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En una entrevista concedida a este portal el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, ha informado que el Ejecutivo ha decidido que las plantas de beneficio de minerales -que procesan el mineral de terceros- pasen a ser fiscalizados de acuerdo con el régimen general, tal como sucede con cualquier empresa de la minería moderna.
Vale recordar que las plantas de beneficio en la actualidad son fiscalizadas por los gobiernos regionales y la mayoría de ellas pertenece al régimen general de la pequeña minería porque declaran procesar hasta 350 toneladas métricas de mineral por día. Sin embargo, vale señalar que un pequeño sector de estas plantas suele trabajar con mineral vinculado a la minería ilegal, sin trazabilidad establecida.
Por ejemplo, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), durante el primer semestre de este año el oro ilegal exportado superó en 8.7% al oro de origen legal. ¿Cómo se explica este fenómeno? ¿Acaso en el Perú ya no existe un sistema de propiedad en minería de acuerdo con la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales?
La única explicación: un pequeño sector de plantas estaría procesando el mineral sin trazabilidad y he allí la explicación del impresionante crecimiento de las exportaciones de oro ilegal. No hay otra explicación posible. En ese sentido, el Ejecutivo ha anunciado que las plantas que procesan desde 25 toneladas de mineral por día pasarán a ser fiscalizadas por el régimen general. Es una medida absolutamente apropiada y necesaria.
Algo más. En una entrevista en este portal el empresario minero Raúl Benavides Ganoza ha informado que en el Perú existen más de 2,000 plantas de beneficio en las diversas regiones del país, una cifra que revela el alto nivel de informalidad, una situación que favorece al avance de la minería ilegal.
¿Por qué alguien se opondría a que las plantas de beneficio pasen el régimen general de fiscalización? Con la decisión del Ejecutivo las plantas de beneficio –al igual que cualquier empresa minera formal– estarán fiscalizadas y bajo la vigilancia de la OEFA del ministerio de Ambiente, de la Sunat del sector Economía, de la Sunafil del despacho de Trabajo, de la Sucamec del ministerio del Interior, de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y Minas, de Serfor, de la Autoridad Nacional del Agua, entre otros.
La propuesta de Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE) que promueve el Ejecutivo, a nuestro entender, tendrá la oposición del radicalismo extremista en la cámara de Diputados que apuntará a prolongar indefinidamente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del sector Energía y Minas, un registro transitorio que se convirtió en permanente porque exonera de las responsabilidades de minería ilegal a los que mantienen su inscripción.
En este contexto, el Ejecutivo debería promulgar un decreto de urgencia estableciendo el control de las plantas de beneficio a través del régimen general. En cualquier caso, una decisión que representaría un duro golpe al mineral ilegal que se procesa y suele ser exportado al exterior.
















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