Cajamarca y la oportunidad que el Perú sigue postergando

Cajamarca encarna una de las mayores contradicciones del país: es una de las regiones con mayor riqueza minera y, al mismo tiempo, una de las más pobres. Cerca del 45% de su población vive en condición de pobreza, con brechas profundas en servicios básicos, infraestructura y empleo formal. Mientras tanto, bajo su territorio yacen algunos de los yacimientos de cobre más importantes del continente, un recurso clave en la transición energética global.

No se trata de potencial abstracto. En Cajamarca se ubican proyectos de clase mundial como Michiquillay, Conga, Galeno, La Granja y Cañariaco Norte. En conjunto, estos proyectos podrían transformar la estructura económica regional, generar empleo masivo y multiplicar los ingresos fiscales. Sin embargo, más de una década de paralizaciones ha impedido que ese potencial se materialice.

El punto de quiebre fue la suspensión de Conga en 2011. A partir de entonces, la desconfianza entre empresas, comunidades y Estado marcó el rumbo del debate. La falta de acuerdos sostenibles no solo frenó inversiones por miles de millones de dólares, sino que dejó a Cajamarca rezagada frente a otras regiones mineras que sí avanzaron. El resultado está a la vista: bajo crecimiento, migración de jóvenes y economías locales atrapadas en actividades de baja productividad.

El costo de esta inacción no es solo regional. El corredor cuprífero del norte podría aportar alrededor de 1.5 millones de toneladas adicionales de cobre al año. De haberse desarrollado oportunamente, el Perú habría consolidado una posición aún más sólida en el mercado global. En cambio, ha cedido espacio frente a competidores como la República Democrática del Congo. Cada proyecto detenido implica menos canon, menos regalías y menos recursos para cerrar las brechas sociales que hoy persisten.

En este contexto, la construcción de un clúster minero no es una idea teórica, sino una necesidad estratégica. Un clúster implica articular operaciones mineras con proveedores, servicios especializados, centros de formación técnica y gobiernos locales. Supone compartir infraestructura, integrar logística y elevar estándares. En otras palabras, convertir la minería en un motor de desarrollo sostenido y no en un conjunto de enclaves aislados. El referente más cercano es Antofagasta, en el norte de Chile. Allí, la minería no solo impulsa exportaciones, sino que ha creado un ecosistema de servicios, innovación y empleo calificado.

En este escenario, Michiquillay ocupa un lugar central. El proyecto, adjudicado en 2018 a Southern Perú, avanza en su fase preparatoria y se perfila como uno de los desarrollos mineros más relevantes del país. Sus reservas superan los 2,000 millones de toneladas de mineral y contienen un volumen considerable de cobre, oro, plata y molibdeno. La inversión estimada supera los US$ 2,500 millones. La proyección de empleos directos e indirectos es elevada y convertiría a la zona en un nodo económico clave del norte peruano.

El proyecto también destaca por su escala. Michiquillay podría producir alrededor de 225,000 toneladas métricas anuales de cobre y aumentar la presencia peruana en un mercado internacional marcado por la transición energética. La demanda de cobre crecerá con fuerza en los próximos años debido al uso intensivo del metal rojo en vehículos eléctricos, redes de transmisión y energías renovables. Para Cajamarca, esto significa tener un proyecto capaz de sostener ingresos estables y de generar un entorno favorable para nuevas iniciativas productivas.

Si este proyecto avanza, podría destrabar otros hoy paralizados. La lógica del clúster permite reducir costos mediante infraestructura compartida y facilita la formación de capital humano local. En ese escenario, la minería deja de ser una actividad aislada y se convierte en el eje de una economía más diversa y sofisticada. Por supuesto, apostar por un clúster minero exige algo más que inversión: requiere transparencia, cumplimiento ambiental estricto y una distribución tangible de beneficios.

Cajamarca tiene hoy una oportunidad histórica. Puede seguir siendo el símbolo de un potencial desperdiciado o convertirse en el ejemplo de cómo la minería bien gestionada transforma una región. Lo que está en juego no es solo una cartera de proyectos, sino el futuro de cientos de miles de peruanos.