Los peligros de la minería ilegal en la Amazonía

La minería es, junto con el turismo y las agroexportaciones, uno de los tres grandes motores capaces de conducir al Perú hacia un desarrollo pleno. En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron los US$ 62,848 millones, un crecimiento de 27.2% respecto de 2024, representaron el 67.5% del valor total exportado y aportaron más de S/ 24,000 millones en tributos. Dentro de este desempeño, el oro tuvo un papel fundamental: las exportaciones auríferas llegaron a US$ 23,244 millones, 48.8% más que el año anterior, convirtiéndose en el segundo principal producto de exportación minera después del cobre y representando el 25% del valor total exportado. Por ello, lo que ocurre con este mineral en la Amazonía no es un problema ambiental periférico, sino una amenaza directa contra una actividad estratégica para la economía nacional.

El contexto internacional explica la creciente presión sobre los territorios amazónicos. En 2026, la onza troy de oro se mantiene alrededor de los US$ 5,000, después de haber alcanzado picos cercanos a los US$ 6,000 en enero. La incertidumbre geopolítica, la inflación y la volatilidad financiera han convertido al oro en un activo refugio, elevando su demanda. En estas condiciones, cada gramo del mineral que permanece bajo tierra adquiere un valor extraordinario y alimenta la expansión de organizaciones dispuestas a extraerlo al margen de la ley.

La minería ilegal se ha convertido así en una verdadera maquinaria industrial ilícita. En la Amazonía, las dragas fluviales remueven los lechos de los ríos para extraer sedimentos auríferos y utilizan mercurio para separar el metal. Según el Observatorio de Minería Ilegal, la actividad se extiende por nueve regiones amazónicas. En Madre de Dios, epicentro histórico, el número de dragas en La Pampa pasó de 140 en 2021 a 1,613 en 2025, con unos 6,400 mineros ilegales. En Loreto se registraron 688 dragas activas durante 2025, con picos de 42 en un solo día en el río Nanay, fuente de agua para comunidades indígenas y para Iquitos.

Las consecuencias son devastadoras. La deforestación acumulada por la minería ilegal alcanza 139,169 hectáreas en la Amazonía peruana, de las cuales el 97.5% corresponde a Madre de Dios. Solo desde 2024 fueron destruidas más de 11,500 hectáreas adicionales. A ello se suma la contaminación por mercurio: el río Madre de Dios y sus afluentes transportan hasta 12 toneladas anuales de este metal, que termina incorporándose a la cadena alimenticia. Los peces carnívoros consumidos por comunidades indígenas pueden contener hasta tres veces el límite seguro establecido por la OMS, mientras que en comunidades como Maizal se han detectado niveles de mercurio hasta 12 veces superiores a los recomendados.

El costo económico tampoco es menor. Solo en las comunidades nativas de San José de Karene, Puerto Luz y Barranco Chico, en Madre de Dios, la deforestación, la contaminación y la sedimentación vinculadas a la extracción ilegal de oro generaron pérdidas estimadas en más de US$ 593 millones entre 2022 y agosto de 2023. Detrás de cada hectárea destruida hay pesca perdida, agricultura desplazada, turismo frustrado y servicios ambientales que dejan de sostener las economías locales.

Pero el problema tiene una dimensión todavía más profunda: la minería ilegal amenaza el Estado de derecho. Cuando organizaciones criminales ocupan territorios, explotan recursos sin autorización y establecen sus propias redes económicas y políticas, el Estado pierde progresivamente su capacidad de hacer cumplir la ley. La tolerancia frente a estas actividades termina erosionando las instituciones y puede generar espacios de financiamiento para redes políticas y criminales.

Al mismo tiempo, la minería ilegal destruye el sistema de propiedad minera consagrado en la Constitución y las leyes nacionales. Si una concesión legalmente otorgada deja de estar protegida porque grupos armados o mafias pueden ocuparla y explotar sus recursos, se envía una señal devastadora a la inversión privada: los derechos de propiedad dejan de estar garantizados.

Por eso, recuperar la Amazonía exige mucho más que operativos aislados. Las zonas liberadas deben contar con presencia permanente del Estado mediante puestos de control multisectoriales que impidan su reocupación. La Policía Nacional debe desarticular las cadenas logísticas y financieras de estas organizaciones, mientras el Ministerio Público y el Poder Judicial deben acelerar las investigaciones y sancionar a quienes sostienen esta economía criminal. Al mismo tiempo, se requieren programas de recuperación ambiental y desarrollo sostenible que permitan ofrecer alternativas económicas a las poblaciones locales.

El Perú no puede aceptar que territorios enteros queden al margen de la ley mientras una actividad minera formal genera exportaciones, empleo y tributos para financiar el desarrollo nacional. Defender la Amazonía significa también defender la propiedad, la inversión, las instituciones y la autoridad del Estado. La lucha contra la minería ilegal, por ello, no es solamente una batalla ambiental: es una tarea fundamental para preservar el Estado de derecho y recuperar el control territorial del país.