El arándano se ha convertido en una de las expresiones má...
La admisión a trámite, por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA, con sede en Quito), de una demanda contra el Estado peruano por su ineficacia frente a la minería ilegal debería obligar al país a revisar un error devastador que, durante años, ha confundido la formalización de la pequeña minería con la tolerancia frente a actividades abiertamente ilícitas. La minería ilegal se ha convertido en la principal economía ilegal del país, y ya moviliza dos tercios del monto de todas las economías ilegales.
La mencionada demanda, promovida por la Coordinadora de Comunidades Nativas y Campesinas de la Cuenca del Nanay (Conaccunay) y siete ciudadanos de la Amazonía, cuestiona las sucesivas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo, del Ministerio de Energía y Minas) y la eficacia de los mecanismos de extinción de dominio sobre maquinaria e insumos vinculados con la minería ilegal. El Tribunal deberá determinar si el Perú ha incumplido sus obligaciones como miembro de la Comunidad Andina para prevenir, combatir y erradicar esta actividad.
En 2025 la Secretaría General de la Comunidad Andina concluyó que el Perú no había fortalecido sus mecanismos contra la minería ilegal y el lavado de activos, y consideró incompatibles con las obligaciones comunitarias las sucesivas extensiones de los plazos de formalización. Pero desde entonces el Estado no ha corregido el rumbo.
El Reinfo nació con una finalidad legítima: permitir que pequeños mineros informales se incorporaran progresivamente a la legalidad. Pero las reiteradas ampliaciones de los plazos han desnaturalizado ese propósito: lo transitorio se volvió permanente, y esa permanencia genera una peligrosa zona gris entre la informalidad y la ilegalidad. ¿Por qué? Contar con un registro del Reinfo exonera de las responsabilidades penales establecidas en la ley a quienes desarrollen la actividad ilícita.
La formalización no puede ser una licencia indefinida para incumplir la ley, ni un escudo frente a las acciones del Estado contra quienes destruyen bosques, contaminan ríos con mercurio, invaden territorios y financian redes criminales. Y tampoco puede exonerar del brazo de la ley a quienes invaden y asaltan concesiones formales de las empresas que pagan impuestos, preservan el medio ambiente y generan empleo formal.
El avance ya no respeta fronteras geográficas ni tipos de mineral. Mientras la atención pública sigue centrada en el oro de Madre de Dios o de Pataz, la minería ilegal ha penetrado también en el cobre, el otro gran pilar de la economía extractiva peruana. En el Corredor Minero del Sur, donde operan las empresas que producen cerca del 40% del cobre nacional, se movilizan alrededor de 300 camiones diarios con mineral ilegal extraído de concesiones formales. ¿Cómo puede el Perú seguir atrayendo inversión formal si no puede garantizar el control territorial de sus minas formales?
El problema amenaza tanto a la cuenca del Nanay, fuente de agua para Iquitos, como a los minas de cobre del sur y a las empresas formales que trabajan en la provincia de Pataz. Se considera que hay más de siete regiones afectadas por la minería ilegal. Allí donde el Estado retrocede, avanzan las economías ilegales y el crimen organizado. Por eso, la lucha contra la minería ilegal debe entenderse como una política de Estado y no como una sucesión de decisiones coyunturales bajo presión política.
La demanda de las comunidades de la cuenca del río Nanay revela, además, una debilidad estructural: que las comunidades amazónicas deban recurrir a una instancia supranacional para exigir que el Estado cumpla sus compromisos es una señal preocupante. La defensa de la legalidad no debería depender de que los organismos internacionales obliguen al Perú a hacer lo que sus propias autoridades están llamadas a realizar.
El Gobierno tiene ahora 40 días para responder ante el TJCA. Pero la respuesta que el país necesita no es solo jurídica, sino política: una que reconozca los errores acumulados, distinga entre minería informal susceptible de formalización y minería ilegal vinculada a delitos ambientales, lavado de activos y crimen organizado.
El caso puede convertirse en una oportunidad en la medida que el 28 de julio empezará una nueva administración. Si el Perú corrige sus políticas marcará un punto de inflexión. Si responde con nuevas prórrogas, confirmará que la minería ilegal no solo crece por quienes operan al margen de la ley, sino por la incapacidad del Estado para enfrentarla. Un Estado que tolera la ilegalidad termina debilitando el sistema de propiedad, destruyendo el medio ambiente y erosionando su propia autoridad. El Perú no puede darse ese lujo.
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