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Durante los últimos meses, el Gobierno declaró de interés nacional la construcción de un puerto espacial en cooperación con la NASA, una iniciativa que busca incorporar al Perú a la industria aeroespacial, uno de los sectores más dinámicos de la denominada IV Revolución Industrial. Sin embargo, antes de pensar en convertir al país en un centro regional para el lanzamiento de misiones espaciales, conviene resolver una contradicción evidente: el Perú todavía depende casi por completo de satélites extranjeros para sostener buena parte de sus comunicaciones. Resulta difícil hablar de una política aeroespacial seria cuando el Estado continúa alquilando una infraestructura que podría desarrollar por cuenta propia.
Las cifras muestran que el problema ya no es únicamente tecnológico, sino económico y estratégico. En 2020, el Estado peruano destinó aproximadamente US$ 21.7 millones a la contratación de servicios satelitales para 45 entidades públicas. En 2021 ese gasto aumentó a US$ 34.9 millones, mientras que en 2023 superó los US$ 54 millones. Si esta tendencia continúa, durante los próximos quince años el país habrá desembolsado alrededor de US$ 325 millones, una suma suficiente para financiar un moderno satélite de telecomunicaciones de alta capacidad (HTS), incluyendo la infraestructura terrestre necesaria para su operación.
El verdadero problema, sin embargo, no reside únicamente en el monto desembolsado. Lo preocupante es que estos recursos se ejecutan de manera completamente fragmentada. Cada ministerio, organismo público o entidad estatal negocia individualmente sus contratos de conectividad satelital, desperdiciando economías de escala y renunciando a construir un activo estratégico para el país. En lugar de invertir en infraestructura nacional, el Perú financia permanentemente sistemas extranjeros, consolidando una dependencia tecnológica que cada año resulta más costosa.
Diversos especialistas sostienen, incluso, que un satélite nacional podría recuperar su inversión en un plazo cercano a tres años, gracias al ahorro derivado de sustituir los contratos actuales y a la posibilidad de comercializar la capacidad excedente entre operadores privados y empresas de telecomunicaciones. Es decir, no se trataría simplemente de un gasto público adicional, sino de una infraestructura capaz de generar retornos económicos mientras fortalece la conectividad nacional.
La necesidad de un satélite propio adquiere todavía mayor relevancia cuando se observa la geografía peruana. A pesar de las inversiones realizadas en la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica y en programas como Conecta Selva, más de 16,000 localidades rurales continúan sin acceso estable a internet. En departamentos como Loreto, Ucayali, Madre de Dios o Amazonas, la complejidad del territorio hace extremadamente costoso extender redes terrestres convencionales. En esos casos, la conectividad satelital deja de ser una alternativa para convertirse en la única solución técnica viable.
Las consecuencias de esta brecha digital trascienden ampliamente el ámbito tecnológico. Miles de estudiantes siguen sin acceso permanente a plataformas educativas; numerosos establecimientos de salud no pueden desarrollar programas estables de telemedicina; pequeños productores rurales permanecen excluidos del comercio electrónico, de los servicios financieros digitales y de nuevas oportunidades de negocio. En una economía cada vez más sustentada en el conocimiento, la conectividad constituye una condición indispensable para acceder a educación, salud, productividad e inclusión financiera.
A ello se suma un componente estratégico que suele recibir poca atención. El Perú enfrenta periódicamente terremotos, inundaciones, huaicos y deslizamientos que destruyen carreteras, puentes y redes convencionales de telecomunicaciones. En esos escenarios, un satélite nacional permitiría mantener operativas las comunicaciones de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, hospitales, bomberos, organismos de defensa civil y equipos de rescate. En otras palabras, no se trata únicamente de mejorar el acceso a internet, sino de dotar al Estado de una infraestructura crítica capaz de garantizar la continuidad operativa durante las emergencias.
La experiencia internacional demuestra que esta decisión está lejos de ser excepcional. Argentina desarrolló la serie satelital ARSAT; Bolivia puso en órbita el satélite Túpac Katari; y Brasil fortaleció sus capacidades de telecomunicaciones espaciales para reducir su dependencia tecnológica. Ninguno de estos países concibió sus satélites únicamente como proyectos científicos. Todos los entendieron como infraestructura estratégica para fortalecer la competitividad, ampliar la cobertura digital y consolidar su soberanía tecnológica.
En el caso peruano, además, un satélite permitiría integrar de manera eficiente la infraestructura ya existente. La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, las redes regionales, los proyectos amazónicos y la futura cobertura satelital podrían conformar un verdadero sistema nacional de telecomunicaciones, evitando duplicidades, reduciendo costos y ampliando significativamente la cobertura. La ausencia de una planificación integral explica, precisamente, por qué importantes inversiones públicas no han alcanzado los resultados esperados.
Esta discusión también debe entenderse desde una perspectiva de competitividad. Así como el país necesita carreteras, puertos, aeropuertos, proyectos de irrigación o grandes corredores logísticos para impulsar el crecimiento económico, también requiere infraestructura digital propia. En un contexto en el que la inteligencia artificial, los centros de datos, la automatización industrial y la economía digital transforman la producción mundial, depender completamente de infraestructura extranjera constituye una vulnerabilidad estratégica que el Perú ya no puede seguir postergando.
El país cuenta con instituciones especializadas, experiencia aeroespacial acumulada, demanda pública suficiente y una necesidad objetiva de conectividad que justifica plenamente un proyecto de esta magnitud. Lo que falta es una decisión política que transforme el gasto recurrente en inversión estratégica. Continuar pagando decenas de millones de dólares al año por servicios satelitales extranjeros significa seguir financiando infraestructura ajena mientras se posterga una herramienta que podría fortalecer la seguridad nacional, cerrar brechas sociales y elevar la competitividad del Perú.
La soberanía tecnológica no comienza con un puerto espacial. Comienza con la capacidad de controlar la infraestructura que sostiene las comunicaciones del propio Estado. En el siglo XXI, un satélite nacional de telecomunicaciones debe ser considerado una política de desarrollo y una prioridad de Estado.
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