Carlos Hakansson

El neopresidencialismo y sus fundamentos

Ante la falta de una efectiva división territorial del poder

El neopresidencialismo y sus fundamentos
Carlos Hakansson
17 de noviembre del 2026

 

​El concepto de "neopresidencialismo" no solo es un ejercicio académico, es la descripción del régimen político que establece las reglas jurídico-políticas de nuestra vida republicana.

​Para comprenderlo, es necesario remontarse a la Constitución de 1828 que consolidó nuestra emancipación bajo tres pilares fundacionales: la forma de gobierno republicana, el Estado unitario y un régimen presidencial. A diferencia de los modelos federales —donde el contrapeso al poder central nace de autonomías territoriales fuertes—, el régimen presidencial peruano configuró un modelo sin una efectiva división territorial del poder.

La Constitución de 1860 fue la que innovó nuestra forma de gobierno tras introducir un presidente del Consejo de Ministros (primus inter pares), que también puede ser interpelado por el Congreso para enfrentar su continua descarga fiscalizadora y ralentizar el desgaste presidencial. Sobre una estructura unitaria se erigió la figura de un jefe de Estado y de Gobierno dotado de atribuciones extraordinarias que desbordan el molde de una tajante separación de poderes. En nuestro régimen, el presidente no es un mero administrador, cuenta con herramientas político-jurídicas de enorme alcance; por ejemplo, tiene iniciativa legal, incluso para presentar proyectos de reforma constitucional, facultad para demandar la inconstitucionalidad de una ley, potestad para convocar a referéndum y capacidad para prolongar un estado de emergencia sin requerir autorización previa del Congreso. A ello se suma la prerrogativa más gravitante de todo su arsenal: la disolución de la Cámara de Diputados cuando se configuran las condiciones previstas en el artículo 134 de la Constitución de 1993.

El rasgo que termina de definir al neopresidencialismo no es el conjunto de instituciones parlamentaristas incorporadas entre las constituciones de 1860 a 1993, sino un aforo presidencial temporal. Se trata de un blindaje diseñado para asegurar la continuidad del mandatario y aislarlo de la diaria crispación política. Un escudo que opera mediante varios filtros. En primer lugar, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) actúa como un fusible político que absorbe el desgaste de la fiscalización parlamentaria. En segundo término, el jefe de Estado carece de responsabilidad política directa y todo acto presidencial es nulo sin la respectiva refrendación ministerial.

​Durante el ejercicio de su mandato, el jefe de Estado goza de una estricta inmunidad: solo puede ser acusado por infracciones constitucionales de carácter terminal, como traición a la patria, impedir las elecciones generales, obstruir el funcionamiento de los organismos electorales o disolver la Cámara de Diputados sin que se haya censurado o negado la confianza a dos gabinetes.​

La historia política reciente nos ofrece la razón de este blindaje. Cuando un presidente gobierna sin mayoría propia —o sin una bancada parlamentaria que lo respalde— y la vacancia presidencial queda al alcance de la oposición, el sistema colapsa. La sucesión de nueve presidentes en diez años (2016-2026) mostró que, sin reglas claras de equilibrio y contención, la presidencia quedará expuesta a una precariedad institucional. Por eso, el procedimiento de vacancia tuvo que reformularse a través del retorno a la bicameralidad. En suma, nuestro neopresidencialismo reposa en dos pilares: (1) un mandatario revestido de poderes excepcionales dentro de un Estado unitario, (2) resguardado por un aforo temporal para evitar que la fricción entre poderes o "choque de trenes" devore la gobernabilidad del país.

La pregunta que nos queda abierta es si una forma de gobierno puede sostenerse únicamente a través de un conjunto de blindajes jurídicos mientras persista la debilidad estructural de los partidos políticos, la fragmentación extrema del Congreso y la desafección política de la ciudadanía. En otras palabras, el diseño jurídico-político importa, pero ante una crisis sin partidos orgánicos y una cultura de mínimos acuerdos democráticos, cualquier forma de gobierno podría llegar a naufragar.

 

Carlos Hakansson
17 de noviembre del 2026

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