no renovó su mandato, que concluyó en 2019. Su desaparición revela que ninguna comisión técnica sobrevive sin respaldo político, protección jurídica y vigilancia ciudadana.

El Perú podría recoger estas experiencias con la creación de una Comisión Nacional Autónoma de Integridad y Transformación Policial, acompañada por las Naciones Unidas u otra instancia internacional de reconocida independencia. No se trata de entregar la conducción de la seguridad nacional a una organización extranjera, se trata de obtener asistencia técnica, legitimidad y protección frente a las presiones internas. Se trata de que el nuevo gobierno comience a cumplir con el art 44 de la constitución que señala como uno de los deberes primordiales del Estado “proteger a la población de las amenazas contra su seguridad”, es el buen momento de demostrar que hay voluntad política para ello.

Esta comisión debería evaluar patrimonios, antecedentes, desempeño, ascensos, destinos, compras institucionales y unidades especiales expuestas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el tráfico de personas. Tendría que separar con debido proceso a quienes no resulten idóneos, denunciar los indicios delictivos y proteger eficazmente a policías honestos, denunciantes y testigos.

Lo dijimos en el artículo anterior. Esta propuesta se enlaza directamente con la posibilidad de convertir la Declaración de Santiago en un verdadero sistema latinoamericano contra el crimen organizado. La cooperación regional exige policías, fiscalías, sistemas de inteligencia y unidades financieras capaces de intercambiar información sin filtraciones ni complicidades. El Perú podría impulsar ese sistema al comenzar un nuevo gobierno, pero no tendría autoridad para liderarlo si no inicia simultáneamente la recuperación de su propia Policía. La dimensión regional debe apoyarse en instituciones nacionales saneadas.

No basta con perseguir delincuentes en las calles. Hay que identificar sus conexiones financieras, políticas, empresariales y policiales. El desafío consiste en recuperar al Estado desde dentro para defenderlo de quienes lo atacan desde fuera y dejan en dramática desprotección a la sociedad.