¿Y nuestras libertades?

La Constitución peruana contiene los derechos fundamentales de los peruanos y de quienes estén en suelo peruano. Como en toda democracia, en Perú las personas son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos, sin importar su origen, color de piel, sexo, idioma, religión, opinión o condición económica. Todos también tienen derecho a informarse y opinar libremente, a pedir información de cualquier entidad pública (que está obligada a darla) y a elegir libremente o ser elegidos representantes y autoridades.

El 12 de abril de 2026 los peruanos fueron, como siempre, al local de su mesa a votar. Podían votar entre las siete de la mañana y las cinco de la tarde: diez horas. Solo en la ciudad de Lima, donde vota un tercio de los peruanos, el material electoral (cédulas, actas, computadoras, etc.) o no había llegado al local o no estaba listo para atender a los votantes en esas horas. En algunos casos las mesas no abrieron nunca en el día. En muchos otros casos, las mesas abrieron entre la una y las seis de la tarde. 

Desde esa mañana los peruanos se quejaron por el daño que ese servicio público (el de organizar las elecciones) les había causado, al no darse en las horas previstas. Al empezar la tarde, la autoridad de elecciones (JNE) reconoció el daño y extendió por una hora más la votación ese día. Toda esa tarde hubo reclamos masivos, evidencia y registros audiovisuales de los daños. Esa misma tarde, el JNE anunció que extendía las elecciones solo en las mesas de Lima que no abrieron en ningún momento del día, para el día siguiente por ocho horas (de las ocho de la mañana hasta las dos de la tarde). No se dio feriado ni día no laborable, necesario para simular el espacio de un domingo. 

El JNE no tomó ninguna decisión sobre las mesas en las que ese día se reportó y evidenció un retraso en el servicio de entre la una y las seis horas. Eso, pese a que ese retraso redujo incluso a menos de la mitad de horas para votar, y a que al abrir con varias horas de retraso, se había dañado a cientos de miles de votantes que no pudieron esperar en fila todas esas horas. La obligación del votante es presentarse a la mesa a votar ese día en el horario previsto. La obligación del Estado, y específicamente del sistema electoral, es ofrecerles a todos los votantes que se presenten a sus mesas, la oportunidad de votar durante todo el horario previsto. Debe darles el servicio a todos ellos y en todo el horario previsto. 

Doce días después de la elección el sistema electoral no ha resuelto actas con problemas o dudas sobre si debían contarse o no, que contienen más de 820,000 votos para presidente, senadores y diputados. El sistema electoral no explica aún a los ciudadanos el motivo de esa demora. Tampoco ha explicado si tomará alguna decisión sobre el daño a los votantes que no pudieron esperar a que las mesas abrieran entre la una y las seis de la tarde. 

Siguiendo la cifra oficial que el sistema electoral reportó ese mediodía sobre mesas afectadas, los peruanos a los que no se les permitió votar –por tardanza extrema del servicio– serían al menos 100,000 peruanos. Según sean los votos, ese número cambiaría el resultado de las dos elecciones: Presidente y Congreso. Sobre ese daño el sistema electoral no se ha pronunciado.

¿Ese día se cumplió que todos los peruanos son iguales ante la Ley o a miles, pese a ir, no se les dejó votar? ¿Se les dio información precisa sobre todo lo que pasó? ¿Pudieron todos elegir a quienes querían que administren el Estado (presidente) y que los representen (Congreso)? ¿Dónde quedaron sus derechos y libertades? ¿Dónde están las entidades y otros llamados defensores de derechos humanos? ¿O es que escogen cuáles derechos defender, de quiénes y cuándo sí y cuándo no?