Cajamarca: el cobre puede cambiar la economía de la región

Las últimas cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) muestran que la pobreza en el Perú continuó retrocediendo durante 2025. Sin embargo, el 25.7% de la población aún vive en esa condición, y Cajamarca sigue siendo uno de los casos más preocupantes del país. La región acumula 17 años consecutivos entre las de mayor incidencia de pobreza, una situación que contrasta dramáticamente con el enorme potencial minero que alberga su territorio.

La contradicción es evidente. Mientras miles de familias cajamarquinas continúan enfrentando limitaciones en empleo, ingresos y acceso a oportunidades, bajo su suelo se encuentra uno de los corredores cupríferos más importantes del mundo. Proyectos como Conga, Galeno, La Granja, Cañariaco Norte y Michiquillay conforman una cartera minera que supera los US$ 16,000 millones en inversiones y que, de desarrollarse, podría modificar no solo la economía regional, sino también la posición del Perú en el mercado internacional del cobre.

El momento internacional hace que esa oportunidad sea todavía más valiosa. La transición energética, la expansión de los vehículos eléctricos, el desarrollo de la inteligencia artificial, los centros de datos y las energías renovables están impulsando una demanda histórica por minerales críticos, especialmente cobre. En ese escenario, el corredor cuprífero del norte podría aportar alrededor de 1.5 millones de toneladas adicionales de cobre al año, volumen equivalente a cerca del 60% de la producción nacional actual. De haberse ejecutado oportunamente estas inversiones, el Perú habría fortalecido significativamente su liderazgo minero y aumentado sus exportaciones, su recaudación tributaria y la generación de empleo formal.

No obstante, más allá de las cifras de inversión, el verdadero desafío consiste en cambiar la forma en que el país concibe el desarrollo minero. Diversos especialistas reunidos recientemente durante los Premios ProActivo 2026 coincidieron en que el Perú debe abandonar la lógica de impulsar proyectos de manera aislada para avanzar hacia una visión territorial de largo plazo. La propuesta del denominado Corredor Territorial del Norte plantea precisamente utilizar la minería como actividad ancla para articular infraestructura compartida, gestión hídrica, digitalización, agricultura, ganadería y servicios especializados, generando un ecosistema productivo capaz de reducir brechas sociales de manera sostenible.

En ese contexto, Michiquillay sobresale como el proyecto con mayor capacidad para convertirse en el punto de partida de esa transformación. Adjudicado a Southern Perú, contempla una inversión cercana a US$ 2,000 millones y una producción anual estimada de 225,000 toneladas métricas de cobre. Su entrada en operación permitiría incrementar en casi 10% la producción nacional del metal, fortaleciendo la capacidad exportadora del país y generando mayores ingresos fiscales para financiar infraestructura, educación, salud y servicios públicos.

Pero la importancia de Michiquillay trasciende ampliamente sus indicadores productivos. En una región que lleva casi dos décadas atrapada entre los mayores índices de pobreza del país, una inversión de esa magnitud representa una oportunidad concreta para generar miles de empleos directos e indirectos, dinamizar proveedores locales, atraer nuevas inversiones y convertir el enorme potencial geológico de Cajamarca en bienestar para su población. Su ejecución enviaría además una poderosa señal de confianza al mercado, facilitando el destrabe de otros grandes proyectos del corredor cuprífero del norte y favoreciendo la formación de un verdadero clúster minero con infraestructura, servicios especializados y capital humano.

Este enfoque también obliga a replantear uno de los debates más recurrentes en Cajamarca: el agua. Durante el mismo encuentro empresarial, representantes del sector minero recordaron que el problema de la región no radica en la falta del recurso, sino en la insuficiente infraestructura para almacenarlo y administrarlo adecuadamente. Una mejor gestión hídrica permitiría que las inversiones mineras convivan con el fortalecimiento de la agricultura y otras actividades económicas, generando beneficios que permanezcan incluso después del cierre de las operaciones extractivas.

Sin embargo, estas oportunidades siguen enfrentando obstáculos conocidos. La incertidumbre jurídica, la excesiva tramitología, la débil gestión de los conflictos sociales y el avance de la minería ilegal continúan deteriorando la competitividad del país. La paralización de Conga en 2011 marcó un punto de quiebre cuyos efectos todavía condicionan las decisiones de inversión en Cajamarca y en buena parte del sector.

La discusión, por lo tanto, ya no consiste únicamente en producir más cobre. Se trata de decidir si el Perú aprovechará una coyuntura internacional excepcional para convertir sus recursos naturales en empleo, infraestructura y reducción de pobreza, o si continuará dejando inmovilizados miles de millones de dólares en inversiones mientras regiones como Cajamarca permanecen rezagadas. El cobre puede convertirse en el motor que transforme el norte del país, pero ello exige reglas estables, instituciones sólidas y una estrategia territorial que convierta la riqueza mineral en desarrollo sostenible para las próximas generaciones.