Y en el futuro, ¿quién podrá defendernos?

Cuando en clases de derecho constitucional se les enseña a los estudiantes sobre el origen y la justificación del Estado, es común remitirse a los textos de Hobbes, Locke o Rousseau como sus justificantes teóricos. El Estado nace de un “pacto social” para preservar la vida, para proteger los derechos naturales o para tratar de volver a un estado de felicidad o equilibrio entre el individuo y la sociedad. Aunado a ello, se dice que una de las justificaciones del Estado actual es la búsqueda del “bien común” y el “bienestar social”. Se origina, entonces, un arquetipo mental en los jóvenes ciudadanos de que el Estado debe hacerse cargo de garantizar un conjunto de derechos básicos (para algunos solo civiles y políticos, para la gran mayoría, sociales y culturales) que posibiliten la convivencia social, dentro de esos derechos estaría la seguridad y la justicia.

Considero que la teoría contractualista (por más revolucionaria y, en cierta medida, liberal que fue en su momento), no pasa de ser una teoría metafísica y racionalista del Estado, sin apuntar a lo que esta entidad verdaderamente es desde un punto de vista más realista de la ciencia política, la sociología o la antropología: violencia, coacción, institucionalizada. Tan célebre y resumida en la frase de Weber en la que se menciona que el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia.

Soy de las personas que considera que la violencia estatal no es negativa per se, sino que depende de su uso para una catalogación moral: será positiva siempre y cuando prime la ley y haya una justicia célere para sancionar al delincuente. Pero será negativa si, por ejemplo, es usada para generar más coacción tributaria, crear puestos burocráticos inservibles y aumentar la corrupción. En resumidas cuentas, la violencia institucional estatal no es mala por sí misma pero sí es necesaria.

Ahora bien, una de las pocas razones por las cuales existe y tiene legitimidad el Estado es, justamente, la creación de leyes (Congreso) que beneficien a la población, la defensa de estas leyes (Ministerio Público) para mejorar la convivencia, la represión y el combate a la criminalidad (policía) y la sanción y ejecución de actos ilícitos (Poder Judicial). Dentro de estas, deseo centrarme en el caso del combate a la delincuencia y su estado actual en nuestro país.

Como es demasiado evidente (salvo para algunos políticos) la situación del país en cuanto a la delincuencia y criminalidad es crítica, día a día vemos cómo compatriotas y trabajadores del día a día (transportistas, pequeños emprendedores, etc.) son extorsionados o asesinados por delincuentes/enemigos de la sociedad, sin que la policía y fiscalía puedan ser efectivas y reprimirlos o hacer buenas imputaciones. El caso de la institución policial es, a mi juicio, el más dramático.

En teoría, nosotros damos tributos para que el Estado brinde ciertos servicios básicos, siendo uno de ellos la seguridad ciudadana a cargo de la policía, lo cual en este país (en gran parte de las ocasiones) no pasa de la simple escritura. El problema se acrecienta más con la gran corrupción y poca empatía por el ciudadano que reiteradamente ha mostrado la institución policial: basta con ir a colocar una denuncia en, por ejemplo, Comas o Breña para darte cuenta del recurrente trato que uno puede tener y la excesiva demora de los trámites administrativos. Ni qué hablar de ciertos “arreglos” que tienen los efectivos policiales con el ciudadano de a pie ante alguna infracción, o con ciertas organizaciones criminales (véase a “El Monstruo” y la ayuda que le daban ciertos efectivos para que no sea capturado). En resumidas cuentas, es una institución que, por la propia lógica del sistema, por incentivos perversos, por falta de un férreo control y una mala praxis de la ética policial, está en decadencia, siendo nada prometedor su futuro.

Si uno en los noventa veía a un efectivo del orden interno, lo más probable es que lo viera con orgullo y como un agente de ayuda para la pacificación nacional. Treinta años después, producto de todo lo que se comentó arriba, gran parte de la visión ciudadana es que no es un aliado suyo, sino de la delincuencia. A esto debe sumarse el excesivo desprestigio y vilipendio ciudadano por las acciones de ciertos (no todos) agentes policiales en el contexto de protestas (algunas pacíficas, otras no) que acabaron con un uso irrazonable de la fuerza para con los ciudadanos de a pie.

Todo lo mencionado origina que la policía actual sea una institución, en su mayoría, ineficiente y que tenga un desprestigio ciudadano sin precedentes, lo cual, si miramos no a corto, sino a mediano y largo plazo, resulta un peligro latente de cara al sostenimiento del Estado peruano: si uno se ve forzado a pagar tributos para la seguridad ciudadana, pero la institución específica no cumple ese servicio básico, ¿debería seguir tributando por un servicio ineficiente y que empeora mi situación o yo mismo tendría que velar por mi seguridad sin la ayuda del Estado? Esta pregunta no es baladí, pues si se acepta que el Estado tiene el monopolio de la violencia y uno de los motivos de su existencia es defendernos, ¿entonces para qué existe si no va a poder cumplir, mínimamente, esa función?

No digo que el Estado deba desaparecer (como lo dice la posición libertaria), sino que o debe cumplir ciertas funciones básicas encomendadas, o dejar que un ciudadano libremente pueda cumplirlas (flexibilización en la portación de arma, mejora en las leyes de legítima defensa o de eximentes de responsabilidad penal).

En resumidas cuentas, si la policía (por distintos factores), no puede defendernos, uno mismo tendría que hacerlo ante la falta de voluntad o poca eficiencia del Estado. Si en un futuro, la policía no podrá defendernos, deberíamos ir pensando en defendernos nosotros mismos.