Neopresidencialismo y Congreso bicameral

El ejercicio de la política en una comunidad está condicionado por las reglas que rigen en su forma de gobierno; en ese sentido, frente a las tensiones entre el gobierno y los representantes parlamentarios importa analizar los primeros pasos del bicameralismo. El punto de partida es nuestra forma de gobierno, que dista de ser un régimen presidencial clásico. Se trata de un modelo cuya separación de poderes horizontal es menos tajante y que carece de una efectiva división territorial del poder, centraliza la toma de decisiones y otorga al jefe de Estado un conjunto de atribuciones extraordinarias y ajenas al modelo estadounidense: la legitimidad activa para iniciar los procesos de inconstitucionalidad, la facultad para impulsar reformas constitucionales, la potestad de disolver la Cámara de Diputados cumplidas las condiciones y la prolonga de los estados de emergencia sin requerir autorización congresal. 

Al conjunto de atribuciones presidenciales se suma un blindaje y aforo temporal diseñado para garantizar la protección y continuidad de su mandato de gobierno. En primer lugar, la Presidencia del Consejo de Ministros es un escudo frente a la diaria dinámica política y crispación entre poderes. El jefe de Estado es irresponsable político, todo acto presidencial es nulo si carece de refrendación ministerial. Durante su mandato solo puede ser acusado por infracciones tan puntuales como terminales dada su gravedad institucional: impedir las elecciones generales, obstruir el trabajo de los organismos electorales, disolver la Cámara de Diputados de modo arbitrario, o incurrir en un acto de traición a la patria.

Frente a esto, cabe preguntarse si era necesario todo este blindaje. La historia reciente nos muestra que sí, pero todavía se corren riesgos cuando el gobierno carece de mayoría parlamentaria y la vacancia presidencial está al alcance de un Congreso opositor. Una coyuntura que desencadenó la inestabilidad que nos condujo a la sucesión de nueve presidencias consecutivas en diez años (2016-2026).

En este escenario, el retorno al bicameralismo trajo consigo otras reformas como fue la recuperación de la reelección parlamentaria inmediata, la eliminación de la cuestión de confianza obligatoria para la PCM, la posibilidad de que el candidato presidencial pueda postular a diputado o senador, y la delimitación de funciones donde los diputados tienen la iniciativa legislativa y los senadores la competencia revisora. No obstante, el debut de la bicameralidad enfrenta problemas. Si bien se logró detener la iniciativa legislativa populista, surge la tentación de convertir al Senado en una mesa de partes y se ha dejado de dar uso a las denominadas conferencias entre cámaras para alcanzar acuerdos en los proyectos en revisión. 

La falta de entendimiento entre cámaras no es producto de un mal diseño reglamentario, sino de levantar sucesivas banderas antipolíticas que afectan su operatividad. Para superarlo, los senadores pueden adelantar su parecer respecto a futuros proyectos que presentará la Cámara baja. Por otro lado, a pedido del Senado, los diputados podrían pasar como suyas las iniciativas de ley de la Cámara alta. El desafío del Senado es lograr reivindicar su calidad de cámara de representación territorial, de momento con treinta senadores que provienen de las regiones y actuar de acuerdo con esa condición, sin quedar reducida a una cámara revisora.